La fiscal de Extranjería y ONG creen que la ‘Ley de Trata’ aún tiene cosas por pulir

El año pasado fueron liberadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil 1.056 personas de redes de trata y por delitos de explotación sexual o laboral, entre las que había menores. Según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Cicto) del Ministerio del Interior, de la cifra global, 187 perjudicadas fueron extorsionadas por redes de tráfico ilícito de seres humanos, que lograron introducirlas en España para lucrarse con su explotación sexual o laboral. Las 869 mujeres restantes eran también sometidas a explotación sexual o laboral, aunque no se pudo confirmar que hubiesen llegado a esa situación por la intervención de alguna organización criminal.

El Gobierno del Estado, a través de los ministerios de Justicia e Igualdad, prevé llevar al Parlamento la Ley Integral contra la Trata, en la que se contemplan medidas como penalizar a los clientes de prostitución con penas de prisión o, por ejemplo, ayudar a las víctimas con la concesión de la nacionalidad española o el ingreso mínimo vital tras salir del sistema prostitucional.

Carolina Barrio, y Esther Torrado, profesora de Sociología de la Universidad de La Universidad de la Laguna (ULL) y experta en violencia sexual, coinciden en que poner penalizaciones o abolir el consumo de prostitución son vías para, de forma progresiva, acabar con la trata.

Torrado manifiesta que, en relación a la propuesta de ley, todas las medidas que frenen el proxenetismo y reduzcan la demanda de esta actividad «bienvenidas sean». Recuerda que la prostitución afecta, de forma mayoritaria, a mujeres y niñas; «y no hay trata sin demanda prostitucional». Para esta investigadora, estas acciones se tenían que haber tomado antes.

"Asociaciones feministas, académicas y profesionales defienden un modelo abolicionista, como el de Suecia"

En cualquier caso, para dicha profesora de la ULL, la normativa que se prevé llevar al Parlamento «no es suficiente» y estima que «hay que hacer una ley integral para abolir el sistema prostitucional». En esa línea, cita el anteproyecto de la LOAPS (Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional), defendido por asociaciones feministas, académicas y profesionales, que plantea medidas integrales como las de Suecia, Noruega o Francia, por ejemplo.

Opina Esther Torrado que, con la llamada Ley de Trata que se prevé llevar al Parlamento, se da cierta idea de que la trata sexual es independiente de la prostitución, cuando se sabe que «la trata es el surtidor del sistema prostitucional». La profesora está convencida de que si el sistema prostitucional se pudiera cubrir con mujeres españolas, no se acudiría a la captación de menores o jóvenes vulnerables en otros países para su explotación sexual en España.

A la hora de ayudar a las víctimas, cree Torrado que se debe ir más allá de la obtención del permiso de residencia o la nacionalidad, así como el ingreso mínimo vital; es decir, ofrecer «más alternativas a las mujeres supervivientes, pues, por ejemplo, no todas las afectadas son extranjeras». Señala que esas opciones deben ser de empleo, habitacionales y, sobre todo, de apoyo psicológico, en la medida que han pasado por episodios de violencia sexual. Defiende la importancia de que el Código Penal penalice a quien se lucre con la industria del proxenetismo.

«En una sociedad donde tenemos libertad para relacionarnos de forma igualitaria», apunta Torrado, «resulta bastante triste que los hombres, y cada vez más jóvenes, acudan a la prostitución». A juicio de la docente, esto significa que algunos varones tienen una concepción sexista de las mujeres, a las que consideran mercancía o cosas, y han perdido el vínculo empático con ellas, cuando la mayoría de estas permanecen en la prostitución «por la fuerza de la necesidad o de la coacción».

