Saray se despertó este miércoles con varios golpes en la puerta de hierro de su piso. “Abro y me encuentro con cinco hombres enormes, tatuados, con chaleco y cinturón como los de la policía, diciendo que me vaya de mi casa”, cuenta. Ella está embarazada de seis meses, y su marido se puso nervioso cuando le mostraron un papel del juzgado diciendo que era una orden judicial. Nada que ver. Era una forma de engañarles. Estuvieron a punto de echarles si no es por la Iglesia Evangélica de Barona y el sindicato de barrio Orriols en Bloc.

Las vecinas se plantaron en la puerta de Sheila rápidamente, pero los trabajadores de esta empresa de desokupación no les permitieron pasar del rellano. Varios presentes cuentan que los hombres portaban tatuajes y estética ultraderechista, atuendos propios de vigilantes de seguridad y varios de ellos eran de gran envergadura. Pese a que no hubo agresiones, sí que se encararon con varias personas. Finalmente los vecinos llamaron a la policía y, ante la llegada de los agentes, los cinco hombres se fueron de la vivienda. No quisieron dar el nombre de su empresa pese a las repetidas preguntas de este medio. Sí que amenazaron, momentos antes de irse, con que este jueves intentarían dejar en la calle a un vecino de enfrente, y que no se iban a ir del barrio porque tenían más encargos de desokupaciones allí.

"El fondo de inversión está utilizando vías ilegales de actuación", denuncia Pura Peris

Durante las 'negociaciones' para que dejaran la casa, los cinco hombres ofrecieron dinero a la pareja para que se fueran. "Nos dijeron que nos daban 500 euros si nos íbamos, y que nos lo subían a 700 si dejábamos la casa antes de las tres", cuenta Juan, el marido de Saray. "Que tenían una furgoneta para ayudarnos a hacer la mudanza y nos la llevaban donde le dijéramos, y hasta que nos pagaban una noche de hotel si dejábamos la casa ya", cuenta ella.

A sueldo de los inversores

El piso, situado en la calle San Juan de la Peña, en el corazón del barrio de Orriols de València, es propiedad de una socimi, es decir, un instrumento para que fondos extranjeros puedan invertir en el mercado de la vivienda en España. El propietario de la casa es "Global Sauco SL", con un capital social de tan solo 3.600 euros y creada el 29 de enero de 2020. Su propietaria a su vez es la socimi "Global Piegalo SA" creada el mismo día y con un capital social de cinco millones de euros.

A los ocupantes se les entregó un papel con un nombre y número de teléfono de una mujer para "negociar un alquiler social". Tampoco ha querido contestar a ninguna pregunta de este medio ni revelar el nombre de la empresa de desokupaciones. Esta otra empresa para "negociar el alquiler", se llama "Administración y Gestión de Inmuebles Sociales S.L" y fue creada hace poco mas de un mes con el mínimo necesario para ello en su capital, 3.000 euros. No tiene más actividad conocida. Para la abogada especialista en derecho a la vivienda María José Alamar, de Aliter Abogados, "puede tratarse de una empresa creada expresamente". En cualquier caso, se trata de fondos de inversión extranjeros tratando de hacerse con la vivienda por vías ilegales.

Lo explica Pura Peris, directora general de Emergencia Habitacional de Conselleria de Vivienda. "Estas personas no tienen potestad ni autoridad para llevar ninguna sentencia judicial ni hacer esto. El oficio lo debe llevar el Servicio Común de Notificaciones del Juzgado o la Policía, no una empresa privada, que son quienes se encargan siempre con una decisión judicial. El fondo de inversión está utilizando vías ilegales de actuación", remarca. "Desde luego es una situación de acoso inmobiliario y nos estamos planteando acciones de oficio", explica.

Saray y Juan, por su parte, son dos jóvenes sin ingresos que decidieron meterse en un piso de patada de un fondo de inversión para tener un techo. Ella está embarazada y él busca trabajo, los dos cobran algunos subsidios que no les dan para vivir en ningún lado. Son conscientes de su situación, así que guardan sus cosas en bolsas en el comedor de su casa, por si algún día toca irse corriendo.

"Nos dijeron que nos daban 500 euros si nos íbamos, y que nos lo subían a 700 si dejábamos la casa antes de las tres", lamenta Juan

Tras haber conseguido quedarse en la vivienda y con un poco menos de miedo en el cuerpo Juan explicó que esas personas llevaban varios días vigilándoles. "Ayer les vimos en un coche y la semana pasada también, cuando han llamado a la puerta les hemos puesto cara. Llevaban tiempo detrás de nosotros y nos lo han dicho", cuenta Juan.

La Unidad de Ayuda en caso de Desalojo (UAD) de conselleria de Vivienda, se ha puesto en contacto con los afectados y explica que "el juzgado había iniciado un procedimiento contra ignorados ocupantes, así que ellos irán al juzgado para reclamar un abogado de oficio y demostrar que viven ahí. Tienen derecho a ser notificados, a defenderse y tener un abogado, no a que unos hombres vengan y les digan que se tienen que ir", denuncian.

Por el momento, los vecinos del barrio se preparaban por si los trabajadores de esta empresa cumplen su promesa de volver. "Te dicen que no te tiran a la fuerza, pero si abres la puerta de tu casa y ves a cinco tíos musculados de más de cien kilos cualquiera se asusta", dice una vecina.