La legislatura encara la recta final con la tramitación de la propuesta de la ley del Sistema Público de Cultura. Un texto apoyado por los grupos parlamentarios que pretende salvaguardar el 2% del presupuesto autonómico y único en el panorama nacional. Así, Juan Márquez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio, añade una semilla más a una estrategia que pretende transformar el contexto cultural y social de las Islas.
En 2020 decía que faltaba estrategia. Ahora, con la proposición de ley del Sistema Público de Cultura parece que esto va a cambiar. ¿Qué supondrá para la transformación del sector y de la sociedad canaria?
El principal destinatario de las políticas en el ámbito de la cultura es la ciudadanía. También el sector cultural, evidentemente. Pero esta es una ley que ofrece por un lado garantías para el ejercicio efectivo de sus derechos culturales y, por otro lado, obligaciones a la administración pública para que esté garantizado. No nos quedamos solo en el ámbito del reconocimiento, lo cual es importante para desplegarlo y articularlo, sino que ofrece un régimen de cooperación y cogobernanza entre las administraciones para que la política pueda planificarse precisamente con eso, con luces largas.
Evitaría la compartimentación de las instituciones con la creación de un Marco de Acción Estratégica de la Cultura. ¿De qué forma se articulará?
No hay foro o espacio de debate en el ámbito del sector cultural donde no se nos inste a las instituciones a coordinarnos a establecer políticas con criterio de eficacia y eficiencia. Evidentemente, eso implica respetar la autonomía y las competencias de cada administración. Esta ley lo que plantea es que ese Marco Estratégico que tiene que aprobar el Parlamento y que emana de la Comisión de Coordinación esté planificada a tres años vista. En cada año tendrá que responderse ante el Parlamento sobre el cumplimiento para que sea continuo. Eso nos va a permitir que planifiquemos más allá de un evento o de una acción concreta, formando todo parte de un ciclo.
La intención es blindar un 2% del presupuesto de la autonomía a la vez que se obliga a las instituciones que estén dentro del Mapa de Infraestructuras a movilizar un porcentaje de sus ingresos para ejecutar estos planes. ¿Es una especie de auditoría dentro del propio Sistema para garantizar el gasto?
Claro. Ahí estará el Consejo Canario de Cultura que adquiere una independencia del Gobierno en tanto en cuanto su nombramiento depende del Parlamento, el cual hará cada año un informe sobre el grado de cumplimiento de la ley y, dentro de ella, el presupuesto. Si la cultura es un bien de primera necesidad, tal y como estableció el Parlamento en el año 2020 en plena pandemia y se circunscribe al ámbito de los derechos de ciudadanía, tiene que estar garantizada su financiación. Por ello, el blindaje presupuestario es innovador porque no existe otra comunidad autónoma que lo haya hecho, de ahí que Canarias se pone en cabeza al situar la cultura como sistema. No obstante, de nada sirve si no le hacemos seguimiento y no hay un grado de cumplimiento de los acuerdos legislativos. Por eso, darle este rango normativo es tan importante en este momento.
¿El 2% no es mucho?
El 2% se recomienda en los análisis y estudios que emanan de la propia Unión Europea como el mínimo que se debe de invertir dentro de las regiones para que las políticas culturales tengan impacto en el sistema socioeconómico. En el ámbito local, como lo recogemos en la ley, se tiene que invertir entre el 5 y el 10% de su propio presupuesto, no del PIB.
La creación de la Comisión de Coordinación del Sistema Público y del Consejo Canario de Cultura, dos nuevos organismos, conlleva la no retribución y un plazo máximo de dos mandatos de cinco años, ¿se evita así la endogamia del sector?
Creo que tiene que ser un consejo que no sea una extensión del Gobierno donde se elija a los representantes del sector según la simpatía o cercanía. Debe ser un órgano independiente con capacidad crítica, de análisis, y para eso, lo mejor, esa representatividad tiene que ser elegida por el Parlamento, exceptuando a aquellos miembros elegidos por la comisión técnica de bibliotecas o el de patrimonio.
Ha logrado el consenso en todos los grupos parlamentarios, ¿cómo ha sido el diálogo?
En un momento de mucha polarización y de tensión política, yo valoro muy positivamente esta altura de miras que ha tenido el Parlamento. Lo que he encontrado por parte de todos los grupos ha sido una predisposición al diálogo, al entendimiento y a que nos tomemos en serio las políticas culturales. La ley se irá enriqueciendo en el proceso de ponencia y estoy seguro que de lo que entró a lo que se aprobará habrá un salto cualitativo.