Según las últimas estadísticas, España es el primer país europeo en consumo de prostitución y el tercero a nivel mundial. Según un estudio de 2016 y 2017, se estima que en Canarias puede haber unas 3.000 mujeres que ejercen la prostitución, «pero creemos que existen más, aunque, evidentemente, no hay censos», apunta la profesora de Sociología de la ULL. En la actualidad no hay un perfil de demandante: los hay de todas las edades, profesiones, nacionalidades e ideologías. Lo que sí hay es un perfil concreto de víctimas de explotación sexual, es decir, mujeres mayoritariamente jóvenes en situación de vulnerabilidad, indica Torrado.

"No se debe confundir la prostitución, que ejercen mujeres de forma voluntaria y libre, con la trata, donde las víctimas son explotadas sexualmente a la fuerza"

La fiscal Carolina Barrio afirma que «no se debe mezclar la trata y la prostitución, porque son dos cosas distintas». Indica que una prostituta es aquella mujer que, libre y voluntariamente, decide ejercer tal actividad y que esta sea su medio de vida. Y la víctima de trata con fines de explotación sexual es aquella mujer que es obligada o forzada a ejercer la prostitución y a entregar las ganancias a la red; es decir, no hay nada de voluntario en este otro concepto.

Para la representante del Ministerio Público, existe trata con fines de explotación sexual, pero también laboral, de la mendicidad, para perpetrar actos delictivos, para contraer matrimonio o para el tráfico de órganos. En todas esas circunstancias, las personas sufren violencia, intimidación, abuso de superioridad o engaño, por ejemplo. Barrio admite que, en base a los planteamientos realizados por ongs especializadas que trabajan con víctimas de trata, la futura Ley todavía tiene «muchas cosas que pulir». Existe un informe de la Red Española contra la Trata, del Proyecto Esperanza, una plataforma que aglutina a 33 entidades de dicho sector. Sobre la futura normativa, considera el documento que debe contemplar «todas las finalidades de la trata», es decir, la sexual, la laboral, los trabajos forzosos, el tráfico de órganos, las actividades delictivas o el matrimonio forzado, ya citadas antes. Apuesta por tener en cuenta el conjunto de actividades, pero también a todas las personas, con independencia de que sean hombres o mujeres. Barrio recuerda que la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres, pero también hay varones, explotados, sobre todo, en el ámbito laboral.

Barrio defiende que haya recursos de acogida especializados para víctimas de trata, así como que la persona afectada se sienta segura y logre confiar en la Policía, los jueces, los fiscales y las ongs. Aclara que a dichas personas se les debe ofrecer formación, para que tengan opción de reorganizar su futuro, tener un trabajo e integrarse en la sociedad. Una de las entidades que ofrece apoyo es Apramp, que tiene varios centros en la Península. Además de dar acogida a las afectadas, las forman y mantienen convenios con empresas para facilitar su inserción laboral. Uno de sus objetivos consiste en impedir que las personas perjudicadas vuelvan a caer en las redes de explotación. Y algunas víctimas también son preparadas para que actúen como mediadoras o trabajadoras sociales con quienes acaban de llegar a este recurso asistencial.

La fiscal recuerda que, frente a lo que se suele pensar, no es nada sencillo desmantelar una organización de trata de seres humanos, entre otras cosas porque las víctimas, salvo en casos muy excepcionales, no se atreven a denunciar y, aunque haya una investigación, cuesta mucho que declaren contra quienes las explotan, «porque tienen mucho miedo, a lo que les pueda pasar a ellas y a sus familiares en sus países de origen».

Opina que el incremento de controles sobre los consumidores de prostitución es una forma de limitar el negocio de la trata. Pero advierte de que este es un asunto muy complejo y que también existen mujeres que quieren ejercerla de forma voluntaria y lo que piden es que se regule su actividad, como ocurre en Holanda, para tener garantías y derechos.

En España, la actividad de la prostitución es delito si la misma se ejerce en «condiciones muy severas» (jornadas de trabajo muy largas en clubs o multas por no cumplir determinadas acciones). Barrio resalta que en la actualidad la sociedad está mucho más concienciada que hace cinco o seis años atrás sobre el problema de la trata de seres humanos y rechaza este fenómeno. Y ahí destaca la labor de la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado.