La magistrada Inmaculada Iglesias, una de las tres jueces de control del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid), aseguró que «los CIE son peores que las cárceles», tanto por el estado de las instalaciones como por la falta de normativa para defender los derechos y exigir los deberes de los migrantes que son enviados a tales espacios. Así lo dijo en las Jornadas de Inmigración organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), un foro técnico destinado a miembros de la carrera judicial para actualizar y ampliar conocimientos.
En una intervención dedicada a informar a sus compañeros sobre vicisitudes, circunstancias y casos particulares a los que pueden enfrentarse en un cargo como el suyo, Iglesias afirmó que los CIE están en un estado lamentable. Una de sus conclusiones consiste en que la cifra de inmigrantes en situación irregular que son expulsados mientras están en un CIE es muy baja. Y, en su opinión, eso significa que no cumplen la función para la que fueron creados.
Inmaculada Iglesias recordó que los internos de un CIE solo están privados de la libertad ambulatoria (la de circular), pero no de otros derechos fundamentales. La magistrada aclaró a sus compañeros que el internamiento en un CIE es una medida que implica privación de libertad, por lo que debe ser adoptada de manera excepcional y de forma muy justificada.
Situaciones en Aluche
De hecho, en las instalaciones de Aluche se han vivido diversos episodios que han generado cierta polémica. Según la magistrada, en los peores momentos, cuando se registra una mayor masificación de dicho recurso, han llegado a quedarse hasta ocho hombres en un solo dormitorio. Eso implica que no pueden disponer en esos cuartos de mesas, sillas o papel y bolígrafo, por ejemplo, tanto por falta de espacio como por seguridad, con el objetivo de evitar agresiones entre los internos o autolesiones.
Dicha jueza de control aclaró que en dicho edificio han permanecido hasta 160 migrantes a la vez. Pero, por ejemplo, si llueve no pueden salir al patio, puesto que no está cubierto, «y eso les pone muy nerviosos», señaló. Según su experiencia, en esas situaciones de masificación, el comedor o el salón multiusos deben ser dedicados «a otra cosa». Esas circunstancias provocan que, en su tiempo libre, los migrantes deban estar acostados en las camas.
En el 2019, la magistrada Iglesias llegó a plantear a un Juzgado de Instrucción la toma de declaración a policías nacionales por presuntamente provocar torturas a los internos el 18 de abril del 2019. Se les hizo un registro personal, en el patio y cuanto caía un chaparrón importante. Al final, el asunto quedó archivado en la Audiencia de Madrid.
Hace 12 años, la jueza debió intervenir para solventar una deficiencia que se supo gracias a la reclamación de varios internos. Los usuarios solicitaron que les pusieran puertas, cortinas o láminas en los cubículos en los que hacen sus necesidades fisiológicas, con el objetivo de tener algo de intimidad. También pidieron que los funcionarios que los vigilaban no estuvieran presentes cuando realizaban dichas necesidades, pues carecían de inodoros en sus habitaciones. La magistrada explicó que ese problema se resolvió en el 2010. Otra vez, un migrante alertó de que supuestamente un agente agredía a un interno en unas escaleras del recinto. A raíz de dicha petición, se colocaron cámaras de vigilancia en todo el centro, para evitar cualquier situación violenta.
