Los centros de investigación públicos españoles deberán desplegar planes específicos contra el acoso a las mujeres y a las personas LGBTI+, según constata el último borrador de la 'Ley de la ciencia' al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico. El anteproyecto de ley, que el Gobierno prevé aprobar tras el Consejo de Ministros del próximo martes, también hace hincapié en la necesidad de "integrar personal experto en género en los órganos de evaluación", "incorporar la perspectiva de género como una categoría transversal en la definición de las prioridades de la investigación" y en las medidas para "estimular y dar reconocimiento a la presencia de mujeres" en el ámbito de la ciencia y la innovación.
Estas son algunas de las medidas que recoge la nueva 'Ley de la ciencia', impulsada desde el ministerio que ahora dirige la socialista Diana Morant, para forjar una "investigación abierta, inclusiva y responsable" en España. Tras más de un año de intenso debate, el nuevo marco normativo plantea una batería de herramientas para subsanar algunos de los déficits de la anterior legislación, aprobada en el año 2011 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y abre la puerta a un posible punto de inflexión para la comunidad científica española y los centros de investigación del país.
Según ha podido comprobar este diario, el último borrador de la 'Ley de la ciencia' incorpora algunas (aunque no todas) de las reivindicaciones planteadas por sindicatos, sociedades científicas y plataformas de investigadores durante la consulta pública y en el debate de las últimas semanas. El texto, actualizado tres semanas después del anterior borrador y cerrado tan solo unos días antes de llegar al Consejo de Ministros, refuerza el compromiso contra el acoso en los centros de investigación, esboza algunas mejoras en materia laboral, clarifica el redactado de varios artículos y corrige algunas de las 'lagunas' del anterior borrador.
A modo de ejemplo, el documento final que Morant llevará ante el Congreso (y que posteriormente pasará por el escrutinio del Parlamento para lograr su aprobación final) sí que reconoce a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) entre los centros de investigación públicos del país (un 'matiz' que no aparecía en el anterior borrador y que había despertado indignación en varias esferas de la comunidad científica).
Estos son los principales cambios que plantea la nueva 'Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación' y las novedades que refleja el último borrador de este anteproyecto de ley.
Modelos de contratación
La gran promesa de esta nueva 'Ley de la ciencia' es la de crear un nuevo marco normativo para mejorar de las condiciones laborales de los investigadores españoles. Para ello, una de las medidas planteadas en este anteproyecto es la creación de nuevas modalidades de contratación. La primera, y seguramente una de las más esperadas por una comunidad científica acostumbrada a encadenar contratos breves y precarios durante años, serán los contratos científico-técnicos, de carácter indefinido y que no formará parte de la Oferta de Empleo Público.
También se plantea la creación de un nuevo itinerario posdoctoral, inspirado en el modelo anglosajón de 'tenure track', de un mínimo de tres y un máximo de seis años al que podrán acceder tanto profesionales formados aquí como en el extranjero. "De forma simultánea, se establecerá un sistema de evaluación y acreditación que garantice que las personas que completan el itinerario puedan optar a la incorporación estable al sistema público de ciencia", recoge el texto. La incorporación de estos profesionales dependerá de las tasas de reposición de los centros, aunque la normativa plantea reservar para estos perfiles un mínimo del 25% de las plazas de los Organismos Públicos de Investigación y un 15% de las plazas en las universidades.
El nuevo marco legal también contempla la figura del 'investigador distinguido', para científicos tanto españoles como extranjeros, "que gocen de una reputación internacional consolidada basada en la excelencia de sus contribuciones en el ámbito científico y/o técnico". Esta modalidad de contrato podría permitir convertirse en un incentivo para atraer talento internacional, frenar la fuga de cerebros o, como menciona el texto, "a ser posible, promover su retorno".
El documento final que este martes se llevará ante el Consejo de Ministros incorpora una de las peticiones en materia laboral que habían puesto sobre la mesa sindicatos y sociedades científicas: el derecho a indemnización tras la finalización del contrato (equivalente a 12 días por año trabajado) se aplicará tanto a las nuevas incorporaciones como a los científicos contratados antes de la entrada en vigor de esta ley. Hasta ahora, dado que gran parte de los contratos científicos eran de carácter temporal, los investigadores no tenían derecho a indemnización.
Incentivo a la 'ciencia abierta'
La última versión del texto incorpora una serie de menciones sobre "fomentar la ciencia abierta y al servicio de la sociedad". En primer lugar, el documento apunta que "el personal investigador debe recibir incentivos para publicar los resultados de su investigación en abierto" (es decir, en un formato accesible y sin 'muro de pago').
En segundo lugar, también se añade una línea estratégica para "incentivar y reconocer" la labor de divulgación científica de los investigadores y de las unidades de cultura científica de universidades y centros de investigación (algo que también responde a una de las grandes quejas de la comunidad científica, que hasta ahora reprochaba que los trabajos de divulgación no se tuvieran en cuenta como parte de su labor científica).
El documento también reconoce "el valor de la ciencia como bien común" y, sobre este principio, plantea desarrollar "iniciativas orientadas a facilitar el libre acceso a los datos generados por la investigación" así como promover programas de ciencia ciudadana para incluir a varias esferas de la sociedad en el proceso de investigación científica.
Despegue de la Agencia Espacial Española
La creación de la Agencia Espacial Española, uno de los grandes proyectos lanzados por el exministro y astronauta Pedro Duque, también destaca entre las grandes novedades de esta ley. Aunque la hoja de ruta de esta entidad ya había sido anunciada, el último borrador del texto añade un desglose más detallado de sus funciones. Se menciona, entre otros, el "fomento, ejecución y desarrollo" de proyectos relacionados con el ámbito "del espacio, la seguridad y defensa nacional". Sobre todo en cuanto al uso (y desarrollo) de satélites y la gestión de los datos obtenidos de esta actividad.
Estas labores, según constata el documento, se realizará en plena coordinación con la Agencia Espacial Europea (ESA) y otras organizaciones internacionales. En términos de presupuesto, se detalla que la creación de esta entidad "se realizará sin aumento de gasto público" y que los proyectos planteados se financiarán por la misma vía que los demás trabajos de investigación (es decir, "la asignación competitiva y eficiente de los recursos públicos"). En cuanto al despegue de este proyecto, el texto especifica que el Gobierno aprobará en el plazo máximo de un año el estatuto de la Agencia Espacial Española de la mano de todos los ministerios implicados en sus labores.
