El Consejo del Gobierno de Canarias autorizó en su última sesión, el pasado jueves, el gasto de 4.583.721,32 euros derivado del expediente de contratación administrativa relativo a la segunda prórroga de los contratos de los servicios de vigilancia, seguridad y protección de los denominados centros de internamiento educativo para menores de Canarias, que son dos, uno por provincia: el Valle Tabares, situado en Tenerife, y La Montañeta, en Gran Canaria.
La autorización de este gasto que supera los 4,5 millones de euros sale de los presupuestos de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, área del Gobierno de Canarias de la que dependen estos dos centros de menores.
Según apunta el propio Gobierno en la nota remitida tras el Consejo del jueves, la autorización de este gasto conlleva dar continuidad a los contratos de servicio de vigilancia, seguridad y protección de los centros, así como el auxilio a su personal. A su vez, la prestación de este servicio también incide en el mantenimiento o restablecimiento del orden interno en estos dos centros de internamiento educativo para menores que cumplen medidas judiciales.
Los servicios de vigilancia, seguridad y protección de los centros son fundamentales no solo para garantizar el cumplimiento de las medidas dictadas por un juez sobre los menores que residen en ellos, sino también la propia integridad de estos. Hay que subrayar que se trata de menores con problemas diversos –familias desestructuradas, delincuencia...– y que en muchos casos rechazan su estancia en el centro. Este hecho genera conflictos de convivencia entre los propios internos y también hay menores que escapan. Son esos menores «fugados» que sortean al servicio de vigilancia y seguridad los que entran en las alertas de desaparecidos y pasan a veces varios meses viviendo desprotegidos fuera del control institucional.
