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Manifestación contra los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana

La AUGC recibe el apoyo del PP de Canarias al criticar la indefensión en la que quedan los agentes de varios cuerpos

Juan Antonio Galván, de AUGC, María Australia Navarro, y Vanesa del Castillo, de AUGC.

Diversos sindicatos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, policías locales y cuerpos autonómicos convocan para el próximo miércoles concentraciones en todo el país para protestar contra los cambios que se prevén aplicar en la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015. Los actos tendrán lugar en todas las provincias ante las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno, incluidas las de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente. En Canarias se desarrollarán a las 11:00 horas.

Las diferentes organizaciones sindicales están aglutinadas desde hace varios días en la plataforma No a la España insegura, «mediante una unidad de acción real de los colectivos representados, que permita garantizar y dar seguridad jurídica a la difícil labor policial que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad, mostrando nuestra oposición frontal a la reforma» legislativa. Y la intención es contrarrestar las enmiendas presentadas hasta ahora por el PSOE y Unidas Podemos.

En estos días se suceden las movilizaciones por parte de diferentes colectivos que se oponen a la medida. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), representada por la secretaria general en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Vanesa del Castillo, y el secretario de Comunicación, Juan Antonio Galván, mantuvo una entrevista con Australia Navarro, presidenta del PP en Canarias. Navarro mostró su apoyo a la Ley 4/2015 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, llamada de forma común como Ley Mordaza. Desde AUGC dicen que esta fue impulsada en la última etapa del PP en el Gobierno estatal y la asociación cree que lo hizo «con el propósito de proporcionar herramientas de trabajo a los cuerpo policiales y dotarlos de protección jurídica en sus acciones».

Para AUGC, «los guardias civiles, sobre todo los destinados en Seguridad Ciudadana, recelamos de una modificación (...) que podría poner a los pies de los caballos a los agentes del orden». La Asociación estima que se busca «restar autoridad» a los cuerpos de seguridad y «favorecer siempre a los que incumplen la ley y delinquen». «Entendemos que la palabra del agente tiene que tener la presunción de veracidad y, luego, si se demuestra lo contrario, se procederá por vía judicial y se aplicará el régimen disciplinario», explica el colectivo.

A AUGC le preocupa la difusión sin autorización previa de imágenes de policías en su trabajo, pues supone un peligro evidente a la vida de los agentes y sus familias. Denunciamos que podría producirse un conflicto normativo entre la redacción del nuevo articulado de la Ley con el artículo 21.2 de la Constitución, respecto a las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, que exige en todo caso comunicación previa a la autoridad. En el caso de estos actos de protesta, dice AUGC que los artículos que cambian no benefician a los manifestantes pacíficos, sino a los que, de modo organizado, crean disturbios aprovechando encuentros pacíficos. Los colectivos que forman la plataforma son SUP, SPP y UFP (Policía Nacional) y AUGC, AEGC, APC, Ases-gc, UO e IGC (Guardia Civil) y PLA (Policía Local Asociada).

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