Educación quita hierro a las cartas de antivacunas enviadas a los centros. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias rebajó este martes la gravedad de las cartas enviadas a varios centros educativos de las islas por parte de dos organizaciones de antivacunas apuntado que las misivas «están dentro de la libertad de expresión» encuadrándolas en un caso de intimidación y no de amenazas como denuncia el sindicato ANPE Canarias.
Educación no baraja denunciar el envío de estas cartas a varios centros educativos, al considerar que no suponen una amenaza real. Las cartas han sido enviadas en las últimas semanas a centros educativos de todos los niveles y de todas las islas por la Asociación Sovida y por el International Business Club, ambas con sede en Gran Canaria.
De hecho, fuentes de Educación apuntan que la misma Consejería también ha recibido estas cartas y recalcaron que las misivas critican en general todas las medidas puestas en marcha en los centros educativos para frenar el avance de la Covid-19 como las mascarillas en espacios abiertos o una presunta falta de información a la hora de administrar las dosis.
El sindicato ANPE Canarias instó ayer a la Consejería a denunciar los hechos ante la inquietud y preocupación que ha generado entre el personal docente. «Hay que respetar todos los posicionamientos sin caer en amenazas o coacciones. Los que quieran vacunar a sus hijos lo harán y los que no, no lo harán. Debe haber respeto. El profesorado está nervioso con esta situación», afirma Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.
Acusaciones
Las misivas van dirigidas a los miembros del Consejo Escolar a los que amenazan con denunciar por la comisión de «graves delitos tipificados en el código penal contra los menores de edad particularmente el delito contra la salud pública (tanto de índole físico como psicológico)».
Las dos asociaciones acusan a los docentes de difundir que las vacunas que se están poniendo a los menores son seguras afirmando que estas siguen en fase de ensayos, de mantener a los progenitores desinformados de la prescripción médica de las dosis o de promover una supuesta vulneración de la intimidad de los alumnos y una discriminación hacia los alumnos no vacunados además de imposibilitar el contacto entre hermanos que estudian en un mismo centro.
Por si todo esto fuera poco, en las cartas también acusan a los centros docentes de imponer la obligatoriedad de las mascarillas en las aulas «sin ser, un centro docente, un espacio cerrado abierto al público» asegurando que su uso carece «de base científica contrastada mermando considerablemente las capacidades respiratorias de los menores». Las cartas terminan lanzando un ultimátum de 10 días para atender sus peticiones antes de emprender acciones legales contra la directiva de los centros educativos.
«El profesorado se siente coaccionado e intimidado por esta situación. Nosotros hacemos lo que nos dice Educación. No cuestionamos la decisión de las autoridades sanitarias aunque no estemos de acuerdo en que se deba vacunar en los centros educativos», subraya Crespo. ANPE Canarias es el único sindicato que ha mostrado su rechazo a la experiencia piloto de vacunación en centros escolares puesta en marcha por la Consejería de Educación, aunque por motivos muy diferentes a los argumentos anticientíficos esgrimidos por los colectivos negacionistas y antivacunas.
«Los vacunódromos y los centros sanitarios son los lugares idóneos para vacunar no los centros educativos. Eso no quita para que tengamos que pasar por esta situación», añade Crespo. Desde el sindicato insisten en que no debe ser el profesorado quien asuma la carga burocrática de gestionar las autorizaciones con las familias y organizar el procedimiento de vacunación.
Estas cartas llegan tras las enviadas a personal sanitario de las islas y tras colapsar las mismas la cuenta de correo electrónico oficial de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Las Palmas de Gran Canaria.
