El Grupo de Defensa de los Derechos Sociales en Canarias reclama la participación de psicólogos, trabajadores sociales y colectivos de acción social en la elaboración del Catálogo de servicios y prestaciones sociales para responder de forma adecuada a las necesidades de la población del Archipiélago en este ámbito. Y, de forma paralela, exige que vaya acompañado de una ficha financiera acorde a las demandas de los ciudadanos, pues, de lo contrario, ese documento no tendría validez alguna.
Los integrantes de la nueva plataforma critican la falta de diálogo y la carencia de espacios de debate del Catálogo que hasta ahora ha mostrado la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario para recoger las inquietudes, experiencia e inventario de necesidades de las organizaciones que se dedican a atender a personas con discapacidad, en situación de dependencia o en exclusión social, por ejemplo.
Así se expuso en la rueda de prensa de presentación del Grupo de Defensa de los Derechos Sociales, que se desarrolló en la mañana de este martes en la sede de la Diputación del Común en Santa Cruz de Tenerife, en la que estuvieron presentes el diputado del Común, Rafael Yanes; la presidenta de la Coordinadora de Acción Social de Canarias, Emma Colao; la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria Delgado, y la gerente del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Eva Negrón.
Yanes explicó que "hoy es un día especial para nosotros, porque se presenta el Grupo de Defensa de los Derechos Sociales de Canarias", que comparte "la esencia" con la función de la Diputación del Común, como es defender a las personas dependientes, con discapacidad, en exclusión social o quienes padecen enfermedades raras, entre otras. "Somos aliados en esa lucha, en esa reivindicación ante la Administración pública de que cumpla estrictamente la legislación en favor de los más débiles de la sociedad", dijo Rafael Yanes.
Emma Colao manifestó que, "por primera vez en la historia de Canarias, colegios oficiales y entidades del Tercer Sector confluyen en un mismo espacio para poder establecer medidas de colaboración, negociación, diálogo, debate, de crítica y de construcción sobre los derechos sociales" en las islas.
El Grupo está compuesto por los colegios de Psicología de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, los colegios de Educación Social de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, la Coordinadora de Acción Social, la plataforma Cermi Canarias y Acufade (Asociación de cuidadoras y familiares de personas dependientes).
El nuevo colectivo surgió en el momento en que dichas entidades encuentran un comienzo de trámite del Catálogo de servicios y prestaciones sociales, "que no responde a las necesidades del pueblo canario, ni al espíritu de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, y que no se encuentra en un espacio de participación y colaboración efectiva", explicó Colao.
Afirmó que la administración pública carece de estructuras suficientes para llegar a atender las necesidades de personas con necesidades y es en ese ámbito donde intervienen las diferentes organizaciones de acción social.
Según Colao, "a día de hoy no conocemos qué contiene el Catálogo de servicios y prestaciones". A su juicio, el documento no tendrá valor alguno si no se cuenta con la colaboración de los profesionales y las entidades que llevan a cabo el trabajo con las personas necesitadas. Además, tampoco ha existido diálogo con representantes de los cabildos o los ayuntamientos para conocer sus planteamientos, según el citado Grupo de Defensa.
En un Catálogo de este tipo se especifica a qué prestaciones tienen derechos los ciudadanos, qué profesionales deben trabajar en un determinado centro, cuántos centros de día debe haber para personas mayores, cuántos recintos sociosanitarios tendrían que abrir o qué número de inspectores de residencias geriátricas hacen falta para desarrollar un control efectivo.
Emma Colao lamentó que, hasta el momento, no han recibido respuestas a las diferentes cartas que han enviado a varios departamentos de Derechos Sociales del Gobierno canario y a la Presidencia del Ejecutivo. Ante esa falta de información, el Grupo decidió presentar una queja ante la Diputación del Común.
Candelaria Delgado afirmó que, tras consultar el borrador del Catálogo en el proceso de enmienda pública, llegaron a la conclusión en que era "un disparate", sobre todo "porque entraba a contradecir la Ley de Ayuntamientos y la de Cabildos de Canarias", que se hicieron en el 2015 para frenar la estrategia del Estado de retirar competencias en materia de Servicios Sociales a las administraciones locales.
Según Delgado, en aquel momento, el documento ni siquiera reflejaba lo que actualmente se presta en materia de servicios sociales en el Archipiélago, "ya no te digo lo que queremos que sean" las prestaciones "del siglo XXI y lo que tienen que ser unas buenas bases; incidimos en que estamos acompañando a las personas y a las familias para salir muchas veces de esas situaciones de crisis, de exclusión social en la que están", por lo que se necesitan "unas herramientas necesarias".
Para la representante del Colegio de Trabajadores Sociales, es importante saber qué competencias corresponden a cada una de las administraciones (Gobierno canario, cabildos y ayuntamientos) o qué presupuesto aporta cada una de dichas instituciones.
Candelaria Delgado dejó claro que, "el Catálogo puede estar muy bonito, pero si no tiene la planificación estratégica de la mano, es decir, si no cuenta con el dinero suficiente para llevarlo a cabo, se convertirá en papel mojado". "Lo único bueno es que, si ya lo tenemos aprobado, pues ya podrán los administrados reclamarlo ante el Diputado de Común o ante la Justicia", añadió Delgado. "No queremos que se convierta en una Ley de la Dependencia", apuntó la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales.
Emma Colao aclaró que la participación "no es sentarnos en mesas de negociación", ni recibir un mensaje que "podamos trasladar a nuestras personas asociadas, usuarios o colegiados; se trata de un espacio donde se pueda trabajar y poner en común aquello que efectivamente es común y que eso se refleje en el resultado del trabajo".
En palabras de Candelaria Delgado, el futuro documento deber servir para la defensa de los derechos de los ciudadanos, así como para que "no haya personas de primera y de segunda", con independencia de donde viva, ya sea una prestación de ámbito municipal, insular o autonómico.
Delgado recordó que, en la actualidad, en Canarias "hay un 44 por ciento de personas y familias en riesgo de exclusión social, es decir, no es que no lleguen a final de mes, es que no llegan al día diez". Colao apuntó que, en base al último informe Foessa, existe un 36,4% de la población en situación de pobreza estructural en el Archipiélago y una tercera parte de la misma "está trabajando".
A juicio de la presidenta de la Coordinadora de Acción Social, cuando las administraciones no cuenta con infraestructuras públicas suficientes, "lo que hace es externalizar", con lo que se abarata el servicio y lo hacen de manera perniciosa. "Y, además, precarizamos el trabajo de nuestros trabajadores y trabajadoras, porque nos mal financian", porque las estructuras presupuestarias para dotar de financiación a las entidades del Tercer Sector son limitadas, señaló Colao. "No nos han hecho iguales, nos han hecho igual de pobres", comentó.
