La ULL y la ULPGC reclaman 10 millones de euros para mantener sus servicios

Diez millones de euros. Esa es la cantidad que reclaman las dos universidades públicas de Canarias para garantizar la actividad de algunos de sus servicios esenciales. Los rectores de la Universidad de La Laguna (ULL), Rosa Aguilar, y de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, comparecieron ayer ante la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Parlamento de Canarias y reclamaron «un flotador» de diez millones de euros para no «ahogarse» debido al aumento de gastos estructurales y la infrafinanciación. Además de la puesta en marcha de proyectos centrados en Infraestructura, Transformación del Modelo Productivo y Transformación Digital, las dos universidades abogan por la puesta en marcha de un Pacto Canario por la I+D que permita alcanzar en las Islas la media española de inversión pública en porcentaje del PIB (0,5%), durante el sexenio 2022 a 2027, lo que equivale a un incremento presupuestario de diez millones anuales.

Para hacer frente a esta crítica situación, las dos universidades públicas canarias propusieron al Gobierno de Canarias la puesta en marcha de diferentes actuaciones. En primer lugar, formulan una acción de carácter inmediato que atienda a la necesidad coyuntural derivada de la pandemia y las consecuencias de la guerra en Ucrania. A más largo plazo, presentan otro proyecto estructural que quedará plasmado en el futuro Contrato Programa.

Todas estas peticiones se realizan puesto que, a pesar del esfuerzo en mejorar la partida presupuestaria para la financiación de las infraestructuras universitarias, que crece en 2022 en 1.227.500 euros, la financiación estructural de las universidades públicas no hace sino decrecer ya que los incrementos previstos no cubren sus necesidades de financiación. De hecho, este año, a pesar de contar con una partida para gastos de funcionamiento que crece un 0,76%, no se han podido cubrir los incrementos retributivos de su personal, que han pasado del 0,9% de 2021 al 2% en este año 2022.

«Debemos ser punta de lanza del cambio; si nos transformamos, la sociedad también»

Rosa Aguilar

— Rectora de la ULL

Las universidades también denunciaron la reducción de su participación en los presupuestos de la Consejería de Educación a lo largo de los últimos años. Mientras que en 2018 la suma de los créditos destinados a ambas universidades suponía el 13,87% del presupuesto total de la Consejería, el porcentaje se ha reducido hasta el 11,43% en 2022. Si esta caída no se hubiera producido, el aumento paulatino de la financiación hubiera permitido alcanzar los 52 millones de euros para las dos instituciones públicas este año. Con estos datos, la financiación de las universidades públicas canarias en relación al número de estudiantes se sitúa unos 1.000 euros por estudiante por debajo de la media nacional.

Por otro lado, el paulatino aumento del precio de ciertos bienes y servicios está asfixiando la capacidad de ambas universidades. Es el caso, por ejemplo, de la electricidad, para la que la ULL ha aumentado el gasto, que ha pasado de 1,3 millones anuales a unos 3,2 millones. En este sentido, la ULPGC sufrirá un defecto de financiación de 1,94 millones. Estas preocupantes facturas impiden a las universidades asumir una política de impulso para mejorar la calidad de la educación superior, así como garantizar el mantenimiento estructural de las infraestructuras, la mejora de la gestión y el adecuado impulso a la docencia y la investigación. En este sentido, Aguilar y Serra advirtieron que es necesario acometer mejoras de los espacios docentes y para la calidad de la investigación y docencia, como los laboratorios y otros espacios similares, para dar cumplimiento así a los Planes de Inversión en Infraestructuras para el próximo quinquenio.

Medidas

En cuanto a las medidas coyunturales propuestas por los rectores para los años 2022 y 2023, solicitan fondos que palíen el sobrecoste energético que se está padeciendo. Además, quieren poder disponer, de forma puntual, de los remanentes de tesorería de gastos generales que se han ido acumulando en pasados ejercicios para emplearlos en el pago de gastos estructurales. Esta compensación está cifrada en cinco millones de euros anuales para cada universidad.

En cuanto a las medidas estructurales, como primera aproximación las universidades consideran la posibilidad de elevar al menos una décima el porcentaje de financiación respecto al PIB, pasando de un 0,5% a un 0,6%, lo que supone un incremento de 47 millones de euros aproximadamente para la financiación del sistema público de universidades del Archipiélago.

«No se puede pedir a un mileurista que descubra una vacuna contra el cáncer»

Lluís Serra

— Rector de la ULPGC

Todas estas acciones permitirían mejorar la calidad educativa de las universidades públicas canarias, con la mejora de la docencia, la investigación, un plan de financiación de las infraestructuras universitarias y la mejora de la gestión y la eficiencia. En este punto los rectores hicieron hincapié en que «la investigación y generación de conocimiento nuevo es, y debe seguir siendo, la razón de ser de la universidad» y añadieron que «la materia prima para generar ese conocimiento es el personal investigador».

Apoyo

El presidente y el diputado en el Congreso de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez y Pedro Quevedo, respectivamente, se comprometieron ayer con los rectores de las universidades públicas canarias en mantener su compromiso «firme y decidido» para que ambas instituciones tengan la financiación «necesaria» con la que formar a los profesionales de las Islas y contribuir a generar conocimiento para el desarrollo de Canarias. Tanto Aguilar como Serra mostraron su gratitud a Rodríguez y Quevedo por cumplir el compromiso adquirido en septiembre para ayudar a financiar a los dos universidades públicas y lograr incluir cinco millones de euros para cada una de las citadas entidades con las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.

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