El Gobierno de España ha arreglado, por la vía urgente, el desaguisado que la reforma laboral ha causado en el sistema científico. Al suprimir el contrato por «obra y servicio», el cambio de normativa había dejado en un limbo la contratación de los investigadores de apoyo a la investigación – la mayoría jóvenes–, que en Canarias se cifraban en algo más de 450 científicos. Ahora, gracias a la aprobación e incorporación de un nuevo contrato indefinido vinculado al desarrollo de actividades científico-técnicas, todos esos investigadores podrán retomar su actividad y, además, hacerlo con mayores garantías de estabilidad.
Los contratos por obra y servicio era la más utilizada en el mundo científico, dado que permitía extinguir el contrato a final de proyecto sin necesidad de hacer una indemnización y así aprovechar al máximo el presupuesto vinculado al mismo. Este tipo de contrato se extinguió definitivamente el 1 de abril. El Ministerio de Ciencia tenía previsto incluir la corrección en la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pero su aprobación no está prevista hasta junio. De no haberse arreglado miles de investigadores en toda España se hubieran ido al paro, con la consecuente afección colateral a las investigaciones en marcha.
Esta figura contractual no está sujeta a ofertas de empleo público ni a tasas de reposición
Ante las reiteradas advertencias de los investigadores, el Gobierno ha tenido que acudir finalmente a la vía de urgencia para corregir el problema a través de un real decreto ley. En concreto, la normativa introduce una modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas.
Esta figura contractual, que recoge las singularidades del sistema de I+D+I en España, no está sujeta a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición. Además, estos contratos de duración indefinida no necesitarán autorización previa si su financiación es externa o procede de convocatorias en concurrencia competitiva. En caso de que el grupo de investigación continúe con financiación, los contratos se podrán prorrogar sin necesidad de una nueva contratación.
Podrán utilizar esta modalidad de contratación las universidades, los consorcios y fundaciones públicas, así como los Organismos Públicos de Investigación (OPIs). También permitirá utilizar este nuevo contrato a los centros vinculados al Sistema Nacional de Salud o concertados con este y las fundaciones y consorcios de investigación biomédica.
450 investigadores canarios
La afección que ha tenido la reforma laboral en Canarias es distinta dependiendo del centro. En la Universidad de La Laguna (ULL) se cifraba –sin contar contratos postdoctorales y predoctorales–, en unos 250 los afectados en mayor o menor medida por la reforma laboral, de los que unos 50 eran nuevas contrataciones. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el número ascendía a 194, de los que al menos 30 eran nuevos contratos. En el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), los científicos afectados eran bastante menos, pero en conjunto se calculó que ascendían a medio centenar.
En toda España son al menos 30.000 los investigadores que hasta ahora han concatenado contratos temporales y que corrían el riesgo de quedarse sin trabajo debido a la reforma laboral. Con esta enmienda del Gobierno estatal podrán acceder a un contrato indefinido. La ministra de Ciencia, Diana Morant, ya tenía en mente que esta sería una de las medidas estrella de la Ley de Ciencia, pero la reforma laboral se le adelantó. El objetivo era que desaparecieran los contratos de obra y servicio, porque, como destacó Morant, «lo que hacían era obligar a los grupos de investigación a romperse cada cuatro años y al investigador lo dejaba sin trabajo cada cuatro años».
En el país son 30.000 los científicos que hasta ahora han concatenado contratos temporales
Es la segunda vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ve obligado a corregir su propia reforma laboral por el mismo motivo, la finalización abrupta de los contratos por obra y servicio. Hace un par de semanas, el Ministerio de Cultura creó el contrato laboral artístico.
Los investigadores de las Islas se han congratulado por la puesta en marcha de esta medida que no solo viene a reparar el daño transitorio causado por la reforma laboral, sino también sienta las bases de la estabilización de la carrera científica; hasta el momento caracterizada por la precariedad.
En el transcurso de la carrera científica los investigadores podían llegar a concatenar contratos temporales hasta los 40 o 50 años, lo que les impedía tomar decisiones vitales en su vida. Entre 2011 y 2016 se perdieron en España de 5.000 puestos de investigadores y un elevado número de personas se vieron obligadas de establecer su carrera fuera de España, tal y como reza el preámbulo de la reforma de la Ley de la Ciencia. Como subrayó el ministro de Universidades, Joan Subirats, esta medida permite un sistema de ciencia, investigación y universidad más sólido y más justo y ayuda a que las universidades tengan todas las garantías para avanzar en sus proyectos de investigación.
Pero aún hay ciertos flecos que, a ojos de los científicos, no han llegado a determinarse en este Decreto Ley. Así lo pone de relieve el vicerrector de investigación de la ULL, Ernesto Pereda, quien entiende que esta nueva normativa no deja claro qué ocurre cuando se termina un proyecto de investigación y no hay crédito para seguir. Es decir, aunque la normativa sí refleja que los contratos indefinidos no tendrán que prorrogarse si el proyecto se renueva, no explica qué pasaría si ocurriera lo contrario. «La duda es si en ese caso se podrá aplicar el despido objetivo» o si habrá que indemnizar al trabajador de la misma manera, resalta Pereda.
Las claves de los nuevos contratos
Sin encaje legal
La reforma laboral provocó que tanto los nuevos contratos de obra y servicio como aquellos en marcha, se encontraran de pronto en un limbo, dado que en la reforma no existe ninguna figura contractual que encaje con las necesidades de la ciencia.
Para estabilizar
La nueva Ley de Ciencia –aún en trámite parlamentario– quería acabar con estos contratos temporales, pero su aprobación no está previsto hasta junio. La reforma laboral se adelantó a la nueva Ley y ha obligado a tomar medidas antes para evitar daños y retrasos en los proyectos.
Nuevo marco legal
Esta figura contractual, que recoge las singularidades del sistema de I+D+I en España, no está sujeta a los límites de la oferta de empleo público ni a las tasas de reposición.
