Hace tres años que el inspector Roberto Sáez asumió la Jefatura de la Unidad Familia Menor (UFAM) de la Brigada Provincial de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife. Este es el grupo encargado de llevar los asuntos de violencia machista, así como la violencia doméstica y los abusos y agresiones sexuales de gran entidad. El citado mando manifiesta que «la gente cada día está más sensibilizada para denunciar los casos de violencia de género, aunque queda mucho camino por recorrer». En esta línea, explica que muchas víctimas todavía tienen «condicionantes emocionales y culturales» que les impiden dar el primer paso para acusar a sus maltratadores.
En opinión del inspector responsable de la UFAM, para las personas afectadas no resulta sencillo en muchas ocasiones «reconocer un fracaso en su vida personal», o bien les parece muy violento «ir en contra de alguien de la propia familia». Para Sáez, «lo que está claro es que, durante este año, ha habido 37 mujeres asesinadas y 29 no habían denunciado, casi el 79 por ciento». En esa línea, estima que «las denuncias salvan vidas; es lo mejor, los números no engañan». El responsable de la Unidad refiere, además, «que las víctimas no tienen por qué soportar este sufrimiento y, además, puede ser el primer paso para tener una nueva vida».
El pasado verano, el mencionado grupo tuvo un caso singular. Los agentes de la UFAM atendieron a una mujer que llevaba 51 años sufriendo malos tratos, justo desde que nació su primer hijo. La víctima, de más de 70 años, relató a los funcionarios que la atendieron que, en más de una ocasión, el presunto autor de las agresiones físicas y psíquicas «la amenazó con tirarla por un barranco si se atrevía a acudir a la Policía o al Juzgado a denunciar».
Hace meses también acudió otra perjudicada por la misma situación. Esta persona, de más de 30 años y con dos hijos, se desplazó a las dependencias de la Policía Nacional en la Avenida Tres de Mayo. Aclaró que lo hacía para pedir consejo sobre lo que podía hacer. Pero no fue capaz de presentar denuncia contra su pareja. Solo buscaba que «la dejara en paz» y, por ese motivo, únicamente requirió que se le impusiera a su presunto maltratador una orden de alejamiento. Pero, como resulta obvio, los integrantes de la UFAM actuaron de oficio y el individuo fue detenido, por lo que se inició el procedimiento judicial pertinente.
Cabe recordar que la Unidad Familia Menor está conformado por dos grupos que trabajan en paralelo, pero con funciones diversas, donde los agentes cuentan con formación especializada para abordar un asunto complejo y sensible. UFAM Investigación se centra en la recogida de la denuncia y del primer contacto con la afectada. En unas dependencias apartadas y discretas, los policías explican el procedimiento que se inicia en ese momento y los derechos que asisten a la víctima. Este equipo efectúa las comprobaciones oportunas (posibles testigos, vecinos) que puedan confirmar la situación. Y, junto con Policía Científica, se hace una inspección ocular de la casa, por si existen daños materiales propios de estas situaciones de violencia.
Desde el momento en que se termina de formular la denuncia entra en acción el Equipo de Protección de la UFAM, cuyos integrantes se ocupan de estar a disposición de cada víctima las 24 horas con un móvil de guardia y que, además, deben atender cada episodio en función del riesgo reconocido. También se produce una entrevista con la perjudicada para conocer sus circunstancias y condicionantes. Los niveles de riesgo son No Apreciado, Bajo, Medio, Alto y Extremo.
Aquellas afectadas a las que se atribuye riesgo no apreciado o bajo deben recibir llamadas de estos policías, como mínimo, una vez cada dos meses. Si el grado es medio, el contacto telefónico deberá hacerse cada mes. En el supuesto de que sea alto, las llamadas deben efectuarse, al menos, una vez cada siete días. Para los declarados extremos se fija una protección física y directa a la denunciante que se aplica durante las 24 horas. El Sistema Viogen emite una alerta a cada agente protector para que se ponga en contacto con cada perjudicada cuando corresponde, con el objetivo de evitar olvidos.
En base a los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife fueron otorgadas 1.530 órdenes judiciales de protección en el 2019 y el pasado año se contabilizaron 1.176. «Con el confinamiento hubo un descenso importante en los casos, pero ahora ya estamos igual que hace dos años e, incluso, con cantidades superiores», indica el inspector Sáez. Las principales dificultades que hallan en su trabajo estos agentes son los temores de la víctima a denunciar y que es un delito que se registra en la esfera privada casi siempre y no hay testigos.