¿Y con los colectivos?
Antes del registro en el Parlamento tuvimos reuniones con las asociaciones más representativas de los sectores culturales para presentarles el texto. Siempre está abierto a recibir propuestas de mejora pero entendiendo que esto no es una ley destinada a un sector cultural en concreto, sino que creas un sistema, una arquitectura que permite dar respuesta. No podemos convertir este texto en una ley sectorizada como la de bibliotecas o patrimonio. Por supuesto, también nos reunimos con los siete cabildos y la federación de municipios.
¿Cuándo será aprobada?
Espero que en febrero de 2023.
A la espera del Servicio de Investigación y Análisis que se propone para conocer el consumo cultural, el Anuario de la SGAE viene a marcar la tendencia al alza de la región, aunque rezagada con respecto a otras en similar volumen de habitantes, como País Vasco o Aragón. Algo que no sucede con el uso de las bibliotecas.
El estudio hecho sobre las bibliotecas refleja que la ciudadanía valora la necesidad de tenerlas, sin embargo, el uso que hacen es muy minoritario. La cuestión aquí es generar políticas y estrategias que nos permitan garantizar ese derecho a la cultura entendiendo que no solo estamos hablando de barreras económicas sino que el acceso tiene que ver también con los espacios geográficos donde vivimos, es decir, si es un territorio urbano o rural, si es una isla capitalina o no, y según las capas sociales. Por eso, en el Plan de Fomento de la Lectura estamos trabajando con personas que están a pie de calle y nos van a permitir romper esas barreras que muchas veces encontramos de cara a garantizar ese acceso. De ahí sale el Servicio de Análisis, hay que tomar decisiones no en base a ocurrencias o a gustos de determinadas personas que estén en cargos de responsabilidad sino en base a datos y a estrategias concretas y eso lo que va a permitir que las políticas tengan éxito o no. En 40 años de autonomía tenemos que ser honestos a la hora de asumir que no hemos conseguido como comunidad autónoma que los derechos culturales se hagan de manera efectiva a toda la población. Por tanto, tenemos que replantearnos nuestras políticas porque, si no, no vamos a obtener resultados distintos.
Ha abogado por la descentralización al mismo tiempo que la internacionalización, véase las biblioguaguas o MAPAS, a falta de una estructura más sólida.
Tenemos que atender a los diferentes ámbitos a donde afecta la dimensión cultural: el social y el económico. Por un lado, el social lo tenemos que concebir como un bien de primera necesidad y como bloque de las políticas del bienestar; y, por otro lado, hablamos de industria, de inversión y retorno, de creación de empleo joven. Así que si no somos capaces de exportar cultura más allá de nuestras fronteras, estaremos limitados. Por ejemplo, si una obra de teatro no tiene capacidad de salir más allá de Canarias, agotará su recorrido toda vez que agote el territorio canario, donde el público es limitado. Si queremos fortalecer ese tejido tenemos que estatalizarlo e internacionalizarlo, de ahí que se establezcan las conexiones con el continente africano, con Latinoamérica o con Europa del sur.
Las generaciones más jóvenes sin planes escolares tal vez no conocerían el potencial cultural de su entorno. ¿Cómo se evita esta desconexión?
Es fundamental que las políticas culturales vayan de la mano de las educativas, no pueden ser compartimentos estancos. Un ejemplo es PROA+ en el ámbito de las artes escénicas. A través del teatro o la danza utilizamos herramientas de reflexión, diálogo, y por eso es fundamental que no solo los centros vengan a nuestros espacios culturales sino ir nosotros directamente a ellos. Lo estamos consiguiendo, entre otras cosas, en la implicación del sector educativo en el ámbito de las bibliotecas con el acceso a la Red BICA, o sea, hay que engancharlos desde la Primaria y la Secundaria a ser usuarios.
Para evitar los actos vandálicos en el patrimonio también.
No podemos poner seguridad en cada uno de los bienes patrimoniales. Es inviable porque Canarias está llena de yacimientos arqueológicos y patrimoniales. La mejor forma de protegerlos es la concienciación valorando el tesoro que poseemos.
