El magistrado Joaquim Bosch (Cullera, Valencia, 1965) presenta este jueves en la ciudad de Murcia su libro La patria en la cartera (Ariel). Lo hará a partir de las 19.30 horas, en un acto en el Moneo con entrada libre hasta completar aforo. A propósito de este presentación, el juez y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia charló ayer con LA OPINIÓN DE MURCIA, diario que pertenece al mismo grupo que este periódico, de corrupción y de ética.
Llega usted a Murcia con La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España. ¿Qué va a encontrar el lector en este libro?
El lector puede encontrar una explicación de por qué en nuestro país tenemos una corrupción estructural que se mantiene desde hace muchísimo tiempo y, a la vez, puede entender las causas históricas que lo explican y las razones institucionales que muestran por qué es tan difícil acabar con las prácticas corruptas. Y especialmente puede entender que la corrupción no es un problema de cuatro manzanas podridas o de delincuencia puntual, sino que causa un perjuicio económico a la vida diaria de las personas.
"Está asumido que, sin una condena, nadie dimite: pero es que eso no es dimitir, es que el juez te ordena que dejes tu cargo"
Con frases como ‘es que todos los políticos roban’, ¿está la ciudadanía justificando, de alguna manera, la corrupción? ¿Es consciente de que le roban?
No es consciente la ciudadanía en parte porque hasta hace poco no había mediciones del impacto económico que generaba la corrupción. En los últimos años hay ya diversos estudios de economistas expertos en la materia que nos dicen que si, a la muerte de Franco, España hubiese acabado con la corrupción que venía de la dictadura, hoy tendríamos una renta per cápita superior a la media europea y cercana a la de Finlandia. Digamos que la gente intuye que hay un robo a las arcas públicas, pero no el impacto en conjunto, que es enorme, porque en las contrataciones públicas se manejan millones de euros.
¿Pasa esto en Europa?
Los países que tienen la corrupción en niveles más bajos, como Dinamarca, Suecia, Alemania o Nueva Zelanda, al mismo tiempo son los que tienen más calidad económica también. Las prácticas corruptas ralentizan la actividad económica: premian a los que no aportan productos empresariales mejores y, en conjunto, daña mucho el sistema económico. Acabar con la corrupción tendría efectos también muy importantes.
"En Suecia, una ministra dimitió por comprar unas chocolatinas con dinero público"
¿Por qué no se hizo aquí, por qué no se atajó la corrupción a la muerte del dictador?
Era muy difícil. Yo creo que la Transición tuvo efectos muy positivos, porque nos permitió en muy poco tiempo articular un sistema democrático, aprobar una Constitución… pero no fue posible acabar con la corrupción porque hubo muchas continuidades, muchos dirigentes políticos del franquismo que continuaron en democracia, y también muchas continuidades en el ámbito empresarial. Al mismo tiempo, a la oposición antifranquista le resultaba muy difícil poner sobre la mesa el problema de la corrupción, porque se estaban negociando grandes pactos de Estado. Y es muy difícil negociar si echas en cara violaciones de derechos humanos, una corrupción instalada en las instituciones… por eso el problema de la corrupción del franquismo se afrontó ignorándolo. Simplemente no se habló del tema y se acordó profundizar en otro tipo de cuestiones.
"Hasta el año 2015 no se incorporó el delito de financiación ilegal"
Volviendo a la corrupción actual, en ocasiones las personas o los partidos se amparan en que algo es legal, aunque otras voces cuestionen que sea ético. En la Región, el Gobierno autonómico falló un contrato público a favor de una empresa en que el director general es el esposo de la secretaria general de Presidencia. ¿Usted ve aquí prácticas corruptas?
Por supuesto. Las prácticas amiguistas, sean delito o no, son corrupción. Otra cosa es que no estén penalizadas, pero ese es otro problema. En España, hasta los años 90 no era delito el tráfico de influencias. Hasta el año 2015 no se incorporó el delito de financiación ilegal. Los partidos incorporaban fondos de todo tipo y eso no era delito, pero era corrupción. Siempre son prácticas corruptas, aunque no estén en el Código Penal. Corrupción es un abuso del poder público para conseguir beneficios privados. Aunque ese caso de la Región en concreto no lo conozco, no puedo pronunciarme.
¿Es posible que no solo los políticos, sino también los ciudadanos, normalicen en España las conductas amiguistas?
En otros países está muy asumida la ética pública, que impide continuar en el cargo cuando se ha actuado de manera amiguista o inmoral. Tenemos una ministra sueca que dimitió por comprar unas chocolatinas con una tarjeta de dinero público. Los tratos de favor y las conductas amiguistas son contrarias a la ejemplaridad, y un político que actúa de manera no ejemplar no puede seguir en su cargo.
¿Y en el seno de los partidos?
Ha sido un deporte nacional embestir contra la corrupción del partido rival y proteger a los corruptos propios, en situaciones que pueden ser delictivas o no. Pero eso no es relevante.
¿Da igual que sea delito, siempre que sea inmoral?
Los partidos políticos han consentido todo tipo de actuaciones indecentes, sean delictivas o no. Está asumido por los partidos que, sin una condena penal, nadie deja su cargo. Muchos políticos dicen: ‘yo no dimito hasta que lo decida una sentencia’. Pero es que, en ese caso, no se dimite: es el juez el que ordena que deje el cargo. Dimitir es asumir unas responsabilidades políticas por haber actuado de manera contraria a la ética.
¿Cómo ve el caso de Díaz Ayuso, con la comisión a su hermano? Parece que la Fiscalía ya ha abierto diligencias.
Ahí hay dos planos diferentes: por un lado, el penal, en el cual la Fiscalía deberá determinar si hay indicios de delito y, en su caso, ejercer las acciones que resulten pertinentes. Pero, aunque esa conducta concreta no sea delito, no significa que moralmente sea correcta. Se debe aclarar si, efectivamente, ha habido un trato de favor en beneficio de un hermano. Y, si ha existido ese trato de favor, aunque eso no esté configurado como infracción penal, un cargo público no está legitimado para seguir en las instituciones. Un político no puede utilizar su cargo para beneficiar a un pariente directo, con independencia de que eso sea delito o no.
