La Comunidad Valenciana ha solicitado la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a los integrantes de la trama Gürtel a hacer efectivas sus responsabilidades civiles, que ascienden a 3,2 millones de euros, por la contratación irregular de pantallas durante la visita del Papa a València en julio de 2006. La directora general de relaciones con Les Corts, Ana Belén Domínguez, ha señalado que el escrito presentado ante la Audiencia Nacional "pide la incoación ejecutoria de la sentencia de noviembre de 2020, donde los responsables de la trama fueron condenados por los delitos de prevaricación, malversación, blanqueo, cohecho activo, fraude a la administración, falsedad en documento oficial y delitos contra la Hacienda Pública".
Domínguez ha manifestado que esta decisión es "fundamental no solo para recobrar el dinero sustraído de las arcas públicas, sino también para recuperar la dignidad y la decencia de la Comunitat Valenciana", añade.
La Generalitat valenciana ha recuperado 7,3 millones y prevé recobrar más de 14 teniendo en cuenta los expedientes de acciones en curso.
