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«No venda la seguridad de los ciudadanos por intereses partidistas»

Decenas de agentes protestan en Tenerife contra los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana

Protesta de los cuerpos de seguridad en Tenerife. E. D.

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Protesta de los cuerpos de seguridad en Tenerife. Pedro Fumero

Decenas de agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y policías locales se concentraron ayer ante la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife para protestar contra la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. En el manifiesto pidieron al Gobierno del Estado que «no venda la seguridad de los ciudadanos por intereses partidistas».

El portavoz de los asistentes, Miguel Fruela, secretario de Organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Santa Cruz de Tenerife, explicó que su objetivo es «derogar la próxima reforma de la Ley, que nos pone en grave riesgo a todos los policías y ciudadanos». Fruela recordó que una de las propuestas pasa por «la reducción de los medios para disolver manifestaciones», con la restricción del uso de pelotas de goma, «por lo que sería muy complicado frenar a las masas violentas».

Y también mencionó que, si no se comunican concentraciones o manifestaciones, es muy difícil planificar los servicios para evitar, por ejemplo, enfrentamientos o agresiones a quienes participan en esos actos por parte de otras personas o de quienes protestan hacia otros ciudadanos, por ejemplo, en la medida en que «hay movilizaciones pacíficas» y otras que resultan «sensibles» y pueden acabar con altercados.

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Protesta de los sindicatos policiales ante la Subdelegación del Gobierno contra los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana Carsten W. Lauritsen

En el comunicado leído ante la Subdelegación, la plataforma No a la España insegura expresó «el hartazgo que siente la mayoría de los ciudadanos y los policías de este país, que apuestan por la integridad de la sociedad y el Estado de Derecho». El colectivo afirma que «las agresiones a policías se están disparando y nuestras actuaciones se están viendo comprometidas por la pérdida del principio de autoridad: un principio fundamental en la protección del orden constitucional y de la paz social». La organización matiza que «estas agresiones se verán más agravadas con la aprobación de esta Ley».

Según la plataforma, «esta desprotección afectará a las identificaciones de indocumentados que no podrán durar más de dos horas, comprometiendo nuestra profesionalidad; a la presunción de veracidad de los agentes, siendo cuestionados solo por ser policías; al material usado para el mantenimiento de la seguridad ciudadana; a la celebración de manifestaciones espontáneas o al corte de carreteras sin previo aviso, y servirá para rebajar las infracciones» por tenencia de drogas en la calle.

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