Un hombre de 24 años, que se había presentado como si tuviera 17, la penetró el pasado 9 de julio. Lo hizo a pesar de que ella tenía 13 años y que, además, le dijo que no quería mantener relaciones sexuales. Es la historia de la última víctima conocida del presunto violador de menores de Figueres. Dos semanas después de sufrir estos abusos, la niña se atrevió a denunciarlo a los Mossos d'Esquadra. Ha pasado un mes y medio de aquello y la menor aún no ha podido declarar ante un juez. Una prueba, la de su declaración en sede judicial, que los jueces reclamaron en dos ocasiones pero que no se pudo hacer por falta de personal. La falta de esta prueba fue uno de los motivos por los que el sospechoso quedó en libertad.
No es un caso aislado: los abogados especializados consultados por EL PERIÓDICO, diario perteneciente al grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, denuncian saturación y falta de personal en un servicio clave para poder probar las agresiones sexuales y delitos contra las víctimas más vulnerables, los niños. Hay listas de espera de hasta tres meses. "Para los menores es una eternidad y muchos ya no quieren hablar", lamenta una abogada.
Hace un año el Congreso de los Diputados aprobó la ley orgánica de protección a la infancia, también conocida como ley Rhodes, que blindaba a los menores víctimas de violencia, reforzaba las penas y evitaba que estos delitos prescribieran con el paso de los años. Esta ley establece un protocolo muy claro en cuanto un menor es víctima de maltrato, especialmente de violencia sexual, con el objetivo de evitar su revictimización.
La norma obliga a que los menores de 14 años relaten los abusos una sola vez en un espacio y entorno confortable y de intimidad, evitando así que tengan que hacerlo repetidamente en la comisaría, en el hospital con los forenses, en los juzgados ante el juez, o en el juicio cerca de su agresor. Esta única declaración preconstituida se considera tan válida que se usa como definitiva, y la clave es que quien interactúa con los niños son psicólogos y trabajadores sociales de los Equipos de Asesoramiento Técnico Penal (EATP) de los juzgados, que en Cataluña dependen de la Conselleria de Justicia de la Generalitat. Durante las pruebas, los expertos usan juegos para que los niños se sientan cómodos y hacen preguntas indirectas para explorar todo aquello que jueces, defensa y fiscalía quieren saber. Y se toman todo el tiempo necesario.
Pero una cosa es lo que dice la ley y otra lo que ocurre en la realidad. El caso de Figueres lo demuestra a la perfección. La menor abusada, que tenía 13 años, declaró en comisaría junto a sus padres, algo que según la ley no debería ocurrir. Cuando los Mossos detuvieron al presunto agresor, la jueza que lleva el caso pidió al EATP de Girona que tomara declaración a la menor para poder tomar las medidas cautelares oportunas. "No se encontró con la presencia de los profesionales", dice el primer auto de la jueza de Instrucción que encerró al presunto agresor en la cárcel el 22 de julio.
Dos semanas después, el 8 de agosto, la Audiencia de Girona lo dejó libre. La ciudad, los agentes y las familias de las víctimas se llevaron las manos a la cabeza. El tribunal echaba en falta pruebas. Especialmente esta declaración judicial de la menor, que no estaba. La niña irá a declarar en el EATP de Girona esta semana. Un mes y medio después de denunciar los hechos. "¿Qué quieres decir, que si nos hubieran llamado antes este tío no estaría libre? Es injusto, por favor, mi hija estaba dispuesta a declarar lo antes posible y nadie nos dijo nada hasta que nos dieron hora para el día 31", insiste la madre de la víctima.
"Equipos infradotados"
Lo grave de este caso es que no es una situación excepcional. "Estos equipos están infradotados. Cada vez tienen más competencias pero no hay suficiente personal y no llegan a todos los casos, o hay listas de espera", se queja Joan Ramon Puig, presidente del Consell de l'Advocacia de Cataluña y decano del Col·legi d'Advocats de Figueres, que recuerda que además de asistir en casos de abusos sexuales, este servicio también se encarga de hablar con menores por conflictos en divorcios, retiradas de tutela, pero también asiste personas con discapacidad. "Muchos equipos técnicos no pueden hacer sus funciones de forma rápida: ellos mismos reivindican más personal, te lo comentan en los juzgados. Ahora mismo estamos viendo demoras de hasta tres meses en los juzgados de las comarcas de Barcelona", confirma también la presidenta de la sección de la Infancia y de la Adolescencia de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Maria del Pilar Tintoré.
Un 30% más de denuncias
La abogada señala como una de las causas de la saturación de este servicio el aumento de denuncias donde las víctimas son menores. "Nos ha pasado como con la violencia doméstica, que se empieza a romper el silencio, a detectar más... hay más casos pero hacen falta más recursos", pide. Una afirmación que también admite Puig. Las cifras de los Mossos muestran que en la mitad de las agresiones sexuales que se denuncian en Cataluña, las víctimas son menores. Según los datos de la Conselleria de Justicia, en 2021 estos equipos especializados atendieron a 974 niños. Son 13 cada semana. En lo que llevamos de 2022 ya han sido 845 niños, 18 a la semana. Un repunte del 30%, y aún no ha acabado el año.
Tintoré es una letrada experta en este tipo de casos, con muchos años en batallas judiciales. "Hace más de cinco años, cuando este servicio no era obligatorio, teníamos demoras de muchos meses, incluso de un año. Y no queremos volver a eso. Porque cuando tardamos mucho en tomar las declaraciones, los menores ya no quieren hablar. En la mente de los niños el tiempo pasa muy rápido y lo que quieren es olvidarlo", cuenta Tintoré. Y si la declaración de los menores falla, se esfuma la condena. "En estos casos no hay testigos, los abusos ocurren en la intimidad y es muy difícil aportar pruebas", sigue la letrada.
Problemas fuera de Barcelona
"Tengo que decir que en la ciudad de Barcelona el servicio funciona correctamente, el problema ocurre en las comarcas: estos equipos especializados deben desplazarse porque, a diferencia de los juzgados de Barcelona, el resto de juzgados no tienen este servicio y deben compartirlo", cuenta Tintoré, que expone casos de demoras importantes en juzgados como Mataró (Maresme) o Manresa (Bages).
En Cataluña hay seis Equipos de Asesoramiento Técnico Penal. Uno en Barcelona, otro para el resto de los juzgados de la provincia. Lleida, Tarragona y Girona cuentan con el suyo y el sexto se ocupa de Terres de l'Ebre. "Fuera de la ciudad de Barcelona tenemos importantes demoras: la justicia debe ser rápida, pero es el departamento que menos dinero recibe en los presupuestos. Los profesionales de Girona, que es el caso de Figueres, deben hacer que el menor se desplace hasta allí o desplazarse ellos. No se prioriza tampoco el tema telemático porque el juez quiere ver cómo se expresa el menor, quieren verlo en persona y es normal", insiste Puig.
Plan Estratégico en marcha
La 'conselleria' que dirige Lourdes Ciuró responde que está tratando de resolver la situación con un Plan Estratégico de Atención a la Víctima del Delito que debería estar listo a finales de este año. Y recuerda, además, que en los últimos años han aumentado un 40% el número de profesionales que trabajan en estos equipos. Si en 2019 había 37, hoy son 58, contando administrativos, psicólogos y trabajadores sociales. Pero la realidad es que las demoras siguen.
