La Fundación Canaria para las Personas con Sordera y sus Familias (Funcasor) alerta de que en Canarias existe un problema para cubrir la demanda de intérpretes de lengua de signos. A través de un comunicado, la entidad señala que hay una creciente demanda de profesionales, hasta el punto de que, incluso, llegan a quedarse puestos de intérprete de lengua de signos española sin cubrir.

Muchas profesionales con esta titulación han decidido enfocar su vida laboral hacia otros ámbitos, debido a las frágiles condiciones laborales que, de manera general, han sufrido a lo largo de los años, según la mencionada fundación. Para esta organización, se registran fenómenos como la temporalidad y la inestabilidad de los contratos, formas de pago y retrasos en los mismos, bajas laborales, tarifas dispares y jornadas reducidas.

Asimismo, Funcasor indica que la escasez de nuevas promociones de intérpretes y una mayor sensibilización de la sociedad en general en relación a la atención a las personas usuarias de la lengua de signos hace que actualmente queden sin cubrir incluso puestos de jornada completa con un salario digno estipulado según convenio.

En el caso de las islas menos pobladas, esta realidad se hace más preocupante, precisa Funcasor, que lamenta que la situación afecta a las personas con sordera residentes en Canarias, que utilizan la figura profesional de la intérprete de lengua de signos española para acceder a la formación y a la información en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. Especialmente, continúa, en un mundo «pandémico» donde a día de hoy sufren una doble barrera de comunicación agravada por el uso de las mascarillas, apuntan desde la citada entidad.

Funcasor expresa que es vital para las personas con sordera que las universidades abran su formación de grado a estas profesionales. Esta escasez de intérpretes de lengua de signos española, según la Fundación, «terminará haciendo inviable que las administraciones públicas canarias, los centros educativos e incluso las empresas en las que hay integradas personas con sordera, puedan cumplir la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconoce el derecho al uso de las lenguas de signos españolas».