La Sección de Violencia de Género de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife plantea la importancia de que la información que se ofrece a las víctimas por parte de sus abogados en sede judicial sea más accesible y comprensible. En la Memoria del Ministerio Público del 2021, que hace referencia a los hechos e incidencias del pasado año, se asegura que las afectadas por agresiones físicas o psíquicas por parte de sus parejas y exparejas, en algunas ocasiones, reciben una aportación de datos que resulta «excesiva, no comprensible o no adecuada a la situación o conocimientos de la víctima».
En opinión de la Fiscalía, corresponde al abogado de oficio que asiste a la perjudicada facilitarle la comprensión de cada uno de los documentos que le aporta para que comprenda qué es lo que firma. En opinión del fiscal delegado de Violencia de Género en la provincia, José Luis Sánchez-Jáuregui, la obligación de facilitar la comprensión de esa información ya se contempla en el Estatuto de la Víctima. También se da la circunstancia de que un solo letrado o letrada debe asistir en una mañana a tres o cuatro mujeres afectadas por violencia machista, por lo que no disponen de tiempo material para explicar cada uno de los puntos. En cualquier caso, el representante del Ministerio Público sí defiende que el contenido de la documentación que se facilita a la perjudicada no sea tan técnico o jurídico, sino que se pueda entender, con independencia del nivel cultural de la mujer, con el objetivo de que después esta «no se sienta engañada».
En estos momentos, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife todavía no existe una Oficina de Atención a las Víctimas de violencia de género, que sería un espacio ideal para ofrecer este tipo de información de una manera clara. Para Sánchez-Jáuregui, «este es un recurso esencial» en dicho ámbito, al igual que las unidades de valoración de riesgo.
Procedimientos
Durante el 2020, en Canarias se incoaron 9.555 procedimientos relacionados con la violencia de género. Hubo 3.035 diligencias urgentes, de las que 2.144 se tramitaron en la provincia de Las Palmas y 921 en la de Santa Cruz de Tenerife. El pasado ejercicio, en el Archipiélago se celebraron 2.168 juicios rápidos, de los que 1.059 tuvieron lugar en las islas orientales y 1.109 en las occidentales. Las autoridades abrieron 3.883 diligencias previas (2.528 en Las Palmas y 1.355 en Santa Cruz de Tenerife). En procedimientos abreviados en juzgados de lo Penal, hubo 455 casos, unos 253 en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, y 202 en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
También se tramitaron seis sumarios por violencia de género, tres en cada provincia. Se desarrollaron tres procedimientos ordinarios, todos en Las Palmas, dos juicios con Jurado en juzgados en Tenerife, así como tres juicios con Tribunal del Jurado, uno en Las Palmas y dos en Santa Cruz de Tenerife. Respecto a estos dos últimos asuntos, uno de los juicios fue por el asesinato en una vivienda de Ofra de una mujer natural de La Palma a manos de su sobrino, que fue condenado a prisión permanente revisable. El otro asunto fue la muerte violenta de una mujer, que fue quemada viva en el interior de su coche por parte de su expareja cuando conducía por el Camino Fuente Cañizares, a la altura de las instalaciones deportivas anexas al estadio municipal Francisco Peraza, en La Laguna. El implicado fue condenado a 25 años de prisión.
En la Comunidad Autónoma se formularon 2.455 calificaciones por violencia de género en total, de las que 1.244 se hicieron en Las Palmas y 1.211 en Santa Cruz de Tenerife. A lo largo del 2020, en Canarias se registraron 2.435 sentencias condenatorias por violencia de género, de las que 956 se impusieron en la provincia de Las Palmas y 1.479 en la de Santa Cruz de Tenerife. De todas ellas, hubo acuerdos de conformidad entre las partes en un total de 1.829 (930 en Las Palmas y 899 en Santa Cruz de Tenerife).
También hubo 251 sentencias absolutorias para los acusados de violencia de género, de forma concreta 68 casos en Las Palmas y 183 en Santa Cruz de Tenerife.
La Fiscalía de Las Palmas propone en la Memoria de este año la creación de los denominados fiscales de delitos de abusos y agresiones sexuales, que se encargarían de asumir «el despacho de todos los asuntos» relacionados con los mencionados tipos delictivos, desde las diligencias de investigación, en su caso, pasando por la instrucción penal, el trámite de calificación, la asistencia a juicio y el despacho de la ejecutoria.
En cuanto a la implantación de las unidades de valoración forense integral (UVFI), en la provincia de Las Palmas, al crearse el Instituto de Medicina Legal no se contempló expresamente dicho departamento, sino que en la relación de puestos de trabajo de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias se incluyó una plaza de psicólogo y otra de trabajador social. Dicho personal está contratado para desempeñar las funciones propias de la unidad y conformar la misma. Respeto al tercer miembro de la unidad, el médico forense, este es designado por el propio Instituto de Medicina Legal, entre los médicos forenses adscritos al centro. «Por tanto, podemos afirmar que en la provincia de Las Palmas sí contamos con una Unidad de Valoración Integral de Violencia sobre la Mujer, cuya composición en cuanto a medios personales es la descrita», se afirma en la Memoria.
Valoraciones de riesgo
A la Unidad de Valoración Forense Integral corresponde la elaboración de los informes que los juzgados de la provincia de Las Palmas con competencias en materia de violencia de género solicitan, tanto en el orden penal como en el civil. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, los diferentes operadores jurídicos siguen basando su actuación en las valoraciones de riesgo que llevan a cabo los agentes de la Unidad Familia Menor (UFAM) de la Policía Nacional y el Equipo Mujer Menor (Emume) de la Guardia Civil, en base al sistema Viogen, así como los informes que se recaban de los organismos autonómicos, como el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), o de ámbito insular, como el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), dependiente del Cabildo de Tenerife, «con los que existe una coordinación continua», se dice en la Memoria.
