La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas investiga al Servicio Canario de Salud (SCS) por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al pagar cuatro millones de euros a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, para el suministro de unas mascarillas que nunca recibió, al inicio de la pandemia de covid-19.
Fuentes cercanas al caso han confirmado que la Fiscalía investiga tanto a la empresa, por estafa, como a la Consejería de Sanidad, que siguió contratando con ella a pesar de que no le suministró el millón de mascarillas que había cobrado por adelantado.
La Fiscalía trata de esclarecer si la Administración no verificó si la empresa RR7 United cumplía con los más elementales requisitos de solvencia, si investigaron el objeto de la misma, ya que no estaba vinculado al sector sanitario, y por qué no puso en conocimiento del Ministerio Público lo ocurrido con ese contrato para la compra de un millón de mascarillas, señala el periódico.
Anticorrupción ha solicitado a la Consejería los contratos entre ambas partes, resoluciones, informes jurídicos y demás información en el marco de estas diligencias de investigación y ha tomado declaración a varios funcionarios sobre el contrato de emergencia suscrito entre el SCSy RR7 United SL el 25 de mayo de 2020.
El denunciante puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía y el Tribunal de Cuentas supuestas irregularidades detectadas en 59 resoluciones emitidas a través de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS entre 2020 y 2021, para la adquisición de material sanitario para la lucha contra el covid-19 por valor total de 32 millones de euros. Según ha comprobado Efe en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, la Directora de Recursos Económicos emitió la resolución para resolver el contrato adjudicado a la empresa el 13 de mayo de 2021, al no haber recibido las mascarillas por las que había abonado cuatro millones de euros y exigió el reintegro de los fondos, lo que se notificó a las empresa el 31 de mayo.
