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DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | La realidad de las afectadas

Sánchez-Jáuregui: «A las víctimas que sobreviven no se las puede abandonar»

El fiscal cree que las administraciones deben dar ayudas suficientes para que mujeres que han estado a punto de morir salgan adelante

José Luis Sánchez-Jáuregui, fiscal delegado de Violencia de Género en Santa Cruz de Tenerife E. D.

El fiscal delegado de Violencia de Género en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, afirma que a las víctimas de episodios muy graves de violencia de género la administración no las puede abandonar a su suerte, después de que hayan estado a punto de perder la vida y sufran serias lesiones físicas y afecciones psíquicas o psiquiátricas. A veces, esas mujeres quedan con incapacidades que les impiden desarrollar un trabajo y disponer de independencia económica.

Cuando habla, el representante del Ministerio Público piensa en personas como Míriam Cabrera (apuñalada en Icod de los Vinos en marzo del 2020) o María Tatiana Dueñas (en mayo del 2020 su pareja le provocó un corte en el cuello y varias puñaladas en Miramar, Ofra). Sus agresores las dejaron cuando ya creían que las habían matado. Míriam solicitó una pensión por incapacidad, pero la administración se la denegó, ya que supuestamente no se acredita que su situación derive del estrés postraumático que sufrió tras estar a punto de ser asesinada. Antes del citado episodio era una empresaria solvente con proyectos. Y en la sentencia se le reconoce que el ataque de su expareja le produjo estrés postraumático, por el que ha requerido apoyo psiquiátrico.

A día de hoy, María Tatiana y sus tres hijos sobreviven cada mes a duras penas, pues los 559 euros que recibe ahora (451 de ayuda como víctima de violencia de género y 108 más por ingreso mínimo vital) no le dan ni para lo básico. Solo de alquiler, agua y luz paga 509 euros. Su expareja le causó lesiones en el brazo derecho que le impiden trabajar.

Sánchez-Jáuregui se muestra indignado con el trato que la Administración ofrece a estas y otras mujeres, que ahora viven en la incertidumbre. Y, frente a estas situaciones, recuerda que el Estado español ha abonado más de 60.000 euros a Jonas, el niño de origen alemán y residente en su país, cuyo padre asesinó a su madre, Silvia, y a su hermano, Jakob, y estuvo a punto de matarlo a él también, en Adeje en abril del 2019. Las víctimas llegaron de Alemania el día antes. Dicho fiscal también habla del caso del menor de origen croata que mató a su madre en Parque de La Reina (Arona). La familia llevaba un mes en Tenerife, tras llegar de dicho país. Y el marido de la víctima recibió unos 56.000 euros por parte del Estado. Para Sánchez-Jáuregui, si Jonas y el marido de la mujer croata tienen derecho a percibir tales cantidades de dinero, con más razón las debieran cobrar lo antes posible víctimas que han estado a punto de morir y llevan residiendo toda su vida en el país.

Según el fiscal, en violencia de género hay que desterrar ideas como que «esto es cosa de extranjeros». En el 2019, hubo 55 mujeres asesinadas. En 33 casos los autores fueron españoles y en 22, extranjeros. En el 2020, de 46 casos totales, 30 asesinos fueron españoles y 16, extranjeros. Y en lo que va del 2021, de los 37 episodios con muertes, 19 autores son españoles y 18, extranjeros. «Es decir, que la violencia machista más grave no es importada», afirma Sánchez-Jáuregui.

Este representante del Ministerio Público aclara que el sistema policial y judicial no puede actuar si no hay denuncia. En el 2019, 44 mujeres asesinadas no habían denunciado (un 80%). En el 2020, 39 no habían puesto su caso en manos de las fuerzas de seguridad ni de los juzgados (85%). Y este año, 29 no habían denunciado (79%). Apunta que «la actuación penal se puede iniciar siempre que haya denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de los juzgados».

