La Fiscalía solicita cuatro años de prisión al responsable de un establecimiento de venta de productos de Loterías y Apuestas del Estado como presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos, ya que supuestamente no abonó a dicho organismo cerca de 182.000 euros. Además, el Ministerio Público solicita para dicho hombre que devuelva la mencionada cantidad a la mencionada sociedad estatal. El juicio está previsto que se celebre pasado mañana en la Sección VI de la Audiencia Provincial. En el escrito del fiscal se explica que el acusado, que carece de antecedentes penales, celebró con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) un contrato en virtud del cual sería el encargado de la gestión de un punto de venta integral (PVI) en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
En base a esa vinculación, el hombre era el encargado de la comercialización de todos los juegos del Estado, cuya gestión, explotación y comercialización corresponde a la referida Sociedad Estatal. Según consta en las conclusiones provisionales planteadas por la Fiscalía sobre este asunto, el acusado, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y de causar un perjuicio al patrimonio de la Sociedad Estatal del Loterías y Apuestas del Estado, no proveyó de fondos a la cuenta del Punto de Venta Integral que gestionaba.
De esa manera, el Selae giró en el mes de enero del pasado año cuatro recibos contra la cuenta gestionada por el implicado, de los que solo pudo cobrar el tercero de ellos, por poco más de 19.000 euros.
Cifras
La primera reclamación de cantidad fue por 139.103 euros y el recibo fue devuelto por 138.951, puesto que en la cuenta asociada al PVI solo había en ese momento unos 151 euros. El segundo cobro reclamado por la sociedad pública se giró por 33.726 euros. Y fue devuelto por 33.606, puesto que en dicha cuenta solamente había 120 euros.
Y el cuarto recibo contemplaba una cantidad total de 9.302 euros. Sin embargo, fue devuelto por 9.240, en la medida en que en la cuenta asociada al Punto de Venta Integral solo había poco más de 61 euros. Ante estas circunstancias, funcionarios de la Inspección de la Sociedad Estatal de Lotería y Apuestas del Estado llevaron a cabo una inspección al PVI gestionado por el ahora acusado. Dichos trabajadores detectaron un descubierto que quedó fijado en 181.798 euros. Para el fiscal, los hechos descritos son constitutivos de un delito de malversación impropia de caudales públicos y en el acusado no concurren circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal. Además, el Ministerio Público solicita de los magistrados una condena de diez años de inhabilitación absoluta para el mencionado hombre.
