Patricia Carpenter, de 70 años, se enfrenta a días decisivos para poder recuperar su casa de la partida rural de Benitzaina, en Dénia. Sus inquilinos, a los que ella llama “okupas”, nunca le pagaron bien el alquiler de 2.700 euros al mes. En junio, se les acabó, además, el contrato. La deuda subía entonces a 30.000 euros. Y no se marcharon. Al contrario, “se han apropiado la casa y no pagan nada desde hace meses. Y soy yo, la dueña, la que está en la calle y la que, además, no puede ni acercarse a su casa”.
Los inquilinos han denunciado a Patricia. El 14 de octubre tendrá lugar en el juzgado de Dénia la vista para que esta residente británica recupere su vivienda. Patricia volverá cuatro días después al juzgado por la denuncia que contra ella presentaron los inquilinos que, asegura Patricia, viven a todo tren (tienen caballos y varios coches) mientras ella está “en la calle y sin ingresos”.
La dueña ha tenido que pasar todo el verano de alquiler en Inglaterra. Ahora ha vuelto y se aloja en casa de una amiga. “¿Quién me va a pagar todos esos gastos?”, pregunta. Además, ahora es el banco el que la aprieta. Ha pagado religiosamente durante 20 años la hipoteca de la vivienda. Ahora no puede. Y teme que tras luchar por recuperar la casa sea el banco el que se la quite.
Los inquilinos la denunciaron porque ella, desesperada, intentó a finales de junio, cuando el contrato de alquiler ya había vencido, entrar en la casa. La consecuencia es que ahora no puede ni acercarse, ya que la volverían a denunciar y podría incluso acabar arrestada por la Guardia Civil. “Creo que tengo una orden de alejamiento. Es increíble. No entiendo nada. Resulta que ellos son las víctimas cuando están viviendo sin pagar nada en una casa que no es suya. Yo no puedo ni acercarme a ver la casa”.
“Estoy destrozada”, afirma Patricia, que desvela que el abogado de los inquilinos se ha puesto ahora en contacto con su letrado para proponerle que ellos se van si la dueña les cancela toda la deuda. “Les he dicho que no, por supuesto. Ya en junio lo plantearon. Entonces sí que estaba dispuesta a firmar y a perdonarles los 30.000 euros que me debían si podía volver a mi casa. Pero ahora voy a llegar hasta el final. Es una injusticia. Y no quiero que esta gente le haga la misma jugada a otros propietarios. Sé que técnicamente no son ‘okupas’, ya que les alquilé la casa y no forzaron las puertas y entraron. Pero, en definitiva, sí lo son. Se han apropiado de una casa que no es suya”.
Patricia está convencida de que se terminarán todos sus problemas cuando recupere la vivienda. La tiene a la venta. Varios clientes ya se han interesado en adquirirla. Cuando la alquiló a los inquilinos ya lo hizo con opción de compra. Entonces planeaba volver a su país y vivir tranquila. Nada ha salido como esperaba.
“Unos inquilinos como estos te llevan a la ruina”, afirma esta mujer de 70 años, que insiste en que quiere vivir sin líos y sin tener que luchar contra quienes se aprovechan de todas las argucias legales.
Patricia llegó a contratar en junio a una empresa de desocupación. Les pagó 2.700 y no lograron nada.