También reconoce que el Código Penal no puede frenar a «determinados agresores a los que el proceso judicial y las penas de cárcel no les disuade, porque se suicidan». Aclara Sánchez-Jáuregui que en el 2019 el 30 por ciento de los asesinos de sus parejas o exparejas se quitaron la vida. Ese porcentaje bajó al 22% en el 2020, mientras que en lo que va del presente año ya llegan al 33%. Este fue el caso de Tomás Gimeno, a quien no le importó cometer matar sus hijas, ni el daño moral cometido sobre la madre de las menores, sus padres ni hermanas, ni el reproche social.

También desmiente que la «violencia de género sea una herencia del franquismo». Apunta que la mayoría de los casos graves o muy graves de violencia machista los sufren mujeres de entre 30 y 50 años. «Aquí está el núcleo importante del maltrato; es decir, que la mayoría de las situaciones no las sufren ni las jóvenes ni las mujeres de avanzada edad», señala el fiscal. Pero, como es evidente, también hay afectadas en el tramo de edad entre los 20 y los 30 y los 50 y los 60 años. Respecto a aquellas mujeres que tenían 18 años cuando murió el dictador (las mayores de 64), Sánchez-Jáuregui opina que, en muchos casos, «sí llevan mucho tiempo siendo víctimas y están más necesitadas de protección por parte de las autoridades, ya que muchas de ellas residen en zonas rurales y tienen dependencia económica de su maltratador».

Para el fiscal delegado de Violencia de Género y Doméstica, resulta muy importante que dentro del castigo a los agresores se incluya la reeducación. En ese sentido, Sánchez-Jáuregui aplaude «la iniciativa del Instituto Canario de Igualdad (ICI) de establecer un sistema de tratamiento para rehabilitar a maltratadores» para que no ataquen a más mujeres.

Comenta que, por ejemplo, un joven con 18 años empuja a la pareja. Y, tras ser condenado, con 20 años vuelve a golpear a otra mujer. Y así de forma sucesiva. Sánchez-Jáuregui admite que conoce un caso de un varón que, con 30 años, tenía tres órdenes de alejamiento por agredir a otras tantas víctimas y se le detuvo por un cuarto ataque. A su juicio, esto no es de recibo. Estima que los autores «son personas que no han sido educadas en la igualdad, se creen superiores y no han asimilado la sociedad en la que viven».

Thomas Handrick será juzgado desde enero

Thomas Handrick es el ciudadano alemán que en abril del 2019 asesinó a su expareja, Silvia, y a su hijo Jakob en el Hoyo del Agua, en los altos de Adeje, un lugar aislado, en el que no había cobertura de móvil ni vecinos que oyeran gritos. También quería matar a su hijo menor, Jonas, pero este escapó a la carrera. El juicio a este germano tendrá lugar en enero del 2022. La Fiscalía solicita 25 años de prisión por el asesinato de Silvia y prisión permanente revisable por la muerte del niño. Por el intento de asesinato de Jonas reclama el fiscal otros 15 años más. Está previsto que la vista se desarrolle desde el 24 de enero hasta el 2 de febrero. José Luis Sánchez-Jáuregui afirma que hoy se denuncian hechos que en el 2003 (cuando se aprobó la Ley Integral de Violencia de Género) no se denunciaban y en la actualidad son denunciados, perseguidos y juzgados. Se refiere, por ejemplo, a los casos de acoso, los quebrantamientos de medidas cautelares como alejamientos o todos aquellos episodios que se registran en las redes sociales. También advierte de que en Canarias las cifras de abusos y agresiones sexuales cometidos sobre menores de edad por parte de familiares o personas de su entorno son muy altas. Para el fiscal, esta realidad indica que «algo está enfermo en la sociedad». Aprecia que la brutalidad aplicada por parte de algunos autores de asesinatos no ha descendido. Recuerda tres casos en que los autores quemaron a sus víctimas: el joven de Santa Cruz de La Palma que actuó en una tienda; el individuo que mató a su pareja en un coche en el Camino Fuente Cañizares (La Laguna), así como el hombre que hizo lo mismo en una casa de la zona de Cuesta-Taco (La Laguna) en septiembre del 2020.



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