El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) delegado para Canarias, Álvaro Cuesta, planteó en la mañana de este lunes la necesidad de afrontar la reforma de la Ley de Extranjería, facilitar su interpretación y adecuar los textos a nuestro tiempo. Así lo planteó en la inauguración de las Jornadas sobre Inmigración, que se desarrollan en Santa Cruz de Tenerife.
El acto de apertura también estuvo presidido por el consejero de Presidencia y Justicia de las Islas, Julio Pérez, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado. Cuesta considera necesario “estar al día” y “reflexionar sobre un problema de nuestro tiempo”. Para Cuesta, resulta importante la agilidad en garantizar la tutela judicial efectiva de las personas migrantes.
También valoró la importancia de trabajar de forma conjunta con los jueces decanos, los tribunales superiores de Justicia y las diferentes comunidades autónomas que reciben los mayores flujos de migración.
Entre otras acciones necesarias, apostó por efectuar “autocomprobaciones de urgencia sobre los internamientos” de las personas que entran de forma irregular en el país, a la vez que animó a los agentes de los cuerpos de seguridad a ser diligentes a la hora de respetar los derechos de los migrantes y también garantizar la legislación.
Álvaro Cuesta recordó que, durante el pasado año, 20.752 personas llegaron por vía marítima al Archipiélago canario a bordo de unas 512 embarcaciones. Y que, según Acnur, unos 480 seres humanos perdieron la vida en su intento de llegar a Europa.
El vocal del CGPJ delegado para Canarias lanzó duras críticas contra quienes utilizan los migrantes como “escudos humanos” y se rerifió, de forma clara, a las acciones realizadas el pasado año por Marruecos y Bielorrusia en la frontera con Polonia.
Y definió tales medidas como nuevas formas de ataques a los países vecinos.
Y, a continuación, denunció las prácticas que Rusia está aplicando en la invasión de Ucrania y consideró oportuno recordar que Rusia es uno de los mayores exponentes de relación entre un estado y el crimen organizado.
Insistió en aclarar que los centros de internamiento de extranjeros no son centros penitenciarios. En opinión de Álvaro Cuesta, “es preciso tener un compromiso con la sostenibilidad de los derechos humanos” con las personas que se ven obligadas a salir de su país de origen.
El consejero de Justicia de Canarias, Julio Pérez, recordó la importancia de basar la gestión política en el conocimiento y no en la ignorancia, las ocurrencias o la improvisación, con lo que se reducen los riesgos. Durante el acto de inauguración de las Jornadas, Pérez destacó el valor de que varias administraciones trabajen en común para afrontar de la mejor manera posible el fenómeno de la migración.
Recordó que en la ruta desde la costa noroccidental africana hacia Canarias se da una peligrosidad que no se produce en otras zonas. En opinión del consejero, la inmigración es una de las prioridades del Ejecutivo autónomo, en la medida en que, en base a todas las informaciones, el fenómeno se mantendrá en el tiempo.
Para Julio Pérez, la administración regional tiene un sentido de la responsabilidad que es mayor que el de las competencias que tiene asumidas. Con este planteamiento, quiso recordar, una vez más, que la Comunidad Autónoma asume de forma directa la mayor parte del fenómeno, sobre todo con los menores no acompañados, a quienes prefirió definir como “niños”. Explicó que la asunción de esas gestiones “desbordan” al Gobierno autónomo.
En cuanto a los menores no tutelados que llegan por vía marítima desde África, explicó que en los últimos años se han acogido en el Archipiélago a unos 2.500 en total y que 400 de ellos han conseguido evadirse de los sistemas de control.
Es decir, que más de 2.100 siguen bajo la tutela del Ejecutivo Autónomo. Pero alrededor de un millar están pendientes de que se determine su verdadera edad (mayor o menor de 18 años, en base las pruebas forenses existentes). Respecto a la tardanza para determinar esta circunstancia, el consejero lo atribuyó a la necesidad de afinar en el procedimiento y la limitación de recursos humanos y medios materiales para hacerlo.
Esta realidad la expuso como ejemplo de que Canarias asume los problemas del flujo migratorio en la frontera, lo que contraviene el ordenamiento jurídico español y europeo en la materia. Y también mencionó la escasa solidaridad de otras comunidades autónomas para recibir a los menores migrantes no acompañados. Y es que, hasta ahora, solo se han derivado a otras regiones a 200 de ellos. Por esa razón, reclama la necesidad de cambiar la Ley Orgánica en la materia.
Aunque destacó la importancia de respetar la dignidad de las personas en cualquier situación, manifestó que el “verdadero objetivo” debe ser que los ciudadanos de países africanos no sientan el impulso de la necesidad de salir de sus países de origen, mediante la lucha contra la corrupción, así como el establecimiento de medidas socioeconómicas válidas en dichas regiones de África.
