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Las macroresidencias canarias tienen ocho años para adaptarse a la nueva ley

El Ministerio y la Consejería se reunirán con los Cabildos para solventar sus dudas

Imagen de archivo de dos residentes en uno de los balcones de un centro sociosanitario canario. ED

Las macroresidencias canarias tienen ocho años para adaptarse a la nueva ley. La aprobación, el pasado 28 de junio en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, del Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) dará un periodo de ocho años para que las grandes residencias y centros sociosanitarios de Canarias adapten sus infraestructuras a los nuevos criterios aprobados. Entre ellas estarían las residencias de Santa Rita en Tenerife o Taliarte y El Pino en Gran Canaria. Este periodo de transición contará con la pertinente financiación tanto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, como de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias y de los fondos europeos. 

«Efectivamente hay un periodo transitorio en el que las residencias que ya están construidas se van a tener que adaptar al nuevo sistema. El periodo se prevé hasta el año 2030, y el Ministerio lo que se ha comprometido es a seguir aumentando la financiación a través de los fondos que le da el Estado a las comunidades autónomas que es lo que llamamos el reparto del nivel acordado. Eso es lo que Canarias siempre puso encima de la mesa, que el acuerdo y su filosofía nos parecía bien pero sin un periodo transitorio y sin financiación adecuada iba a ser papel mojado», explica Gemma Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias.

Nuevo modelo residencial

El acuerdo plantea un modelo residencial alejado de las macrorresidencias, reorientando los cuidados hacia el concepto de hogar, proximidad y pertenencia a la comunidad. Las nuevas residencias públicas deberán contar, al menos, con un 65% de habitaciones individuales. 

Los centros proyectados no podrán superar entre las 75 y las 120 plazas, dependiendo de la densidad de población. Además, se implementaran unidades de convivencia de 15 personas para que la vida en la residencia se parezca lo más posible a un «hogar».

«Esto no es una ley que invada las competencias de las comunidades autónomas es un acuerdo de mínimos, es un acuerdo marco. Ahora tenemos que trasponerlo a la normativa regional. Contamos con un decreto de 2012 modificado en 2015 que ahora tenemos que modificar, era un decreto que estaba totalmente agotado y obsoleto, y hay que adecuarlo a estas condiciones», puntualiza Martínez.

Tras la aprobación del nuevo marco, con diez votos a favor (entre ellos el de Canarias ) y nueve en contra, el trabajo se centrará ahora en trasladar estos nuevos parámetros acordados a las especificidades del Archipiélago. 

«Sin un periodo transitorio y sin financiación el acuerdo iba a ser papel mojado»

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«Hemos estado hablando y trabajando con los Cabildos y ahora con la propuesta del acuerdo del Estado aterrizaremos todas estas posturas a la realidad canaria, a la realidad insular y archipielágica. El Estado no se mete en eso, tenemos un marco de actuación enorme. Hemos quedado en reunirnos con el Ministerio y la Consejería con los siete cabildos para explicarles al detalle este acuerdo y para solucionar dudas e incertidumbres y sus aportaciones», adelanta Martínez.

Canarias te cuida

En este sentido, la viceconsejera añade que estos nuevos criterios aprobados el pasado 28 de junio ya se han incorporado tanto en el programa Canarias te cuida , con los 72 millones destinados a la construcción de nuevas plazas residenciales, como en las nuevas licitaciones puestas en marcha, adelantándose las Islas al modelo acordado.

«Este acuerdo va totalmente en la línea de lo que nosotras ya estamos haciendo. Es verdad que en relación a futuro se aplicará en todas las licitaciones que se saquen a partir de ahora, sobre todo en lo referido a las plazas en las residencias sociosanitarias tanto para personas mayores como personas con discapacidad», puntualiza. 

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana aplaudió el acuerdo alcanzado durante su intervención en la comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Canarias aludiendo al compromiso que están ya realizando para mejorar las prestaciones y el sistema de dependencia y del cuidado de los mayores.

Las residencias deberán tener en 2029 una ratio de un profesional por cada dos residentes

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«Desde un primer momento vista la situación de la que parte Canarias, para nosotros esto iba a suponer un enorme reto, el poder adaptarnos al nuevo modelo y la nueva realidad que nos proponía el Gobierno pero nos parece fundamental y que encaja muy bien con los planes y el modelo de cuidados que tenemos en Canarias» , explicó Santana.

Centros de día

En lo relativo a los centros de día, el acuerdo apuesta por mejorar y reforzar la red existente para impulsar la asistencia a los mayores y a las personas con discapacidad o situación de dependencia. Apuesta porque estos centros se ubiquen cerca de la residencia habitual de las personas usuarias, posibilitando su permanencia en su entorno cotidiano y maximizando las oportunidades de participación en su propio contexto comunitario y vecinal

Y es que el futuro de los cuidados pasa por fortalecer otros servicios y prestaciones en detrimento de las grandes residencias sociosanitarias. «El modelo de apostar por el ámbito residencial y crear plazas en centros sociosanitarios es un modelo del pasado, la gente quiere quedarse en la medida de lo posible en sus casas por eso debemos apostar por la teleasistencia, atención domiciliaria y centros de día con profesionales cualificados y plantillas más estables. Estas son las cosas que recoge el acuerdo», apuntó Santana.

El acuerdo alcanzado va más allá de las residencias apostando por la estabilización de las plantillas de cuidadores con el objetivo de mejorar la calidad asistencial. En las residencias para personas mayores deberá alcanzarse en 2029 una ratio de un profesional por cada dos personas residentes (0,51), y en los centros para personas con discapacidad, una ratio de cuatro profesionales por cada siete residentes (0,58). «El objetivo final es dignificar la vida de las personas residenciadas y también de los trabajadores», sentencia Martínez.

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