La actriz Alyssa Milano escribió el 15 de octubre de 2017 en Twitter apenas cinco letras –#MeToo–, que sirvieron para levantar la tapa de las violencias machistas y sexuales. De las redes fue brotando un hilo de testimonios que se convirtió en un géiser. Y una de sus réplicas alcanzó a la universidad española. Nueve meses después de que más de 25 profesoras e investigadoras denunciaran el acoso sufrido, el silencio imperante y la impunidad de los acosadores, el corrimiento de tierras empieza a dar resultados.
A grandes brochazos: los casos que llegan a las unidades de igualdad de las universidades han aumentado –hecho que denota menos miedo y más garantías a la hora de denunciar un fenómeno largamente silenciado–; la nueva ley española universitaria, en trámite parlamentario, obligará a que los centros tengan tanto planes integrales de igualdad de género como unidades de igualdad y diversidad «con recursos suficientes», señalan desde el ministerio, y comunidades como Cataluña presentarán antes de fin de año un protocolo para acompañar mejor a las denunciantes. La cara b es que aún hay demasiadas mujeres lidiando con conflictos abiertos, algunos judicializados, y que, en contra de las reclamaciones de las afectadas, sigue sin haber estudios y cifras globales –el primero y último se remonta a 2008– que pongan las coordenadas a este asunto y arrojen luz también sobre los pasos a seguir.
Las palancas accionadas desde aquel yo acuso se leen con ambivalencias desde el flanco de las víctimas. La profesora de la Universidad de Barcelona Magda Polo que denunció en 2019 a su entonces superior por aislamiento y luz de gas cuestiona que «se estén tomando medidas sin contar con un estudio exhaustivo sobre el carácter y el alcance del acoso en la universidad más allá de las denuncias interpuestas», cuando estas apenas representan el 10% de los casos entre las profesoras, según las investigaciones. En su caso, interponer la denuncia no ha acabado con el «menosprecio» y desinformación que dice sufrir por parte de sus compañeros. Otra de las investigadoras que aún mantiene un proceso judicial abierto afirma que, desde el #MeToo de enero, el acoso de sus compañeros, lejos de atenuarse, ha aumentado, aunque en este caso no cuenten con la connivencia del entorno.
Abrir un procedimiento y generar una situación de justicia cada vez tiene más apoyos, pero sigue siendo un reto complejo y problemático de abordar dentro y fuera de la universidad. Sin embargo, desde la Red Solidaria de Víctimas de Violencia de Género en la Universidad, espacio que ha accionado el movimiento MeToo Universitario, entienden que lo más urgente ya ha empezado a ocurrir. «El silencio ya se ha roto», afirman las investigadoras Ana Vidu y Mar Joanpere. El colectivo, con el que han contactado más de 70 mujeres explicando casos de acoso sexista, emprendió a principios de curso una ruta por 15 universidades de la geografía española para abordar las violencias machistas desde la «normalidad» y no «desde el encubrimiento» habitual hasta ahora. «Va a haber una ola de casos, lo que significa que las universidades lo hacen cada vez mejor y las víctimas empiezan a confiar en la institución para explicar sus experiencias», afirma Vidu. Según la investigadora, que ejerce en Berkeley, años después de haber llevado a fiscalía a un profesor que a punto estuvo de truncar su carrera, estamos asistiendo al mismo giro de guion que ocurrió «en EEUU cuando entendieron que la universidad con mejor reputación es la que mejor protege a sus víctimas y no a sus acosadores».