Canarias alcanzó cifras históricas en 2021 y ha recibido la visita de 20 ejecutivos estadounidenses, ¿hacia dónde va el futuro sin los incentivos fiscales?
De los 155 producciones que tuvimos el año pasado, en torno a 10 se acogieron a los incentivos fiscales. Por tanto, no solo son los incentivos fiscales, los cuales sí nos hacen muy competitivos a la hora de atraer grandes inversiones internacionales que generan recursos, que tiran de empresas canarias y mejoran la formación de nuestros equipos humanos, pero ha de haber una estrategia que vaya más allá del incentivo. Para ello, hay que potenciar las infraestructuras como los plató, las localizaciones y las condiciones climáticas como gran beneficio y competitividad con toda una política de impulso y desarrollo de producciones que estamos llevando a cabo tanto desde el Gobierno como algunos cabildos que tienen esas líneas de ayuda con el fin de generar un tejido audiovisual cada vez más fuerte que traiga empleo de carácter cualificado y estable.
Aun con el esfuerzo, la proyección en salas ha caído desde 2019. ¿Cómo se fomenta el espíritu para luego profesionalizar?
No somos ajenos a los cambios de paradigma del consumo audiovisual con la aparición de las plataformas. Sí me preocupa que en algunos lugares de Canarias, como puede ser Las Palmas de Gran Canaria, sea prácticamente imposible acceder a ver películas de autor, como no ocurre en otros sitios. Eso al final afecta al derecho y al acceso a la cultura, y tiene que ver con el cierre y la desaparición de las salas más emblemáticas que teníamos en la ciudad. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todas las instituciones para que esa oferta esté garantizada, sobre todo cuando estamos generando cine de autor canario. De hecho, este año vamos a sacar con fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia una línea de ayuda a las salas de cine.
A pesar de ello, no hay un sistema de enseñanza reglada pública que abarque la cinematografía y la interpretación aquí.
En FP hay ciclos de audiovisual, tanto en el Felo Monzón como el César Manrique. Pero sí, estoy de acuerdo. Creo que es una necesidad fortalecer las educaciones artísticas, desde el diseño a las bellas artes, la música y el audiovisual, y trasladarlo a las necesidades y a las oportunidades de futuro que aparecen en Canarias.
Si no, queda incompleto.
Necesitamos personal cada vez más formado y siempre apostaré por que sea desde el ámbito público. Me consta que la Consejería de Educación trabaja para eso.
Llegó en 2019 y en 2022 le sobrevino uno de los mayores incrementos presupuestarios con más de 40 millones de euros. ¿Teme que se acabe la época de bonanza?
Para eso está la ley. La ley nos va a permitir no solo que no se recorte sino que de aquí al año 2030 el presupuesto de Cultura siempre crezca por encima del presupuesto de la comunidad autónoma hasta llegar al 2%. Por tanto, vamos a blindarlo para que las próximas crisis no seamos quienes pagamos el precio más alto. Al final, el recorte que se ha hecho en las políticas culturales entre 2008 y 2012, ¿qué impacto ha tenido en otras áreas de Gobierno? Nulo, pero el impacto que sí genera negativo en el ámbito de la cultura es tremendo. Lo que ha hecho este Gobierno, a diferencia de otros, es aumentar el presupuesto en una época de crisis e incertidumbre económica. Eso nos ha permitido generar empleo en el sector, joven y cualificado: hay que apostar por motores económicos que nos permiten diversificar y tener una menor dependencia del monocultivo del turismo.
Se acerca año electoral, ¿su intención es iniciar y consolidar las propuestas o plantearlas y dejar a otros desarrollarlas?
La ciudadanía tiene que hablar. Quien venga se va a encontrar un espacio mucho más ordenado, más estructurado y con mejor presupuesto del que yo me encontré. Eso, para mí, es una satisfacción.
¿Cree que su profesión musical le ha permitido ser más sensible en el papel de gestor?
Lo importante es tener un proyecto y creo que no hace falta ser del sector para entender estas cuestiones. Es verdad que cuando vienes de la cultura pues quizás tienes una mayor sensibilidad, pero en el lado de la gestión tomas conciencia de la dificultades enormes que conlleva la administración público pues es complejo y mucho más lento de lo que a un le gustaría. Es bueno que la gente de la cultura, como de cualquier otra área, participe y se empodere políticamente y entienda que esto es un servicio público que lo construimos entre todos, donde toda la ciudadanía es importante.
