Dar suministro a precio asequible es el gran reto de la transición energética

Los expertos en economía, mercado de trabajo y pobreza energética, José Miguel González y José Luis López, advirtieron sobre el gran riesgo que existe de que la transición energética polarice aún más la sociedad, aumentando la desigualdad e incrementando la población energéticamente vulnerable. Para evitarlo, señalaron que es imprescindible trabajar en ayudas públicas específicas, de carácter progresivo y adaptadas a las distintas realidades sociales y territoriales, que garanticen que todas las personas y hogares puedan cumplir con la regulación que la Unión Europea aprueba para la lucha contra el cambio climático.

Los expertos alertan de que el Plan Energético de Canarias (PTECan) carece de planes formativos adaptados, programas de ayudas sociales y asignación de roles a los diferentes agentes públicos y privados en paralelo a la ejecución del plan. Estos elementos son los que harán posible una transición energética equitativa que no agrave la desigualdad ni aumente la pobreza energética en las islas, aclararon. La toma de decisiones en el marco europeo es muy compleja, según Jean Michel Glachant, director de la Escuela de Regulación de Florencia y titular de la Cátedra Loyola de Palacio, y experto en energía.

Pese a ello, Glachant aseguró que la UE está obligada a adoptar las medidas específicas que sean necesarias para que ninguna persona se quede atrás en este proceso. Una de esas realidades peculiares es la de las regiones ultraperiféricas. «La Unión Europea tendrá que crear medidas que hagan posible la transición en estos territorios alejados del continente», entre los que la población canaria representa el 40% de toda la ultraperiferia europea, dijo.

«El contraste de opiniones y análisis nacidos del estudio y la experiencia son una base sólida para construir el camino que nos lleve a una descarbonización de la economía con garantías para continuar progresando como sociedad», aseguró el presidente de la Fundación DISA, Raimundo Baroja. Explicó que «la apuesta energética de Canarias debe ser sostenible desde el punto de vista medioambiental, sin lugar a duda. Pero, también y, aún más importante, debe ser asequible para todas las personas y contar con las garantías de seguridad en el suministro que den la imprescindible constancia al sistema energético».

Conjugar estos tres elementos como pilares en el diseño del sistema energético durante la transición hasta alcanzar una economía neutra en emisiones es el objetivo. Según Baroja, «para ello, debemos tener muy claras dos premisas como punto de partida: la descarbonización no es sinónimo de electrificación, y la recuperación del apoyo institucional, social y empresarial a la neutralidad tecnológica es el camino más ágil y eficaz para una transición energética que nos lleve al objetivo: emisiones 0».

Estas jornadas combinaron la visión académica, la empresarial y la institucional, centradas en hacer las preguntas adecuadas para construir posibles respuestas, de forma que Canarias avance hacia un presente y un futuro energético ciertamente sostenible.

El contenido de las ponencias y los debates quedarán reflejados en una publicación para su difusión, con el objetivo de compartir este conocimiento, explicó el director del ciclo, Francisco Ramos, profesor de la Facultad de Económicas de la ULL. El experto en pobreza energética José Luis López expuso los factores que influyen en esta realidad: los precios, la renta de cada hogar y la propia calidad de la vivienda. Introdujo la diferencia entre vulnerabilidad y desigualdad energética. El primero es un factor coyuntural muy vinculado con situaciones económicas de un hogar, mientras que la desigualdad es un factor estructural que afecta a estratos completos de la sociedad mundial.

En Canarias, un tercio de la población tiene riesgo de exclusión social, según el indicador con el que la UE mide este parámetro, que, en el caso canario, demuestra una debilidad social 10 puntos por encima de la media española. A esta realidad, se une la evolución de precios de la energía del último año que, en el caso eléctrico, ha pasado de 24 euros en mayo 2020 a 60 euros en mayo 2022, tres veces más por el mismo consumo.

En las islas aumentan los hogares con problemas para afrontar la factura energética, al tener que dedicar mayor porcentaje de sus ingresos para ese pago. En 2019, el 16,6% de la población tenía esta situación, un porcentaje que subió hasta el 19,9 en 2020. También en 2020, los retrasos en el pago aumentaron notablemente en la comunidad, ante la situación de vulnerabilidad económica que supuso la pandemia, duplicando el porcentaje entre 2019 y 2020.

Para López, las medidas necesarias para reducirla son abordar este proceso teniendo en cuenta el factor de asequibilidad, medidas específicas para garantizar que todos tienen acceso a la energía que necesitan. Otros aspectos a abordar es la concienciación, la sensibilidad y el empoderamiento de la ciudadanía, formación para la autogestión responsable del consumo y el gasto energético; diseñar medidas para minimizar la desigualdad con ayudas públicas adaptadas a las distintas realidades o apoyos para quienes no puedan afrontar con recursos propios los cambios normativos.

José Miguel González, experto en energía y economía de Corporación 5, centró la ponencia y el debate en el riesgo de que la transición energética aumente la polarización de la sociedad. «Todos estamos obligados a cumplir con los cambios regulatorios de la transición energética, pero para ello habrá que ayudar a los hogares que carecen de recursos para asumir la inversión privada a la que obliga este cambio», aseguró el director de Corporación 5. Analizó la rentabilidad de los sistemas energéticos de Canarias y su incidencia sobre el mercado laboral. La especialización de la economía canaria en el sector servicios, con una alta participación de la Administración Pública que representa el 23% del PIB en Canarias, señala a los agentes que deben liderar la transición. González focalizó los retos del siglo XXI: medio ambiente y pobreza. La formación y el conocimiento es esencial en aspectos como el almacenamiento de energía renovable, o bien reforzar la formación continua y la capacidad de adaptación en un mundo laboral en el que casi la mitad de los puestos de trabajo de hoy son susceptibles de desaparecer en pocos años. Actualmente nos estamos formando para trabajos que aún no existen. El cierre de las jornadas corrió a cargo de Jean Michel Glachant, director de la Escuela de Regulación de Florencia y titular de la Cátedra Loyola de Palacio, quien hizo un breve repaso sobre el proceso en Europa y la necesidad de inversión en la sociedad europea para estar preparados para el 2030. También resaltó la importancia de crear planes concretos para las islas, pues la UE apuesta por la introducción y uso del hidrógeno verde.