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El SCS pagará 180.000 euros a una familia por la muerte de un bebé

El TSJC desestimó un recurso de la Consejería de Sanidad tras una primera sentencia que ratificó la mala praxis en un parto

Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. E. D.

El Servicio Canario de Salud deberá indemnizar con 180.000 euros a una familia, después de que un bebé falleciera poco después de nacer en marzo del 2019 en un centro hospitalario de Tenerife. En dos resoluciones judiciales se estima que existió mala praxis y que existían indicios para haber practicado una cesárea mucho antes de lo que se hizo para evitar un resultado letal en el parto.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestimó el recurso presentado por el Servicio Canario de Salud (SCS) después de que una sentencia anterior le diera la razón a los padres y dos hermanas del bebé fallecido. Esta familia presentó una reclamación patrimonial al citado departamento del Gobierno canario por dicho fallecimiento. Sin embargo, desde el mencionado organismo se denegó tal posibilidad. Y los denunciantes decidieron acudir a la vía contencioso-administrativa.

El caso fue enjuiciado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y la primera sentencia favorable a la familia que perdió el bebé se dictó el 3 de febrero del presente año. En la misma se estimó que los denunciantes debían ser indemnizados al existir indicios de una mala praxis médica.

Un abogado de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias planteó un recurso de apelación, puesto que consideraba que hubo una errónea apreciación de la prueba. El citado letrado consideró que en el juicio se minusvaloró la declaración de una perito que asistió al mencionado parto y que no fue aceptable el argumento esgrimido por parte del juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas, acerca de que la misma trabajaba para el Servicio Canario de Salud (SCS).

El episodio ocurrió en marzo del año 2019 en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria

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Falta de motivación

Además, en el citado recurso del Ejecutivo autónomo se esgrimió que la sentencia incurrió en falta de motivación y, además, causa indefensión a la administración regional, en la medida en que no se explicaban los motivos por los que se considera que hubo mala práctica médica en la atención prestada a la madre del bebé fallecido. Según el escrito del recurso, en la mencionada resolución judicial únicamente está probado que no consta el «consentimiento informado» a la progenitora.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) manifiesta que en el recurso de apelación no se realiza una crítica cabal y suficiente de la sentencia apelada, lo que, como ha señalado muchas veces el Tribunal Supremo (TS) en situaciones similares, debe llevar a la desestimación de la apelación.

Los magistrados estiman que la única prueba pericial «propiamente dicha» fue la declaración de un médico, quien puso de relieve que el parto no se desarrollaba de forma regular, existiendo circunstancias que debieron llevar a los facultativos a practicar una prueba PH de sangre fetal, con el objetivo de descartar sufrimiento fetal e hipoxia (disminución del oxígeno disponible para las células del organismo, produciéndose alteraciones en su normal funcionamiento), así como para decidir en su caso la práctica de una cesárea de urgencia mucho antes de que se llevara a cabo. Según la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas, dicha medida se adoptó con dos horas de retraso.

En opinión del mencionado perito, si se hubiera actuado de forma preventiva, ante las sospechas que iban apareciendo, se hubiera evitado el resultado letal. En base a este argumento, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) asegura que no cabe hablar solo de una «pérdida de oportunidad».

Un perito aseguró que la cesárea a la madre debió hacerse mucho antes de lo que se hizo

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Explicación no satisfactoria

En la misma línea, el TSJC recuerda que la perito propuesta por el Servicio Canario de Salud (SCS) no ofreció una explicación satisfactoria sobre por qué si el parto vaginal era normal se produjo una rotura uterina y el desprendimiento total de la placenta.

Además, los magistrados tampoco consideran acreditado que la única forma de detectar la mencionada lesión fuera el sangrado de la mujer.

En base a los mencionados argumentos, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratifica ahora que cada uno de los padres del bebé fallecido debe ser indemnizado con 70.000 euros, así como a cada una de sus hermanas se les debe abonar más de 20.000 euros.

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