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Un total de 749 menores están tutelados en centros de Canarias

Save the Children demanda la elaboración de protocolos de prevención y detección temprana de situaciones que deriven en el desamparo de un niño

Imagen de un encuentro de familias de acogida de menores celebrado en Canarias. E. D.

Canarias cuenta con 749 menores declarados en desamparo y que son tutelados por el Gobierno regional en un centro. Son niños que han sufrido maltrato por abandono o negligencia en sus cuidados, abusos generalmente del entorno familiar u otras circunstancias que les impiden su pleno desarrollo, por lo que las administraciones se hacen cargo de su tutela mientras se soluciona la situación de riesgo y el menor pueda volver con su familia, si es lo mejor para él.

Son las comunidades autónomas las que determinan que un menor se encuentra en desamparo, a través de una comisión de tutela. También los progenitores pueden renunciar de forma temporal a la guarda de un hijo por circunstancias graves y por un plazo máximo de dos años. Los tutelados pueden pasar a vivir en un centro de menores o bien en acogimiento familiar (ya sea con miembros de su propia familia o con otra).

En 2020, el número de menores atendidos por el sistema público de protección a la infancia era de 49.171 -50.272 el año anterior-, según los últimos datos actualizados por el Observatorio de la Infancia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El total de acogimientos residenciales es de 16.991, mientras que 18.892 menores viven en familias. La mayoría de menores de edad en acogimiento residencial son varones -11.325 y 5.666 chicas- y están en el grupo de edad comprendido entre 15 y 17 años.

"Vemos que llegan cada vez más al sistema de protección niños más dañados, o porque la medida se ha puesto tarde o porque el maltrato y abuso que han sufrido ha sido crónico y grave", explica a Efe la especialista de políticas de infancia de Unicef Almudena Olaguibel, quien recuerda la importancia de trabajar más en prevención y junto a las familias para evitar las situaciones que provocan las separaciones.

Alguno de ellos son adolescentes con problemas de adicciones a sustancias e incluso que ejercen violencia, añade. "Son perfiles muy diversos y complejos, por eso su atención debe ser más individualizada dentro de los centros porque algunos tienen serios problemas de salud mental".

Para Save the Children, el sistema además de garantizar entornos seguros tiene que elaborar protocolos de prevención y detección temprana de esas situaciones como prevé la ley, reclama Catalina Perazzo, directora de Incidencia Política y Social de la organización.

Los expertos coinciden en la necesidad de evaluar las circunstancias de cada niño y de acortar al máximo la estancia en la medida protectora, garantizando el contacto con la familia de origen.

Con ese objetivo, apuntan, se debería caminar hacia centros más pequeños con un ambiente más cercano a una convivencia familiar, aunque las necesidades de acogida, sobre todo ante la llegada de niños migrantes, hace que los grandes centros sigan siendo la medida de acogida más rápida.

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