Canarias recibirá 15.079.000 euros más de los Fondos Next Generation asignados a mejoras de la administración de Justicia. Esta cantidad se suma a los 10.079.505 euros ya recibidos el año pasado, según lo acordó este viernes el pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, celebrado en Avilés, bajo la presidencia de la ministra Pilar Llop, y al que asistieron, representando a la Comunidad Autónoma de Canarias, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, de forma telemática, y la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, de forma presencial.
En dicho encuentro, que se desarrolló durante cinco horas, se dio el visto bueno a los criterios de distribución y reparto material de la totalidad de los Fondos Next Generation asignados a Justicia. Para ello, se han fijado 16 proyectos prioritarios, divididos en tres grupos: Proyecto 0, infraestructuras digitales; Proyecto País, iniciativas comunes que garanticen una serie de servicios mínimos e interoperables en todo el territorio, y Proyectos de Iniciativa Autonómica, donde Canarias ha presentado cuatro, por importe de 6.715.456 euros, que fueron aprobados.
En concreto, y de acuerdo con el programa acordado entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia, este dinero se tendrá que destinar a la adquisición de infraestructuras tecnológicas; a servicios homogéneos, a través de los cuales se pretenden desarrollar los sistemas de gestión procesal de cada comunidad autónoma, garantizando una serie de servicios comunes que permitan la integra y eficaz gestión telemática; y a proyectos de ciberseguridad. Cada proyecto tiene
una ficha de financiación determinada y su cumplimiento se determina en base a hitos y objetivos, tal y como exigen los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
El pleno también ha aprobado el Marco Común de Igualdad, documento que pretende establecer las directrices que deben contener los planes de igualdad que se aprueben en las comunidades autónomas en el ámbito de la Administración de Justicia; la propuesta estándar de rehabilitaciones sostenibles, una guía que recoge los criterios a tener en cuenta en relación a la rehabilitación de edificios, y la apertura y accesibilidad del portal de Datos de Justicia.
Además, el Ministerio informó del estado de la tramitación de las leyes de eficiencia que tiene previsto aprobar, así como del nivel de implantación del nuevo modelo organizativo, más en concreto del apoyo técnico y la asistencia que se recibirá para el diseño de las oficinas judiciales.
En su intervención, el consejero Julio Pérez insistió en la importancia de que la elaboración y aprobación de las nuevas leyes y normas se acompañen de un plan detallado para llevar a cabo su implantación efectiva. Recordó que, en algunas reformas anteriores, como la nueva oficina judicial, ha costado años o incluso lustros su implantación. Eso no debería pasar ahora, dijo, especialmente a la vista de la importancia de la gran transformación de la Justicia que entrañan las reformas proyectadas para la mejora de la eficiencia procesal, digital y organizativa de los juzgados y tribunales.
También se refirió, como en anteriores conferencias, a la necesidad e importancia de que el diseño de los nuevos edificios judiciales, que en Canarias son varios y en varias islas, se atenga al nuevo modelo de organización de la Justicia y no se limite a reproducir o a aumentar los espacios y la distribución tradicionales.
Julio Pérez habló de la necesidad de conocer cuanto antes el detalle de las unidades judiciales de nueva creación que podrán ponerse en marcha en este ejercicio, para preparar su instalación, que, en algunos sitios, como Santa Cruz de Tenerife, suele necesitar una preparación muy laboriosa, a diferencia de otros partidos judiciales, como La Laguna o Las Palmas de Gran Canaria, en donde los edificios actuales permiten contar con espacios susceptibles de acoger más órganos judiciales de forma casi instantánea.
