El día 12 de agosto de 2018, cuatro de los perros de Javier Tarrío se escaparon por un agujero que hicieron por debajo de la alambrada de su finca y mordieron a una vecina de la parroquia de Ribela. Ese suceso fue el detonante final de una guerra abierta entre los vecinos de la localidad de Trabadela y un hombre que en esos momentos contaba con diez perros en su finca. Esa guerra terminó llegando incluso al Parlamento gallego y originando una respuesta por parte de la Xunta de Galicia. Los diez perros de Javier Tarrío fueron llevados a la perrera en contra de su voluntad. Allí permanecieron hasta hace unos meses, cuando un juez decretó que los canes debían volver con su dueño, al menos parte de ellos.
“Un día abrí la puerta y me encontré a treinta personas delante de mi casa. Guardia Civil, Policía Local... hasta el teniente alcalde., Fue increíble. Estaban allí para llevarse a los perros”, recuerda un hombre que hasta ahora había apostado por guardar silencio sobre todo lo sucedido en aquellos meses del año 2018, hechos que a día de hoy todavía le causan dolor. Sin embargo, Javier Tarrío comienza su relato mucho más atrás, siete u ocho años antes, cuando se inició la tensión entre los pocos vecinos que habitan en la aldea de Trabadela. “Somos cuatro pero nunca se llevaron bien conmigo y siempre les molestaron mis perros”, explica.
El estradense, gran aficionado a los animales, contaba inicialmente con cinco canes pero la cifra fue aumentando. Dos más los dejaron abandonados a puerta de su vivienda y otros tres los rescató de perreras, “en muy malas condiciones”, lamenta. A Tarrío sin embargo no le gustaba como sus vecinos cuidaban a su perros. “Los tenían encadenados y los trataban mal, así que puse varias denuncian al Seprona pero nunca hicieron nada. Sin embargo, cada vez que venían pasaban por mi casa a mirarme los perros y comprobar los chips”.
En medio de esa tensión entre vecinos, llegó al trágico suceso, en el que una vecina resultó herida por uno de sus perros. “Me hicieron la vida imposible”, afirma el vecino de Ribela. “Llegaron a envenenar a tres de mis perros, me aparecieron las ruedas del coche rajadas en varias ocasiones, sufrí una agresión física por parte de dos vecinos. Todo eso lo denuncié ante la Guardia Civil pero quedó archivado. No había testigos de nada”, explica. Los vecinos crearon además un perfil de Facebook en su contra. “No queremos a Javi Tarrío en Trabadela, se llamaba. Además, realizaron manifestaciones delante del Concello para protestar, diciendo que yo tenía una perrera ilegal”, recuerda.
El ataque de los perros y la presión realizada por los vecinos terminó convirtiendo su caso en una cuestión política. “El caso llegó incluso al Parlamento, como si no hubiese cosas más importantes. A raíz de todo eso se metió la Xunta y me abrieron un expediente sancionador. Luego llegó el decomiso de los perros”, recuerda.
En la primera ocasión en la que la Guardia Civil se presentó ante su puerta, Tarrío se negó a entregar a todos los perros. Solo dio a los cuatro que se habían escapado de su finca y entre los que se encontraría el que mordió a la vecina. Unos días, las fuerzas del orden regresaron para terminar llevándose a todos los perros a la perrera CAAN. Ese expediente se cerró en seis meses con duras sanciones para Tarrío: 4.500 euros de multa por tener perros de raza considerada peligrosa sin licencia y sin seguro, por tener perros sin chip, por tener una perrera ilegal y por recoger perros abandonados. Además, lo inhabilitaban de por vida a tener perros o cualquier tipo de animal.
Emigrado a Alemania
“Tenía dos opciones, o aceptarlo o demandar a la Xunta, y decidí hacer lo segundo”, explica. Tarrío inició los trámites con su abogado y decidió poner tierra de por medio. Emigró a Alemania, donde pasó dos años, trabajando curiosamente como adiestrador canino. Regresaba solo en momentos puntuales, especialmente para estar presente en todo el proceso abierto contra la Xunta. Finalmente, el juez dictó sentencia a su favor. “Dijo que me tenían que devolver los perros y anuló todas las sanciones en mi contra. No veía causas para el decomiso”. Tarrío recibió después una visita de técnicos de la Consellería de Medio Ambiente, para analizar la finca en la que iban a vivir los perros. Había afianzado el cierre con una base de hormigón y subiéndolo la valla a dos metros de altura pero los técnicos mandaron subirla hasta los 2,40 metros para asegurarse de que ningún can se iba a escapar.
Finalmente, cuatro de los perros regresaron a Ribela, mientras que dos habían muerto en la perrera por culpa de un virus intestinal. Tarrío lucha ahora en los tribunales por los otros cuatro perros –los que en su día se escaparon y agredieron la vecina–, que según explica, se han quedado en un vacío legal por la forma de la sentencia del juez. Ha realizado varios escritos ante la Xunta, pidiendo que se los devuelvan, aunque nunca ha recibido respuesta. “Usan el silencio administrativo y mientras los perros siguen en la perrera. Son perros de entre diez y doce años a estas alturas. Seguro que están esperando a que mueran”, afirma. Incluso ha solicitado que los perros sean puestos en adopción para que otra persona pueda hacerse cargo de ellos y no tengan que pasar la mitad de su vida en una perrera.
Mientras continúa con su lucha Tarrío disfruta de los perros que ha logrado recuperar, aunque sin sacarlos nunca de casa. Su objetivo es evitar nuevos conflictos con los vecinos. “Sé que me están esperando”, lamenta.
Dos murieron en la perrera y se los devolvieron congelados
Los perros de Javier Tarrío fueron llevados en el mes de octubre a la perrera CAAN, donde han permanecido hasta que salió la sentencia del juez. A partir de ese fallo, Javier Tarrío reclamó que se le devolviesen. La Xunta decidió entonces devolverle los seis perros que no se habían escapado y que por lo tanto no habían participado en el ataque a la vecina. Tarrío tuvo que pagar los costes del envío y de esta manera volvieron a casa Mima, Nora, Cora y Momo, tres boxer y un perro mestizo. Los otros dos, Jimy y Daisy, fallecieron sin embargo en la perrera. El primero de ellos, un boxer, tenía ya muchos años, más de trece, cuando se marchó para la perrera. La mastina Daisy sin embargo era mucho más joven. Según el informe que le hicieron llegar desde CAAN, ambos fallecieron de un virus intestinal. Lo curioso es que la Xunta cumplió con lo mandado por el juez y entregó los perros a su propietario. Lo hizo sin embargo con ellos congelados. Javier Tarrío sigue ahora peleando por los otros cuatro perros y gastando su dinero en nuevos recursos judiciales. Su meta es conseguir que estos canes no terminen su vida en una perrera. Pide que los devuelvan o bien que sean dados en adopción para que los cuide otra persona.
