La Ley de la Ciencia está limitando la firma de contratos postdoctorales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Esta circunstancia es al menos, la que ha esgrimido la universidad tras haber renunciado in extremis a formalizar un contrato posdoctoral de excelencia, del programa Juan de la Cierva, que había conseguido una tinerfeña gracias a su curriculum.
La universidad asegura que no ha encontrado un encaje legal adecuado para formalizarlo en tiempo y forma y, por esta razón, decidió renunciar a él. Sin embargo, esta forma de proceder de la universidad ha dejado a la investigadora en un «limbo» laboral, que debido a esta renuncia –según ella no consensuada–, supone una mancha en su expediente a la hora de optar a nuevos contratos postdoctorales. «Con esta decisión, que se ha tomado de manera unilateral y sin mi firma, es posible que ya no pueda acceder a la certificación I3 ni a otras convocatorias como la Ramón y Cajal, independientemente de la pérdida de 3 años de contrato», explica Adriana Rodríguez. Esta certificación es la que le abriría las puertas a desarrollar su carrera investigadora dentro del entorno universitario.
El principal escollo para formalizar el contrato ha sido la propia Ley de Ciencia. Esta normativa limita a cinco los años en los que los investigadores postdoctales puedan disfrutar de este tipo de contratos. Rodríguez había «gastado» dos años y medio de ese cómputo y el contrato Juan de la Cierva que le habían concedido tenía que formalizarse por un mínimo de tres. «La ley no nos permitía contratarla», señala Juan Alberto Corberá, director de recursos humanos de la ULPGC, que explica que este caso estuvo varios días analizándose en su departamento jurídico.
Rodríguez, sin embargo, discrepa. «Me he puesto en contacto con otros compañeros que están en una situación similar a la mía y en sus universidades y centros de investigación sí les han podido formalizar el contrato y a mi no», destaca la afectada. Como explica, incluso la Universidad de La Laguna (ULL) encontraba soluciones para contratarla.
La ULPGC, sin embargo, se niega a utilizar, lo que ellos consideran «subterfugios» a una ley, para poder contratar. «Existe un vacío legal donde el Ministerio de Ciencia no se moja», reclama Corberá. Y es que la Ley de Ciencia no se pronuncia sobre si, en casos extraordinarios como el de Rodríguez, se podría formalizar el contrato a través del Estatuto de Trabajadores. Pero Corberá se pregunta que «si legalmente lo puedes contratar con el ET, ¿para qué sirve la ley?». El director de recursos humanos es contundente y destaca que «a la ULPGC no le parece correcto» utilizar este tipo de resquicios legales. Además, como insiste, «los técnicos dudan de que eso sea posible» y temen que, de hacerlo de esa manera, los contratos puedan estar sujetos a una «reclamación del trabajador».
La ULPGC se rige por el artículo 22 de la Ley de Ciencia, que establece que los contratos de acceso al Sistema Español de Ciencia «la duración del contrato no podrá ser inferior a un año, ni exceder de cinco años». Rodríguez admite que la ley es «muy ambigua» y no ve justo que sea cada universidad la que decida, porque al final se crea un «agravio comparativo». «Mientras unos centros optan por defender y no perder a sus investigadores, otras se rinden ante el primer impedimento», insiste.
Pero más allá de lo que ha sucedido, a Adriana Rodríguez lo que más le molesta es cómo se ha gestionado todo desde la ULPGC. «En enero de 2022 mi ayuda fue aceptada tras insistir varias veces en que lo hicieran en tiempo y forma», explica. En junio se publicaron las listas definitivas con 10 días para formalizar el contrato. «Me pidieron documentación que subí en el plazo comunicado a la sede electrónica», asegura. Entre estos documentos, se le solicitaba una declaración del tiempo que había consumido en anteriores contratos adscritos a la Ley de la Ciencia. La investigadora había estado un año y medio en la ULPGC con un contrato propio de la universidad y otro año en la Universidad de La Laguna (ULL). «El mismo contrato que disfrutaba con la ULPGC obligaba a presentarse a este tipo de programas competitivos, así que decidí presentarme con la ULPGC», resalta.
Como relata, una vez la universidad vio los documentos, recibió una llamada en la que le advirtieron de que no sabían si podrían contratarla. «Contacté con otros investigadores postdoctorales e incluso con la Agencia Estatal de Investigación y toda la información que pude recabar se la envié a la universidad», explica. Entre trámite y trámite el tiempo siguió corriendo, hasta ver que su contrato no se había formalizado el último día de plazo. «Mandé correos sin recibir respuesta y cuando llamé a la universidad me contestó una administrativo que me comentó estaban reunidos con mi caso», relata. A las 16:00 horas recibió una llamada de la subdirecciónde recursos humanos de investigación que le confirmó sus peores sospechas: no se iba a formalizar su contrato. Además, ya habían renunciado a la ayuda competitiva.
Tras el rechazo, intentó un cambio de centro la ULL. «Hablé con el vicerrector de investigación de la ULL y me dijo que no habría problema en formalizarlo», destaca. Pero ya era demasiado tarde. «Al haber renunciado la ULPGC al contrato postdoctoral, no existía y no se podía, por tanto, cambiar la universidad».
Tanto la ULPGC como la investigadora lamentan lo sucedido. «Nosotros también somos víctimas de esta situación, nos gustaría tener cuantos más investigadores mejor, pero no nos podemos saltar la ley», insiste Corberá. Pero para Rodríguez este revés le hace pensar que «las repercusiones para ambas partes no son nada proporcionadas».
