Desahuciadas de su hogar de forma repentina. Eso es lo que vivieron Águeda Padilla y María Teresa Serrano hace solamente unos días cuando en torno a la media noche cuatro policías se acercaron hasta sus tiendas de campaña para informarles de que debían marcharse de ese lugar, tal y como cuentan las propias afectadas. En mitad del campo vivían, donde habían intentado crear un hogar entre enseres donados y otros recogidos en la calle. La limpieza de la zona que mantenían y la vida tranquila y sin altercados que buscaban huyendo en las calles de Alicante no fueron motivos suficientes para tener que buscar otro lugar en el que asentarse.
Según explican, debido a la falta de electricidad que les pudiera proporcionar iluminación, sus horarios vienen marcados por el Sol, por lo que madrugan y se acuestan pronto. Por este mismo motivo, Padilla explica que les cogió desprevenidas la llegada de los agentes a esas horas "intempestivas". Una vez allí les informaron de que el terreno en el que estaban asentadas era de propiedad pública, y les recomendaron desplazarse hasta otra parcela de propiedad privada, donde para echarlas hace falta una orden judicial a raíz de una denuncia del propietario.
Esta actuación por parte del cuerpo policial municipal se produce, afirman, días después de la publicación de un reportaje que publicó este medio para mostrar cómo vivían. Los agentes, añade María Teresa, les dieron 48 horas para dejar el lugar, el miedo ya había hecho que «no durmiéramos en toda la noche». A la mañana siguiente se pusieron manos a la obra para intentar trasladar todo aquello que tenían, principalmente las tiendas de campaña, su principal refugio. Tras varios viajes de una mudanza forzosa. Ahora confían en que puedan vivir tranquilas sin que nadie les moleste, por lo que el nuevo asentamiento ya intenta volver a ser un hogar, dentro de lo que la crudeza de la vida al aire les permite.
Desde la asociación alicantina Cometas y Sonrisas, una de las tantas que colaboran para hacer más llevaderas las condiciones de la calle, su presidenta, Paqui Moya, explica que han tenido que volver a conseguir tiendas de campaña, algunas de ellas dejadas, otras de segunda mano. No les dio tiempo a retirar todas sus pertenencias, pues aún no habían pasado los días de margen y lo poco que les quedaba se lo hallaron «destrozado» cuando regresaron, todo esto se llama "aporofobia", matiza Moya, quien también lamenta la nueva ordenanza contra la mendicidad del Ayuntamiento de la ciudad.
En este sentido, Paco Serrano, uno de los voluntarios de Cáritas y Acomar, que también colabora en esta tarea, asegura que se habla de multas "a partir de 750 euros» a aquellas personas que como él o sus colegas, dan comida a estas personas que no tienen una vivienda en la que refugiarse. A esto añade, «los recursos sociales del Ayuntamiento no están ayudando para nada".
