La consejera de Derechos Sociales en el Gobierno de Canarias, Noemí Santana (Podemos), afirmó en la mañana de este lunes que la situación en las islas con los menores migrantes no acompañados o en situación de desamparo familiar sigue siendo "gravísima". No obstante, aclaró que la situación se ha aliviado, de forma parcial, en la medida en que recientemente se ha descubierto que sesenta de ellos tienen más de 18 años, en base a las pruebas que se les realizan.
Santana indicó ante los medios de comunicación que esta realidad "sigue siendo crítica", en la medida en que el Archipiélago soporta casi en solitario la atención y la educación de dichas personas, sobre todo magrebíes y subsaharianas, ante la falta de apoyo por parte de otras comunidades autónomas para hacerse cargo, de forma proporcional, de parte de ellos. En el último año y medio, poco más de 200 chicos han sido acogidos en otras regiones. La comunidad que más ha colaborado hasta ahora ha sido Cataluña.
En opinión de la consejera, también "se han producido ciertos avances" en este ámbito, puesto que ya quienes aseguran a la Policía Nacional que son menores de edad no pasan las primeras 72 horas de estancia en una Comisaría, sino que se derivan a centros de acogida habilitados para menores de edad.
Santana señaló que "un alto índice" de migrantes que llegan a Canarias en pateras, cayucos o lanchas neumáticas y dicen ser menores de edad, en realidad tienen más de 18 años.
De hecho, admitió que si en el Archipiélago están acogidos hasta el momento 2.800 menores en situación de desamparo familiar, se estima que unos 1.300 son, en realidad, mayores de edad.
Pero la consejera de Derechos Sociales está convencida de que en un asunto de estas características la actuación no se puede basar en poner parches, sino en aplicar soluciones reales.
Explicó que, recientemente, mantuvo un encuentro con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que se comprometió a adoptar las medidas necesarias "para que se cumplan los tiempos" a la hora de poder determinar si un migrante es menor o mayor de edad. Dicho periodo, oficialmente, no debe superar los 90 días. Pero, por lo general, dicho plazo se supera de manera considerable.
Además, Santana aclaró que en el próximo encuentro entre los representantes del Gobierno del Estado y el Ejecutivo autónomo, uno de los puntos del orden del día será la "crisis migratoria" y el problema de los menores en situación de desamparo familiar.
