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Educación | Cambios en los próximos cursos

Las universidades españolas podrán ofrecer microformaciones

Los cursos de corta duración, de entre 4 y 30 créditos, serán accesibles para titulados y para personas con experiencia profesional acreditada | No serán de creación inmediata

Alumnos en un aula de la Universidad de La Laguna. Andrés Gutiérrez

Incorporar los cursos de corta duración, acabar con la temporalidad de los docentes, luchar contra el acoso, legalizar el derecho al paro académico de los estudiantes (no se llama huelga porque no son trabajadores) y remodelar la elección del rector son algunas de las novedades que incluye la ley orgánica del sistema universitario (LOSU). De momento, solo es un anteproyecto, que será incluido en breve en la agenda del Consejo de Ministros. Después, pasará al Congreso y el Senado para su aprobación definitiva tras el debate con el resto de fuerzas políticas. Una vez entre en vigor, algo que ocurrirá en el primer semestre de 2023, el texto dará un plazo de tiempo a las facultades (tanto públicas como privadas) para que lo adopten a sus estatutos. Estas son las líneas generales del anteproyecto, presentado ayer por el ministro de Universidades, Joan Subirats.

Microformaciones.

La Losu incorporará una nueva figura con la que se está experimentando en las principales facultades europeas: la microformación. Se trata de cursos de corta duración (entre 4 y 30 créditos) a los que podrán acceder alumnos que sean poseedores de un título previo o bien personas que tengan experiencia profesional acreditada. Todo dependerá del tipo de materias que se impartan y de las reglas que pongan las universidades, entidades con autonomía. Dada su complejidad y novedad, los cursos de corta duración –incorporados también este año en la nueva ley de Formación Profesional– no estarán disponibles una vez que la ley entre en vigor sino que habrá un periodo de transición para que las universidades los puedan incorporar.

Formación a lo largo de la vida.

Subirats recalcó que las microformaciones están ligadas con la filosofía de la formación a lo largo de la vida. «El título del grado no puede ser el fin de la vida universitaria. Necesitamos una universidad más flexible en la que poder encontrar procesos de actualización de las carreras», concluyó el ministro tras insistir en que los universitarios deben empezar a superar la idea de que una vez que consiguen el título se van a dedicar profesionalmente a ese sector toda su vida.

Acabar con la temporalidad.

La ley –que incorpora la figura del profesor sustituto– intentará acabar con la temporalidad del profesorado dado que solo habrá un 20% como máximo de contratos temporales frente al actual 40%. La carrera docente tendrá varios pasos. Una vez realizada la tesis, el primero será la incorporación, que conllevará un contrato predoctoral de cuatro años. Durante los seis siguientes se podrá acceder a la figura de ayudante doctor mediante un contrato posdoctoral. Es decir, la estabilización de los docentes llegará tras un periodo de diez años. En el caso de los ayudantes doctores, en el primer año de contrato deberán asistir a un curso de pedagogía. De esta manera, las universidades dejarán de ser el único sector educativo donde no se exige una formación docente al profesorado para ejercer su profesión. El contenido y duración del nuevo curso está todavía por determinar.

El objetivo de atajar la temporalidad de los docentes es reducir la edad media de los profesores permanentes dado que el envejecimiento de las plantillas (hay 120.000 profesores en las 50 universidades públicas) es un serio problema en las aulas. De hecho, más de la mitad (52%) se jubilarán en los próximos ocho años. La norma especifica la figura del profesor distinguido, que podrá trabajar en la facultad sin acreditación y con la duración contractual que decrete la universidad, frente a los docentes visitantes, cuyos contratos serán –como máximo– de dos años. Todas las plazas de docente (menos asociado, distinguido y visitante) se realizarán tras un concurso público. Los profesores asociados (los que ejercen en la universidad 120 horas al año como máximo) que hagan más horas de las estipuladas podrán tener un contrato de tres años por esas mismas horas.

Rectores.

La Losu permitirá las pasarelas entre los profesores permanentes y los profesores funcionarios. Habrá que ser funcionario para aspirar al cargo de rector o rectora. Durará seis años y no será renovable. Al contrario de lo que se especificaba en el borrador elaborado por el anterior departamento de Manuel Castells, el actual texto no incorpora todos los requisitos de docencia e investigación que un profesor debe tener para acceder al cargo de rector.

La futura ley quiere luchar también contra la histórica endogamia de la universidad española, de modo que todos los concursos de plazas se publicarán antes en un registro y las comisiones tendrán mayoría de miembros externos.

Derecho a la huelga.

La futura ley establecerá el derecho al paro académico de los estudiantes, una práctica completamente normalizada en la vida universitaria (técnicamente no se llama huelga porque no son trabajadores) pero que algunas facultades no la tenían recogida expresamente. «Es un derecho y un arma de los estudiantes», recalcó Subirats. En todo caso, si los paros coinciden con exámenes, los que quieran continuar con su actividad lectiva lo podrán hacer (evidentemente) y los que acudan a la huelga «asumirán las consecuencias». Otro derecho de los universitarios será la evaluación de la calidad de la docencia, una práctica que se realiza habitualmente pero que queda un simple papel mojado. El objetivo es que la opinión de los estudiantes tenga mucha más fuerza, tanta como para ser tenida en cuenta a la hora de conceder incentivos económicos a los profesores por su excelencia docente.

Gobernanza.

Seguirá como hasta ahora, con el consejo de gobierno, el consejo de estudiantes y el consejo social. Lo que cambia es que en el claustro habrá un mínimo del 25% de representación de los estudiantes (hasta ahora no estaba especificado).

Igualdad y lucha contra el acoso.

Las facultades deberán tener planes de igualdad, protocolos contra el acoso y enfoque de género. Habrá acciones de discriminación positiva cuando el departamento tenga una minoría (bien de hombres o bien de mujeres).

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