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Nueva normativa

La Generalitat de Cataluña quiere que los servicios sociales puedan parar desahucios

Este periódico ha tenido acceso al nuevo protocolo entregado al TSJC, que considera que ahora no es necesario

Instante en que os Mossos d’Esquadra entran en una vivienda para ejecutar la orden judicial de desahucio.

A pesar de la pandemia del coronavirus y las distintas moratorias aplicadas, Cataluña ha seguido encabezando la cifra de desahucios en España. Un liderato que incluye a familias vulnerables. Actualmente, la justicia no paraliza automáticamente los lanzamientos en los que los inquilinos han podido acreditar su pobreza a través de certificados de los servicios sociales. La decisión de seguir o no adelante, y dejar en la calle a dichas familias, la toma cada juzgado. Eso es algo que la Generalitat ha propuesto cambiar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), según el protocolo redactado al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica. El documento plantea que las conclusiones de los servicios sociales sean vinculantes para suspender temporalmente desahucios si estas confirman que se trata de hogares vulnerables. El mismo texto, que la justicia podrá firmar o no en las próximas semanas, también prevé la creación de la Unitat Especial de Intervencions de los Mossos d'Esquadra para gestionar el problema de la vivienda.

La firma de este nuevo protocolo está en el aire. El pasado mes de octubre, el TSJC se argumentó que ante la "situación actual" de "detallada" regulación "positiva" de la materia, "normativa en reforma y evolución constante", se considera "prudente" no avanzar en la redacción de un nuevo texto de protocolo y "atenerse" a la legislación vigente, de "vinculación directa" en el desempeño de los jueces. El escrito precisa la voluntad de "seguir colaborando desde los órganos judiciales con los servicios sociales y otras entidades implicadas, en escrupulosa aplicación, no solo de la legislación, sino también de los protocolos suscritos en el pasado".

Por tanto, el alto tribunal catalán decidió mantener la regulación hasta ahora vigente en materia de desahucios, "con observancia estricta" de la normativa actual y "en especial, de las medidas de carácter social y económicas" aprobadas en los decretos de protección de personas vulnerables ante la pérdida de la vivienda. En estos momentos, está en vigor el decreto que paralizan los desahucios hasta 28 de febrero del 2022 a causa del covid, aunque se desconoce si se alargará más en el tiempo. Todo depende de la evolución de la pandemia. En todo caso, será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no el TSJC quien deberá firmar en un futuro el nuevo protocolo, subrayaron fuentes judiciales.

La 'consellera' de Justicia Lourdes Ciuró y el presidente TSJC, Jesús María Barrientos, volvieron a reunirse el 8 de noviembre. En ese encuentro, máximo respresentante del alto tribunal catalán reiteró que, a su entender, con el protocolo vigente y la moratoria de desahucios la situación estaba cubierta. Sin embargo, la titular de Justícia reafirmó la necesidad de aprobar el nuevo texto para, según fuentes de este departamento, poder detectar la vulnerabilidad de las personas afectadas por un desalojo cuando empieza el proceso judicial y no al final, "dándoles seguridad jurídica".

Sin poder pagar

Cada día 21 familias catalanas tienen que dejar el lugar en el que viven porque no pueden pagarlo, según los últimos datos del CGPJ. En algunos casos, cuando hay activistas que se oponen al cumplimiento de una orden judicial, acaban siendo expulsados por la fuerza de policías, como ha ocurrido esta semana en Barcelona. La propuesta que la Generalitat a la justicia se produce después de casos tan extremos como el del vecino que se quitó la vida cuando llamó al timbre la comitiva que venía a dejarlo sin domicilio.

El borrador al que ha tenido acceso este diario plantea varios cambios en relación a los servicios sociales. El más relevante es que en cuanto llegue una demanda de desahucio, el juez que lo atienda deberá valorar si se trata de un caso de familia vulnerable, y esperar la resolución de los servicios sociales que así lo califique. De serlo, antes de seguir con el procedimiento para expulsarlos de casa, se deben de agotar dos vías: una, la mediación con los propietarios para intentar un alquiler social o retirar la demanda, y además esperar a que la Generalitat o el Ayuntamiento pertinente les admita en la Mesa de Emergència. Es decir, que tengan el derecho reconocido para acceder a un techo procurado por la administración. Sin estas dos vías agotadas, el desahucio debe quedar suspendido, propone la Generalitat.

Cambio relevante

Se trata de un cambio muy relevante. "Actualmente los certificados de vulnerabilidad son papel mojado para los jueces", admite Carles Alonso abogado de oficio especializado en demandas de desahucios. Explica que este cambio de la norma podría beneficiar a muchas familias, pero insiste en la necesidad de ampliar el plan de vivienda social. "Por mucho que tengan el documento que les permite acceder a la mesa de emergència, ahora mismo hay tanta lista de espera que deben esperar tres años para acceder al piso, les desahucian y a pesar de tener derecho se van a la calle igualmente", insiste Alonso. De aplicarse esta nueva norma, muchos profesionales también plantean la necesidad de aumentar la plantilla de los servicios sociales, hoy en día saturados, para poder hacer correctamente esta función.

En caso de aprobarse, el texto pide a los jueces que tengan en cuenta el derecho a la intimidad y al techo de las familias vulnerables, especialmente los niños, tal y como establece la ONU en la declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por su parte, la propuesta de la Generalitat a la justicia compromete a la Conselleria de Interior a crear un nuevo grupo en los Mossos d'Esquadra: la Unitat Especial de Intevención, que debería ser la responsable de lidiar con los conflictos relacionados con los desahucios, una iniciativa dirigida a reducir las ocasiones en los que deben intervenir agentes de orden público. Sin embargo, la propuesta no resuelve qué sucederá cuando un juzgado decide reclamar la presencia de antidisturbios para garantizar el cumplimiento de un desahucio, que es exactamente lo que está sucediendo actualmente.

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