Varios conflictos laborales amenazan con la interrupción de varios servicios sanitarios básicos que Canarias necesita prestar para garantizar el control de la salud de los isleños, como el banco de sangre, la gestión de las urgencias o las inspecciones de salud pública. Los trabajadores de estos organismos públicos, adscritos a la Consejería de Sanidad, se encuentran en pie de guerra con la Administración aludiendo a distintos motivos, entre ellos, haber incumplido los acuerdos alcanzados y por no resolver el abuso de temporalidad que han sufrido los empleados.
Al borde del conflicto se encuentran los trabajadores que atienden a las emergencias en Gestión Sanitaria de Canarias (GSC), los que realizan las extracciones de sangre en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) y aquellos que inspeccionan playas, aguas de consumo y productos alimentarios para evitar problemas de salud pública. Aunque los conflictos tienen diferentes orígenes, todos amenazan con acabar repercutiendo en la sanidad canaria y los ciudadanos.
Incumplimiento judicial
Los trabajadores del 112 en Canarias amenazan con una interrupción del servicio después de que el Gobierno de Canarias haya incumplido su compromiso de elevar el sueldo de la plantilla un 5% a partir del 1 de enero. La Administración llegó a este acuerdo con los sindicatos CSIF y CCOO el 11 de noviembre en la misma sede judicial, por lo que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). «No se ha cumplido», narra el abogado del CSIF Canarias, Cristo Llurda, con cierta sorpresa, dado que «fue la Administración la que se comprometió a hacerlo».
El acuerdo firmado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) hace ya seis meses, establecía tanto la actualización de las tablas salariales, como el abono de las subidas salariales perdidas entre 2019 y 2021 para el personal que llevara desde 2010 trabajando – a pagar entre 2022 y 2024– . Meses después, según Llurda, la Administración se ampara en la falta de capital para poder llevar a cabo dicho aumento salarial. «No entendemos entonces cómo llegaron a ese acuerdo si no podían ejecutarlo», resalta el abogado.
Los trabajadores decidieron reunirse el pasado miércoles con el actual portavoz de Coalición Canaria y presidente saliente, Fernando Clavijo, quien les confirmó la existencia «de un remanente» del presupuesto que se podría dedicar a este supuesto. De ahí que los trabajadores haya pedido una audiencia con el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, para que les aclare los motivos que han llevado al Gobierno de Canarias a incumplir de forma reiterada con esta sentencia judicial.
En caso de que no se llegue a un entendimiento, los trabajadores ya barajan la posibilidad de realizar una huelga, que interrumpiría el «vital trabajo» de los miembros del 112, que velan porque cada día se puedan movilizar los recursos adecuados para asistir en incendios, derrumbes, ahogamientos o accidentes.
La sangre, en huelga
Los trabajadores del banco de sangre comenzarán sus jornadas de huelga hoy mismo porque, con menos de un mes de margen, desconocen cómo se va a llevar a cabo la estabilización de sus puestos de trabajo a través de lo establecido por la Ley 20/2021. El 80% de los 220 trabajadores del Instituto de Hemodonación son temporales. «Hasta el pasado 29 de abril nos negaban esta posibilidad, pese a ser trabajadores de la comunidad autónoma», explica el enfermero Daniel Quintero, portavoz del comité de huelga de los trabajadores del ICHH, quien afirma que después de ese día, el ICHH abrió la posibilidad a hacerlo, pero solo como empleados del ICHH y no como trabajadores del área de Función Pública.
Para los trabajadores, sin embargo, este mínimo cambio en la nomenclatura de sus puestos laborales tiene un significado más trascendental. Los sanitarios del banco de sangre creen que esta concesión es un primer paso para convertir el ICHH (que es un organismo autónomo) en una entidad pública empresarial (EPE), con normas similares a las que rigen las empresas y una menor regulación por parte del Ejecutivo autonómico.
Esta noticia suscitó recelos entre los trabajadores, que recuerdan que el banco de sangre canario ya ha estado en varias ocasiones sumido bajo la sombra de la externalización. Si se mantuviera la senda de la externalización y privatización del servicio, tanto los trabajadores como el mismo servicio sufriría cambios sustanciales. «Nuestros puestos de trabajo se empezarían a regir por el derecho privado, por lo que habría un cambio de convenio y tendríamos que dejar de regirnos por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)», explica Quintero. Sanidad, sin embargo, desmiente que esto vaya a ocurrir. Según ha explicado a este periódico los trabajadores se van a estabilizar como empleados públicos de la comunidad autónoma.
Teleinspecciones
En el caso de los inspectores de salud pública, el conflicto se ha reabierto después de haber alcanzado un acuerdo con la Consejería de Sanidad a mediados de marzo. Lo que parecía el final de una guerra encarnizada que se prolongó durante más de dos años, se ha topado con el incumplimiento de la Administración y una promesa de resolución que no acaba de hacerse efectiva. Así lo describe Jafet Nonato, presidente de la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias (AISP), que asegura que este nuevo revés ha llevado al servicio a una situación «peor» que cuando comenzó el conflicto.
«En Tenerife llevamos desde entonces sin recoger muestras, atender denuncias o hacer la revisión de las playas contaminadas», explica Nonato. La Administración les deniega las peticiones de desplazamiento de los trabajadores –que se podrían sufragar con el abono de incentivos al uso de vehículo propio o del precio del transporte público o taxis–. Esto reduce las posibilidades de inspección a que el único vehículo con el que cuenta el cuerpo (conformado por 44 efectivos) esté libre. De ahí que la mayor parte de las inspecciones, especialmente aquellas de alertas sanitarias. se están realizando a distancia. «Cuando tenemos alertas llamamos por teléfono y tenemos que fiarnos de la palabra de los inspeccionados», relata el portavoz del colectivo, que afirma que «nos pasamos el día encerrados en la oficina».
Esta situación ha provocado que alertas alimentarias que se han producido recientemente, como la de los huevos Kinder y las pizzas Buitoni, entre otras, no se estén gestionando con la rapidez que requieren. Ante el escenario de incumplimiento administrativo, los trabajadores ya están pensando en volver a las calles para volver a reclamar las mejoras laborales que no se han hecho efectivas. De momento tienen previstas dos concentraciones, el 16 de mayo en Gran Canaria y el 20 de mayo en Tenerife. La Consejería de Sanidad asegura que los acuerdos se van a cumplir pero que al ser un expediente complejo es probable que tarde un tiempo más de lo normal.
