El Gobierno de Canarias estudia la posibilidad de adquirir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el edificio Auditorio para ubicar diferentes órganos judiciales hasta que concluyan las obras de la futura Ciudad de Justicia, en la zona de Los Llanos, en Santa Cruz de Tenerife. Esta iniciativa se plantea por parte de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ejecutivo como una solución «intermedia» hasta que esté disponible la mencionada infraestructura. Cabe recordar que el edificio Auditorio, situado justo en frente de la obra arquitectónica de Santiago Calatrava, era propiedad del grupo empresarial de Antonio Plasencia y fue dado en pago al consistorio capitalino tras la sentencia del caso Las Teresitas.
Según explican las fuentes consultadas, la intención es que el inmueble sirva para concentrar algunos de los juzgados del partido de Santa Cruz de Tenerife dispersos por varios enclaves de la ciudad, ante el problema existente. Y, además, aunque se apruebe la creación de nuevos órganos judiciales para agilizar los procedimientos en diversas jurisdicciones, uno de los obstáculos es que no hay espacio material para situarlos y eso retrasa su entrada en funcionamiento.
Adquisición
Esta se contempla como una alternativa a «medio plazo» y, en el caso de que salga adelante la idea, deberá ser la Dirección General de Patrimonio y Contratación quien desarrolle el expediente para la compra a la corporación municipal santacrucera. Además, el inmueble requiere de diversas reformas para adaptarlo a sede de órganos judiciales. Y desde el Gobierno de Canarias se han empezado a hacer estudios para valorar las necesidades existentes en la capital tinerfeña.
El edificio Auditorio posee trece plantas y cada una de ellas tiene superficie suficiente para albergar, al menos, dos órganos judiciales, en base a la actual distribución de funcionarios que existe en el Palacio de Justicia de la avenida Tres de Mayo.
Décadas
La falta de espacio para albergar juzgados en Santa Cruz de Tenerife es una realidad desde hace varias décadas. El actual edificio del Palacio de Justicia, en el inicio de la avenida Tres de Mayo, se quedó pequeño casi desde el momento de su inauguración, como se ha expuesto en numerosas ocasiones. Y, por esa razón, a lo largo del tiempo, se han ido alquilando diferentes inmuebles en varias partes de la ciudad.
Además del citado Palacio de Justicia, existen hasta cinco lugares en los que hay órganos judiciales en la capital tinerfeña. Por ejemplo, si se habla de los juzgados de lo Social, seis de ellos se encuentran en los bajos del edificio Filadelfia, en la confluencia de la avenida Tres de Mayo con La Salle. Y los tres restantes están en el edificio El Cabo, en la calle Leoncio Rodríguez. Y en este mismo inmueble se hallan dos juzgados más de Primera Instancia.
La plaza de San Francisco
Los juzgados de lo Mercantil están ubicados en la avenida José Emilio García Gómez, frente al centro comercial Meridiano. Y la sede tinerfeña del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) está en la plaza de San Francisco. Esta dispersión de sedes se considera muy poco operativa, sobre todo si un abogado tiene que desplazarse en la misma jornada a dos órganos en edificios distintos. La consecuencia es que se producen suspensiones de actos, que contribuyen, aún más, al retraso que padece la administración de Justicia.
Pero, a pesar de la carencia de instalaciones, la actividad en los juzgados de diferentes jurisdicciones no para de crecer. De hecho, hay que recordar que Canarias está a la cabeza de litigiosidad a nivel nacional.
Necesidades en la capital
En estos momentos, en el partido judicial de la capital tinerfeña hace falta un juzgado más de Primera Instancia, otro de Familia, tres más de lo Social, al menos; uno o dos más de lo Contencioso-Administrativo, así como uno exclusivo de Ejecutorias Penales.
Hasta ahora, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife no existe un órgano exclusivo destinado a la ejecución de las sentencias en el ámbito penal, por lo que deben ser los juzgados de esta jurisdicción los que se ocupen también de dicha labor. Durante el 2020, tales órganos debieron tramitar, en total, 4.638 ejecutorias. Respecto a algunas sedes judiciales distribuidas por varias partes de la capital tinerfeña, una de sus deficiencias es que carecen de algunos elementos esenciales, como seguridad privada propia, o plazas de aparcamiento, por ejemplo.
Un inmueble envuelto en la polémica hace tres años
El edificio Auditorio, ubicado en la Avenida de La Constitución y que en su momento fue propiedad de la empresa Carlacand, del entorno del empresario Antonio Plasencia, se barajó por parte del Cabildo de Tenerife como una alternativa válida para acoger a los usuarios del centro Febles Campos, personas mayores dependientes, antes de afrontar la demolición de esta última infraestructura, dependiente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). El Consejo Rector del mencionado organismo, que pertenece a la corporación insular, aprobó la compra del edificio situado frente al Auditorio de Tenerife por un total de 29 millones de euros en una sesión celebrada el 28 de diciembre del 2018. Sin embargo, a mediados de enero del 2019, el Cabildo paralizó este proyecto de adquisición directa en medio de una polémica por la compra directa a la empresa de un condenado, tanto por el asunto de Las Teresitas como por la extracción de áridos en los barrancos de Güímar. Tras las reticencias del PSOE y otras fuerzas de la oposición en la administración insular, el Cabildo anunció la apertura de una oferta pública para saber si habían otros edificios disponibles y que reunieran las características exigidas para acoger a los usuarios del Febles Campos. Varios meses después, el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo y los empresarios Antonio Plasencia y el ya fallecido Ignacio González entraron en la prisión Tenerife II para cumplir las penas de cárcel por el caso Las Teresitas. Y, posteriormente, el mencionado inmueble fue entregado por el entorno de Plasencia al Ayuntamiento de la capital tinerfeña en pago por la indemnización que el citado empresario debía abonar tras la referida condena. Más de tres años después, el proyecto de reconstrucción del Febles Campos continúa paralizado.
