La Agencia Tributaria Canaria reclama cuatro millones de euros a una empresa dedicada a la compra venta de vehículos, RR7 United SL, a la que el Servicio Canario de Salud (SCS) adelantó el dinero por el suministro de una partida de mascarillas que resultaron defectuosas y que nunca recibió. El acuerdo se alcanzó en mayo de 2020 en plena situación crítica por la primera ola de la Covid-19.
El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, confirmó este jueves antes de entrar a un acto del día internacional de la Enfermería, dicha reclamación e hizo hincapié en que se trató de una compra de emergencia que se efectuó en un momento crítico donde había escasez mundial de mascarillas y que se abonó por adelantado, según lo establecido en el real decreto de medidas urgentes para hacer frente a la covid-19.
Domínguez explicó que desde el SCS se han iniciado todos los procedimientos administrativos para recuperar el dinero adelantado con el envío de varios requerimientos a dicha empresa para que devuelva el importe de la mercancía. Además, apuntó que no descartan recurrir a la vía judicial si la empresa no responde una vez se haya agotado la vía de los requerimientos.
Destacó que en esa época se efectuaron más de 15 contratos de este tipo y que todos se resolvieron «con una satisfacción importante, porque todo el material llegó y fue utilizado para proteger a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos».
Sin experiencia
En relación al uso de una empresa que a priori no se dedica al suministro de productos sanitarios destacó que durante la primera ola fueron varias las empresas que intentaron ayudar a conseguir el material necesario para hacer frente a esta primera ola, como fue el caso de Inditex, Endesa y otras muchas que no suministraban material sanitario y se pusieron a disposición del Gobierno para conseguirlo, dada la escasez mundial que había.
Desde el SCS recibían ofertas y se comprobaba la documentación que enviaban «para ver si cumplían» y con ese proceder se llevaron a cabo diferentes compras a empresas que podían suministrar el material, porque los proveedores habituales de Sanidad, en algunos casos, no eran capaces de conseguirlo.
Domínguez subrayó que «no se trataba de una compra normal porque se competía con las comunidades y con el mundo por la escasez que había de mascarillas y porque toda la fabricación estaba centrada en China».
En el caso de esta partida de mascarillas que nunca llegó, la Agencia Tributaria Canaria ha iniciado un proceso de embargo por vía ejecutiva para poder recuperar los recursos de la comunidad autónoma, indicó.
Domínguez explicó que la partida que se compró a la empresa RR7 United SL fue intervenida por los servicios de Aduana de la Agencia Tributaria porque advirtieron defectos formales en la documentación que entregaron y las hallaron defectuosas, por lo que procedieron a destruir todo el material prendiéndole fuego.
Material destruido
Precisó que el SCS fue informado de ello por la propia empresa y el personal de su departamento no pudo acceder al material ni comprobar si cumplía los requisitos exigidos, pues dijo que desde la Agencia Tributaria se les comunicó que «no eran interesados y que no tenían que informar de nada».
El responsable del SCS recalcó que «desde el primer momento enviaron requerimientos a la empresa para que les devolvieran el dinero» y que cuando se publicó la resolución del contrato en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se lo comunicaron a la Agencia Tributaria Canaria para que recuperara el dinero.
Además, señaló que, en caso de que la Agencia Tributaria no recupere el dinero, los servicios jurídicos de la Consejería analizarán las acciones judiciales a emprender contra la empresa.
Domínguez apuntó además, a preguntas de los periodistas, que este es el único contrato que no salió como esperaba y descartó que haya más casos de compras fallidas de material sanitario durante la pandemia de la covid-19.
