Una jueza de Icod da alas a los antivacunas

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Icod de los Vinos se ha amparado en un auto, al que ha tenido acceso El DÍA, en el «principio de prudencia» y considera que en el caso de los menores la vacunación contra el coronavirus ofrece «más riesgos que beneficios».

Con este argumento, la titular del citado juzgado icodense desestima la petición del padre para que fuera autorizada por vía judicial la vacunación de su hijo. No obstante, en el mismo auto la juez le da a la madre un plazo de dos años para decidir si cambia de opinión para vacunar entonces a su vástago, que aún sería menor de edad al contar entonces ya con 17 años.

En el auto, con fecha de 10 de diciembre de 2021, la magistrada utiliza entre otros argumentos para rechazar la petición de amparo judicial formulada por el padre del menor que éste «no acompañó de ningún informe médico ni ningún documento que sustentara su solicitud», solo un burofax de la madre de la menor en la que argumentaba las razones por las que se opone a que se le suministre a su hijo la vacuna anticovid, el certificado de nacimiento de su hijo y la sentencia de separación.

La magistrada señala que dejando al margen «opiniones o consideraciones personales» que puedan tener cada uno de los progenitores, es la madre la que ha aportado a esta causa «abundante documentación médica y científica sobre la vacuna» demostrando además, «un mayor conocimiento del tema de las vacunas por tener acceso a esa información como directora en un centro médico».

En este sentido, la juez estima que los argumentos de la madre para oponerse a que se le suministre la referida vacuna se basan en el «principio de prudencia, en que se desconocen los efectos de la vacuna a medio y largo plazo, ya que los ensayos clínicos no han terminado».

Controversia científica

Entre la comunidad científica hay controversia sobre la idoneidad de vacunar o no a menores de edad o adolescentes. Así se desprende de algunos estudios realizados por vacunólogos de reconocido prestigio internacional como Adam Finn y Andrew Pollard -publicados en la revista Archives of Diseases in Childhood-, donde no se decantan por una u otra opción, pero sí remarcan los puntos a considerar en cuanto a la vacunación de los menores para abordar los pros y contras.

En cuanto a los beneficios que supone la vacunación de los menores, ambos especialistas enumeran la protección que esta tiene frente a la enfermedad grave, la protección frente a la enfermedad inflamatoria multisistémica, frente a la Covid-19 persistente, la prevención de la transmisión comunitaria así como que puede evitar daños indirectos como las cuarentenas o cierres de escuelas. En cuanto a los riesgos, ambos expertos evidencian ciertos riesgos por efectos adversos, la seguridad a largo plazo, escasez en el suministro de vacunas, coste y la interferencia con los programas tradicionales de vacunación infantil.

Finn y Pollard concluyen que la decisión de vacunar o no vacunar es más complicada en menores que en adultos, ya que el balance riesgo por beneficio está más matizado. Por otra parte, es importante abordar la vacunación según los segmentos de edad (menores y mayores de cinco años), mantener la vigilancia y, en especial, la de las variantes, el contexto socioeconómico del país y los esquemas de vacunación con una dosis para reducir el riesgo de miocarditis. En síntesis, parece prudente y sabio en el momento presente sopesar los riesgos y los beneficios con precaución y proceder con cuidado.

Ese principio de prudencia es al que se apela en este auto, independientemente de los análisis y test realizados por las farmacéuticas fabricantes de las vacunas antes de que fueran aprobadas para su inoculación de forma masiva entre la población mundial.

Las vacunas que actualmente se están inoculando contra la Covid-19 han marcado un hito en el mundo de la ciencia dada la rapidez con la que han conseguido desarrollarse. Este hecho se ha convertido precisamente en uno de los principales argumentos de los antivacunas a la hora de argumentar que los sueros no son seguros. Nada más lejos de la realidad.

En el caso de la Unión Europea, todas y cada una de las vacunas que actualmente se están inoculando han demostrado su seguridad y eficacia a través de ensayos clínicos que han contado con la participación de decenas de miles de voluntarios en todo el mundo. Todos los datos derivados de estos ensayos han sido evaluados y analizados de forma exhaustiva por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), organismo regulador responsable de dar luz verde a las vacunas para que reciban la autorización comercial de emergencia por parte de la Comisión Europea.

Documentación

Entre la documentación que aporta la madre a esta causa, la jueza hace suyo el argumento de que está acreditado que «los menores de edad apenas sufren consecuencias de la Covid». Se trata de un informe del Instituto Carlos III y otro privado, encargado por la madre al doctor en Ciencias Químicas Sergio Pérez Olivero bajo el título «Análisis científico independiente».

Ambos informes van en la línea del escaso impacto que tiene la Covid-19 en la mortalidad e ingresos en UCI de los menores de 19 años.

Señala la juez que no constituye un hecho controvertido entre los progenitores que la vacuna pueda producir efectos adversos a largo plazo. «Es difícil, por no decir imposible, poner en una balanza los efectos adversos a medio o largo plazo de la vacuna de la Covid, cuando los mismos son desconocidos en el momento actual».

En este sentido, sostiene la juez que no puede obviar la abundante jurisprudencia que existe acerca de condenas a farmacéuticas o administraciones públicas por los efectos adversos de vacunas o medicamentos. Y así, pone como ejemplo cuadros de encefalitis producidos tras la vacuna de la viruela en 1975 o a las víctimas de la talidomida.

Asimismo, apunta que en el caso de la vacuna contra la Covid-19 se han documentado efectos adversos graves a corto plazo como miocarditis y pericarditis y resalta que las vacunas -cuando se instruyó el caso- contaban con autorización de emergencia.

Además sostiene que, en este caso, los padres deben ser previamente informados antes de otorgar o no su consentimiento a cualquier actuación en el ámbito de la salud.

Sobre la solidaridad colectiva que supone la vacunación de los menores, la juez sostiene que es «éticamente dudoso» que se utilice el pretexto de que ésta sirve para proteger a mayores y personas vulnerables dado que hay otros mecanismos «eficaces» como el uso de la mascarilla.

En el auto se apunta también que las vacunas no inmunizan frente al virus y «ninguna evita el contagio ni impide la transmisión».

En esta línea, el auto afirma que «hace un año, no se había comenzado con la campaña de vacunación de la Covid en España, y sin embargo, ahora, tras casi un año suministrándose dicha vacuna, y con una alta tasa de vacunación que ronda el 80%, los datos de contagio no son mejores».