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Medio ambiente

El Gobierno lleva al Constitucional la ley del Mar Menor

El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que la norma "dificulta, reduce y dilata" la protección de la laguna al no actuar con eficiencia sobre los regadíos ilegales

Cultivos ilegales de cítricos sancionados por la CHS junto a Los Nietos. Iván Urquízar

La Ley del Mar Menor acaba en el Tribunal Constitucional. El Gobierno central presentará un recurso de inconstitucionalidad contra dos puntos concretos del decreto de 2021 que modificaba la norma regional que pretende proteger y recuperar la laguna. Lo hace al considerar que este cambio legislativo "reduce y limita" dicha protección.

Tras la consulta realizada al Consejo de Estado, finalmente el Gobierno central ha optado por esta vía al considerar que cuando el Gobierno regional modificó la Ley en el verano del año pasado, incluyó la obligación de que para restituir una explotación de regadío ilegal a su estado original (una compatencia autonómica) antes debía existir un expediente firme por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura que prohiba la actividad agrícola y la sancione. En este punto no están de acuerdo ambas administraciones y tendrá que dirimir el Constitucional.

La tramitación de las sanciones a los regadíos ilegales (8.460 hectáreas en total) se ha convertido desde hace años en la patata caliente que tanto el Estado como el Gobierno regional se pasan mutuamente. La CHS comenzó a sancionar en 2018 estos regadíos ilegales pero es la Comunidad la que debe levantarlos. Ahora el Estado protesta porque el Ejecutivo regional no actúa de oficio a la hora de obligar a restituir el terreno, una actuación que debería hacerse en paralelo al corte del agua para la finca, en opinión del Gobierno central. 

Para justificar dicho recurso, el Ejecutivo alega que la normativa autonómica "no solo dificulta la restitución de terrenos ilegales al exigir una actuación concreta del Estado", sino que también hace "dejación de sus responsabilidades y competencias en los ámbitos agrario y ambiental, pues desiste injustificadamente de actuar de oficio en muchos otros supuestos de ilegalidad en los que las explotaciones se asientan en suelos forestales, de secano o protegidos, entre otros motivos", expone.

En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez se acoge a uno de los artículos de la ley que establece que si hay una explotación de regadío que es ilegal por tener la condición de monte, se establece que la Comunidad es competente para ordenar la restitución del cultivo a su estado anterior.

Sin embargo, para hacer efectiva esa restitución se exige (artículo 33.1, impugnado) una actuación previa de la CHS, cuando las competencias involucradas "son únicamente autonómicas y nada tienen que ver con el Estado".

Según el Ejecutivo, el diseño que realiza la normativa murciana "dificulta, reduce y dilata" los procesos autonómicos de restitución de los terrenos y, en consecuencia, "no actúa con la suficiente diligencia contra las explotaciones ilegales", con el consiguiente impacto negativo sobre el Mar Menor.

La CHS comenzó a finales del pasado año a cortar el acceso al agua a estas fincas al tiempo que seguía con la tramitación de los expedientes sancionadores, una labor que se ha alargado varios años. En cuanto a la restitución de los terrenos, la Comunidad lleva un considerable retraso al haber actuado solo sobre casi 300 hectáreas. 

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