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Los hogares canarios estarán obligados a reciclar

Canarias busca ganar independencia mediante la reutilización de sus residuos | Crece la separación del vidrio y el papel, pero solo el 20% de los isleños lo hace

Una persona deposita una bolsa con plásticos en el contenedor amarillo destinado al reciclaje de envases. El Día

En un futuro no muy lejano los hogares canarios estarán obligados a separar siempre el cartón y el papel, el plástico, el vidrio y la materia orgánica de los deshechos en general. Lo que hasta ahora ha sido un gesto voluntario de la población más concienciada «tenderá» a convertirse en obligatorio, pues la separación de la basura en origen se convertirá en una de las puntas de lanza de la futura gestión de residuos en Canarias. 

Como explica el viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez, reciclar será obligatorio porque los ciudadanos se convertirán, desde la aprobación de la Ley de Economía Circular de Canarias, en «corresponsables» de la gestión de residuos de las Islas. «La idea es que el proceso empiece en casa; de modo que cada uno separe los residuos y lo deposite en el contenedor adecuado», explica el viceconsejero en el Día Mundial del Reciclaje, celebrado ayer.

Así queda reflejado en el propio texto normativo que, tras establecer que «la separación obligatoria en origen comprenderá todas las actividades», hace hincapié en que los «residuos generados en hogares tendrán que entregarse separadamente» o, al menos, en las fracciones que pueda entregar a los servicios públicos de recogida implantados en su municipio. Por tanto, esta obligatoriedad siempre estará sujeta a la disponibilidad de los contenedores de reciclaje en su lugar de residencia. 

La imposición está sujeta a la disponibilidad de contenedores de reciclaje en el municipio

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En todo caso, no será una imposición que pueda hacerse efectiva de la noche a la mañana. Entre otras cosas porque el sistema aún no está preparado para ello. «Para llegar a ese uso final es necesario realizar un trabajo de digitalización del sistema», admite el viceconsejero. Algunas experiencias piloto previas que tratan de controlar el adecuado reciclaje de la población son, por ejemplo, los contenedores por peso o las etiquetas dotadas de un código fiscal que permite velar por su cumplimiento.

El objetivo final y el eje en el que se sustenta el, por ahora, anteproyecto de Ley de Economía Circular, es que «el residuo no sea un residuo sino un recurso para reutilizar en Canarias», como explica Pérez. En consecuencia, Canarias dependerá en menor medida del exterior, dado que no tendrá que importar materia prima para uso agrícola o restauración de parajes naturales. Además, con el cambio de gestión, se busca reducir el desperdicio de alimentos un 30% para el año 2025 y un 70% para el año 2030, con respecto al producido en el año 2020.

Solo el 20% recicla

Aunque los canarios no son los que más ni mejor reciclan (solo un 20% lo hace), los datos demuestran que la concienciación es cada vez mayor, lo que supondrá un acicate para el éxito en la implantación de esta normativa. Desde 2017 hasta 2021, el uso del contenedor amarillo, es decir, el de vidrio, ha crecido un 40% en toda Canarias. 

Durante el año pasado, cada ciudadano depositó 13,3 kilogramos de residuos en los 12.308 contenedores amarillos que hay a disposición de los ciudadanos del archipiélago canario, el equivalente a bajar la bolsa de envases una vez cada cinco días. Ángel Hervella, director de Gestión Local y Autonómica de Ecoembes, destacó que «estos datos son el reflejo del esfuerzo que el conjunto de la sociedad canaria está llevando a cabo en materia de reciclaje y circularidad», e insistió que «Canarias ha dado un salto cualitativo en este hábito», lo que, a sus ojos, significa que en las Islas «hay voluntad y ganas de seguir avanzando». 

En el caso del contenedor azul (de papel y cartón), el aumento de su uso en el último lustro ha sido de un 12,6%. Durante el año pasado, cada canario separó y depositó 13,9 kilogramos de envases de papel y cartón en los 9.655 contenedores azules que hay situados en la vía pública para reciclar, lo que supone una bolsa cada diez días.

Ante estos datos, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, subrayó que estas cifras evidencian el compromiso de la ciudadanía canaria con los principales valores de la economía circular en los hogares, desde el sentido de la responsabilidad individual. El objetivo del Gobierno de Canarias es lograr que entre el 60 y el 70% de los residuos se reciclen. «Por tanto, aún nos queda una brecha importantísima para lograrlo», resalta Pérez. 

Un cambio radical

Pero si en algo destaca la futura normativa es en acabar con el histórico modelo de gestión de residuos que existe en la Isla. Esta fórmula –basada en grandes complejos ambientales donde se entierra la basura– está regulado en Canarias desde 1999. Desde entonces no ha habido ninguna modificación de la normativa que la haya permitido adaptarse a las Directivas Europeas ni la normativa española. 

Así lo resaltaba la Audiencia de Cuentas de Canarias el pasado verano en un contundente análisis en el que concluía que en Canarias ha venido realizando una «inadecuada» gestión de los residuos durante años. En las Islas no se han establecido mecanismos de coordinación entre los diferentes cabildos, lo que ha provocado que el modelo de gestión de residuos difiera de una isla a otra, tanto en la recogida como en el tratamiento de residuos.  

La normativa actual de la gestión de residuos esta desfasada y cuenta con escasos controles

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Además, durante estos años, y tal como informó la Audiencia de Cuentas, los cabildos han presentado un «escaso control» sobre la información relativa a la gestión de residuos, no disponen de políticas o estrategias de prevención, no cuentan con programas de prevención de residuos y, salvo La Palma y Tenerife, tampoco disponen de planes insulares de gestión en vigor. Esto ha motivado que unas islas hayan tomado más iniciativas, como La Palma o Gran Canaria; y otros menos. No obstante, todos los Cabildos han padecido dificultades en su coordinación a lo largo de estos años. En opinión del órgano auditor, hasta ahora ha habido un marco de actuación en el que las islas se han podido mover, pero les ha faltado un marco de apoyo de esta Ley de Economía Circular, además de la actualización del PIRCAN –que el Gobierno de Canarias ya ha actualizado–.

Para facilitar la elaboración de las nuevas normativas municipales e insulares, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, se hará cargo de la redacción de la futura planificación territorial. «Les hemos propuesto que puedan continuar con sus gestiones del día a día, con lo que los liberamos, al tiempo que conseguimos darle coherencia a la gestión en las siete islas», explica el viceconsejero. 

Una vida sin plásticos

La futura normativa también incide en la responsabilidad de las Administraciones públicas quienes, además de recoger o gestionar los recursos, tendrán que llevar a cabo pequeños cambios en su día a día para tener una gestión de residuos más eficiente. Los edificios e instalaciones públicas tendrán que olvidarse de las botellas de agua de plástico e instalar, en su lugar, fuentes de agua potable. En los actos públicos, tanto deportivos como culturales o educativos, las Administraciones tendrán que utilizar productos reutilizables. 

En los establecimientos comerciales se velará por promover la venta y la compra a granel, así como regular el mercado de plásticos retornables para disminuir los de un solo uso. «Esto ya está cambiando», explica el viceconsejero, que recuerda como la pandemia ha supuesto que los lineales hayan empezado a desterrar los plásticos de un solo uso. «La parte que dedican a los envases de un solo uso ahora ocupa mucho menos espacio que antes de que estallara la crisis de covid», reseña Pérez. Por último, la normativa obligará a los ayuntamientos a incorporar en sus ordenanzas municipales medidas de prevención y minimización del abandono de residuos en la costa, como las colillas de tabaco, envases, objetos oxidados en aras de mantener las playas limpias. 

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