Los obispos de Canarias, José Mazuelos en Las Palmas y Bernardo Álvarez en Tenerife, ponen el foco, a través de un comunicado, en la situación de los menores migrantes extutelados en las Islas. A día de hoy, son 2.235 los que viven bajo la tutela de la Comunidad Autónoma. Al llegar, debido la imposibilidad para saber su fecha de nacimiento por la falta de documentos identificativos, a muchos de ellos se les pone como fecha de cumpleaños el primer día del año. Por este motivo, el próximo 1 de enero, de cara a la administración, serán alrededor de 1.000 los menores extranjeros que alcancen los 18 años y dejen de estar bajo tutela.
Cuando un menor que está bajo tutela guberbamental alcanza la mayoría de edad, los procedimientos más habituales suelen incluir que tengan que volver a casa de sus padres —donde se entiende que hay una situación delicada por la que el progenitor o los progenitores perdieron la custodia de su hijo— o que vayan a un piso tutelado, donde puedan tener más autonomía personal. En el caso de los niños que vienen de otros países, la primera no es una opción para ellos, ya que en muchos casos han llegado a las Islas solos. En Gran Canaria hay hogares, como los de la fundación Mensajeros de la Paz, en los que se acoge, junto a otros menores canarios en situación de vulnerabilidad, a niños procedentes de países como Malí o Senegal. Pero no es el caso de la mayoría.
Como explica la directora del Secretariado Diocesano de Pastoral de Migraciones, María Dolores López Pérez, «la realidad de los chicos extutelados es que están sin documentación y sin preparación suficiente y se quedan en la calle, en desamparo. Hay que ayudar a estas personas en su proyecto migratorio. Porque en la Península puedes ir de un lado a otro pero aquí las Islas se convierten en cárceles de las que no pueden salir por la falta de documentación. Cuando son extutelados, no tienen protección».
Ante esta situación, los obispos han apelado a todas las administraciones a buscar una solución: «Les pusieron fecha de nacimiento el 1 de enero de 2004, con lo cual, el 1 de enero de 2023 ya tienen mayoría de edad, y por tanto, dejan de estar tutelados por la administración», ha explicado el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, este jueves en un encuentro con los medios de comunicación, en el marco de la Asamblea Plenaria. El resto de obispos españoles también se han sumado a la nota para pedir al resto de gobiernos autonómicos que pongan los medios necesarios para retomar las derivaciones de jóvenes migrantes extutelados a programas de inserción en otras comunidades autónomas.
«La Iglesia es subsidiaria, es la administración la que tiene que dar respuesta. El Gobierno de Canarias está siendo ejemplar y el Cabildo de Gran Canaria nos está dando ayudas. Alzamos la voz con esta nota para ver si la administración se conciencia. No podemos estar lanzando a jóvenes a la calle. Luego dirán que son delincuentes. No, cuando se les prepara, son maravillosos. Eso es lo que tenemos promover, no un almacenamiento”, subrayó José Mazuelos.
En su comunicado, ambos obispos también han querido apelar a la solidaridad que se ha mostrado con el pueblo ucraniano ante la guerra con Rusia. La rapidez para tramitar los documentos de niños y niñas ucranianos, alojarlos y conseguir que comiencen a integrarse en la sociedad de los países que los reciben como España, que ha acogido a más de 3.500, demuestra que cuando se quiere y se juntan esfuerzos, se puede.
Acuerdo sobre la mesa
Desde la Dirección General de Protección a la Infancia y a la familia del Gobierno de Canarias, su directora, Iratxe Serrano, señala, pese a la alerta lanzada por los obispos, que esto no significa que estos 1.000 niños vayan a acabar en la calle, «van a salir tantos como han ido saliendo a lo largo de 2021 y 2022. Es verdad que hay una dificultad importante con los recursos disponibles para las personas extuteladas y, por lo tanto, cualquier ayuda, porque no es la primera vez que la Conferencia Episcopal muestra esa voluntad de poder abrir esos corredores hospitalarios, es bienvenida. De hecho, es necesario que arrimen el hombro y por supuesto la Comunidad Autónoma espera con ganas esa ayuda que pueda venir de la Iglesia».
El pasado mes de julio, el Gobierno canario firmaba, junto al Gobierno estatal y los gobiernos de Ceuta y Melilla, un acuerdo para trasladar a 700 jóvenes migrantes desde las Islas y las ciudades autónomas a otras comunidades de la geografía española.
El presidente canario, Ángel Víctor Torres, agradeció al Gobierno nacional su colaboración y su aporte en los presupuestos generales de 50 millones de euros para la atención de estos niños y niñas que vienen solos, desde otros países, al Archipiélago. La idea es que este traslado se realice en dos tramos: 340 jóvenes en 2022 y 374 en 2023, con la condición de realizar una entrevista individual antes de cualquier derivación y de que el menor que va a viajar a otra comunidad exprese por escrito su acuerdo y conformidad para dicho traslado.
Salvamento Marítimo rescató en la madrugada de ayer una patera con 45 personas al sureste de Gran Canaria. Tras la localización de la neumática, los migrantes fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, en Mogán. Es la segunda ‘llegada’ a la Isla en noviembre después de que en los últimos meses la mayoría de las embarcaciones se poniendo el rumbo a Lanzarote.|
