La plataforma Queremos Movernos celebró este sábado, 5 de noviembre, una manifestación por varias de las calles más céntricas de Santa Cruz de Tenerife para reclamar que muy poco, o casi nada, han trabajado las administraciones públicas para cumplir las leyes que defienden los derechos de las personas discapacitadas en las últimas décadas. Hace once años que comenzó esta marcha por la capital tinerfeña, pero, en palabras de la presidenta del colectivo organizador, Ana Mengíbar, el manifiesto de la primera edición sigue teniendo plena vigencia, porque «hay una desatención absoluta y el Gobierno de Canarias incumple la Ley en todas las instancias».
Alrededor de un centenar de personas iniciaron el recorrido en la plaza de Weyler, continuaron por las calles Méndez Núñez, El Pilar, Valentín Sanz y del Castillo, para finalizar en la plaza de La Candelaria. El acto contó con la animación ofrecida por la actriz Alicia Rodríguez y las murgas Diablos Locos, al inicio del recorrido; Mamelones, en el Parque García Sanabria, así como Mamelucos al final de la marcha. Según Mengíbar, en los últimos años se ha prestado un poco de atención a la dependencia, pero nada a promover la independencia personal. Además, tampoco existen suficientes residencias para personas de los diferentes colectivos, según la portavoz de Queremos Movernos.
A la altura del Ayuntamiento santacrucero, la pregunta coreada por los participantes fue «¿Dónde está el decreto?». Mengíbar señaló que el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, presentó en rueda de prensa el pasado año «el decreto de la accesibilidad universal» en la capital, pero, para la plataforma, no ha habido mejoras, sino que la situación está, incluso, peor. Entre otras cosas, cita que los patinetes eléctricos de alquiler siguen circulando por peatonales y en los barrios son aparcados en cualquier esquina, sobre todo si no existen estacionamientos específicos para los mismos.
Marta, vecina de El Chorrillo, en El Rosario, acudió para «reivindicar los muchos derechos que tenemos y que no se respetan». Sufrió un accidente laboral y desde entonces debe moverse con su silla de ruedas. Pero, por ejemplo, en su ayuntamiento no hay rampas para acceder por sus propios medios.
Domingo Hernández Alfonso, fundador y presidente de la Asociación de Personas Sordas de Tenerife (Asorte), se pregunta «¿qué pasa con la Ley, por qué la administración no cumple, como sí ocurre en otros países?». Señala que, como persona sorda, «mi primera lengua es la de signos, y el castellano es la segunda».
Fernando Cruz es miembro de la plataforma Queremos Movernos, entre otros colectivos. Apunta que están las barreras físicas o arquitectónicas, pero también cita las «mentales», es decir, aquellas que provocan que, por ejemplo, algunos conductores aparquen en los rebajes de las aceras o en las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR). Piensa que en los últimos 20 años «algo se ha hecho, pero es insuficiente». Estima que la legislación canaria, que data de 1995, está muy anticuada respecto a las normativas estatal o europea.
Tati López García es la madre de Aixa, de 22 años. Esta joven padece una enfermedad degenerativa. A veces, sus problemas surgen a la hora de subir a una guagua del servicio público, pero también para acceder a centros públicos o tiendas de reciente construcción. Para López García, tampoco existen viviendas adaptadas para personas que van en silla de ruedas y en otros casos están sin acabar o tapiadas, como ocurre en la zona de La Gallega. Otras veces viajar en avión se convierte en un calvario. Una silla como la que lleva Aixa cuesta unos 8.000 euros y, según Tati, «la Seguridad Social no cubre todo el gasto». Y, a veces, el personal de tierra de las compañías aéreas las rompen, «porque no saben cómo moverlas». Pero más grave aún, advierte, es que no haya suficientes colegios adaptados.
Saray Avero estuvo presente en la protesta impulsada por Queremos Movernos «porque de nuestros derechos no se cumplen ni la mitad para tener una vida digna y normalizada». Señala que «aún sigue habiendo cosas por hacer y falta de empatía». Indica la importancia de que algunos discapacitados cuenten con asistente personal, pues advierte de que «todos vamos para mayores y cada vez tienes más necesidad de que te ayuden». Aclara que no se trata de ir «de pobrecitos y de dar lástima», sino de tener una vida digna.
Ita Gutiérrez es vecina de Güímar y comenta que «hay leyes que son de obligado cumplimiento y tenemos que salir a la calle porque los políticos se niegan a aplicar lo que ellos mismos aprobaron». A su juicio, en ese aspecto «vivimos en el mundo de la apariencia». Menciona que la Ley nacional se aprobó hace 25 años y ahora «está por aprobarse la nueva Ley Canaria de Accesibilidad, ¿para qué? ¿para tener el mismo resultado que las demás? Todo queda en papel mojado».
María Jesús Campos trabaja por la discapacidad y el mundo solidario a través de la radio en internet La vida es bella. Su hijo, de 26 años, tiene un 86% de discapacidad con un síndrome de trastorno de conducta. «Si no es por que me muevo, no lo hubiera logrado», dice Campos sobre los recursos asistenciales en los que consiguió entrar el joven: hasta los 21 años en el Hermano Pedro y, desde entonces, en el centro psicopedagógico de San Juan de Dios.
Queremos Movernos indica que en los centros educativos los equipos de atención específica tienen escasos recursos materiales y humanos, los horarios de las aulas enclave impiden la conciliación familiar y laboral, los alumnos de estos espacios tienen unas necesidades concretas de atención y acompañamiento, y «reclamamos la presencia de intérpretes de lengua de signos en todo el horario lectivo» para garantizar la igualdad con respecto al resto de alumnos.
En los centros de salud no existen camillas articuladas y grúas "para poder pasarnos de la silla de ruedas a la camilla", a lo que se añade la carencia de baños adaptados. Las residencias y los centros de día «son insuficientes», por lo que hay jóvenes en geriátricos, según el manifiesto leído al inicio del recorrido. Para la plataforma, «Canarias debe actualizarse, situarse en el siglo XXI y dar paso a otras modalidades alojativas que nos permitan desarrollar proyectos de vida independiente; lugares para vivir, no centros para morir». También se reclama la fiscalización de algunos recursos para evitar algunos episodios de malos tratos.
