Más de 132.000 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) iniciaron ayer las clases del curso académico 2022/2023 en Canarias, sin restricciones impuestas por la pandemia de covid pero con la mitad del estudiantado no universitario aún en el limbo con respecto a los libros de texto para el presente curso. Esto se debe a la implantación de la nueva ley educativa, denominada Lomloe o Ley Celaá, que comienza a aplicarse en los cursos impares, con una enseñanza menos memorística y nuevas materias optativas, pero cuyos currículos educativos siguen sin actualizarse en Canarias.
Este retraso por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se traduce en un gran malestar e incertidumbre por parte de la comunidad educativa y de las familias del alumnado: por un lado, los docentes lamentan no haber recibido formación ni información para adaptarse a los cambios que acarrea la Lomloe, mientras que las familias carecen de información sobre los libros de texto que deben adquirir para este curso, a lo que se suma el aumento de los costes de dichos materiales. Así, el profesorado se ha visto en la tesitura de comenzar a desarrollar su plan de enseñanza sobre los borradores de estos dos tramos educativos, si bien desde Educación insisten en que los currículos definitivos, una vez publicados, no sufrirán grandes modificaciones.
Además, la Consejería ha remitido una carta abierta a los equipos directivos de los centros educativos de Canarias en relación a las cuantías del material fungible (materiales de uso común y limitado, como folios, lápices o rotulares) para advertir de la obligatoriedad de proporcionar dichas herramientas con carácter gratuito y la prohibición de pedir dinero a las familias para sufragar dichos costes.
«En ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, o imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos», recoge esta misiva, que firma Felipe Alberto Cordero Lorenzo, Inspector General de Educación. Así, este curso escolar ya se encuentra en marcha con la incorporación a las aulas de estas últimas promociones, que se suman a los más de 150.000 escolares de Infantil y Primaria que comenzaron las clases el pasado viernes. A lo largo de las próximas semanas le tocará el turno al alumnado de enseñanzas específicas como las Enseñanzas de idiomas en régimen especial (21). Por su parte, el alumnado de la Universidad de La Laguna (ULL) comenzará las clases el día 27 en un primer cuatrimestre que se alargara hasta el 12 de enero.
