Momentos de tensión y ansiedad se vivieron durante la jornada de ayer jueves en la vivienda de Ulises Montesdeoca y Gloria Molina, en el municipio lanzaroteño de San Bartolomé. Personal del Gobierno de Canarias trasladó a un centro al niño de casi cuatro años que dicho matrimonio mantenía en acogida desde que tenía dos meses. Y esa actuación del Ejecutivo autónomo se efectuó en base a una resolución administrativa de octubre del año 2020, por la que se decretó la declaración provisional de desamparo y se declara su situación de adoptabilidad, mediante el cambio del acogimiento familiar a la guarda por parte del Gobierno canario con fines adoptivos. Es decir, que el pequeño ingresará en un centro hasta que se entregue a sus padres adoptivos.
Después de una batalla administrativa y judicial, dicho matrimonio afirma que se mostró dispuesto a colaborar en la entrega del pequeño y reclamaba que el menor no padeciera una ruptura traumática con la que ha sido la única familia que ha conocido, sino que el proceso de ingreso en un centro o de entrega a otro núcleo familiar se hiciera mediante una transición de dos o tres semanas.
Fuentes de la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia del Ejecutivo autónomo explicaron que el acogimiento familiar es una figura administrativa por la cual una familia acoge de forma temporal a un niño mientras se trabaja con la familia biológica para lograr, si es posible, la reintegración del menor con la misma, una vez que se solventen las condiciones que propiciaron la medida de protección.
En la misma línea, la administración regional señala que, si esta reintegración no es factible, desde la Dirección General se trabajará en la figura de la adopción como medida de protección estable y definitiva.
Desde esa base, el Ejecutivo autónomo manifiesta que “lo primero que es importante subrayar es que el acogimiento familiar no es una vía de acceso a la adopción”. Explica que, en este momento, en el Archipiélago existen 1.300 menores de edad en el sistema de acogida familiar y 700 en el sistema residencial. Según la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, “es importante recalcar que este es el único caso conflictivo al que se enfrenta en la actualidad” dicho departamento.
En este caso, según la versión del Gobierno, se produce una resolución por la que cesa el acogimiento familiar en el mes de noviembre del año 2020, “atendiendo siempre al interés superior del menor y bajo criterio de los técnicos de la Dirección General”.
Además, se insiste por parte de la administración regional en que, en todo este periodo, la familia acogedora ha impedido que el personal de la Dirección General tenga acceso al niño para comprobar su estado y elaborar los informes pertinentes.
Esta circunstancia “hace que, a criterio de los técnicos, se considere que esta familia está incumpliendo los protocolos de acogimiento” establecidos.
No obstante, desde la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia se respeta que la familia acogedora ejerza todas las medidas legales que considere oportunas.
Para Ulises Montesdeoca y Gloria Molina, el hecho de que el niño en desamparo pase ahora a un centro a la espera de que una nueva familia lo adopte de forma definitiva puede generar daños morales en el pequeño.
Ulises y Gloria manifestaron a los técnicos que acudieron a su vivienda para recoger al niño que le habían enviado un escrito en el que se comprometían a colaborar en la entrega del pequeño y en la fase de transición. De forma insistente, Gloria planteó que no debían actuar de esa forma con el menor, por su propio interés. Y el técnico responsable le explicó que “ya no hay marcha atrás” en dicho proceso. “Es un niño de cuatro años, que no entiende la burocracia”, indicó la mujer que ejerció como madre de acogida. Gloria Molina agregó que el informe psicológico realizado al pequeño indica que “el niño no está bien”, pues tiene “estrés psicológico muy fuerte”.
Dicho matrimonio presentó, a finales del año 2020, un escrito en el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Las Palmas para intentar paralizar el proceso de adopción del pequeño.
En aquel momento, el Ejecutivo autónomo explicó que la familia denunciante en este caso no reúne las condiciones para acogerse al modelo de acogida permanente, en la medida en que el niño todavía es muy pequeño y puede asimilar su integración en el futuro hogar.
Ulises Montesdeoca y Gloria Molina tienen tres hijos biológicos y en 2018 decidieron implicarse en la acogida de un menor. Y recibieron un niño de apenas dos meses, cuya madre biológica estaba enferma y hospitalizada, mientras que su padre no podía darle una atención adecuada. Y esa situación de incapacidad para atender de forma adecuada al niño se mantenía en el segundo semestre del 2020. Gloria y Ulises consideraron que, en este caso, se podría aplicar la figura de la “acogida permanente”, mediante la que el citado pequeño pueda estar en su hogar hasta que cumpla los 18 años y decida con quién quiere residir. Y, de hecho, lograron que la familia biológica les firmara un poder en una Notaría para que ellos se hicieran cargo del menor de forma permanente, mientras que sus progenitores naturales lo podían ver cuando desearan.
