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Violencia machista y vicaria | Acciones desde diversas perspectivas

Carla Vallejo: «La Justicia es eficaz, pero un servicio frío e impersonal»

La viceconsejera de Justicia plantea que la financiación estatal para mejorar los servicios de agresiones de género sea un instrumento de carácter permanente

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Jornada de Violencia Vicaria en Tenerife Andrés Gutiérrez

La viceconsejera de Justicia de Canarias, Carla Vallejo, afirmó ayer en la apertura de las Jornadas sobre violencias ocultas en el machismo que «la Justicia es eficaz, pero un servicio frío, impersonal y burocrático», a la hora de ofrecer un trato adecuado a las víctimas de violencia de género. Para Vallejo, esa percepción «áspera» de dicha administración hace que, para muchas mujeres, «se vuelva un mundo» acudir a ella. En su intervención, aclaró que, en los últimos años, se ha mejorado en la atención a las afectadas por ataques machistas o agresiones sexuales. Como ejemplo de la falta de sensibilidad que hasta hace pocos años se tenía con las mujeres denunciantes, mencionó que, por ejemplo, la víctima tenía que sentarse en un lugar donde había 10 mesas con otros tantos funcionarios a relatar cómo había sido atacada o agredida sexualmente.

Por ese motivo, la viceconsejera afirmó: «Hay que repensar el sistema impersonal y frío» de la Justicia, ya que, en vez de ser parte de la solución, «puede ser parte del problema» a la hora de que la afectada acuda a la misma a denunciar el calvario por el que pasa. En esa línea, advirtió de que en un proceso judicial, dicha persona puede llegar a verse «doblemente afectada». Vallejo también reconoció que, con los recursos económicos que han llegado al Archipiélago procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Justicia «empieza a parecerse a lo que las víctimas necesitan o merecen».

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Mónica Fumero, indicó que, gracias al citado Pacto de Estado, a Canarias han llegado 6.000.000 de euros para desarrollar proyectos de lucha contra la violencia machista. De esa cifra global, matizó Vallejo, más de 1.000.000 de euros irá destinado de forma específica a la Administración de Justicia.

De los seis millones del Pacto de Estado, más de un millón se dedican a mejorar los órganos judiciales

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En opinión de la viceconsejera, que es magistrada, los órganos judiciales están infradotados «en perfiles esenciales», como pueden ser psicólogos, trabajadores sociales o forenses del Instituto de Medicina Legal para tratar, de manera adecuada, a víctimas de violencia psicológica o agresiones sexuales.

La directora del Instituto Canario de Igualdad admitió que, hasta ahora, uno de los obstáculos que tenían las comunidades autónomas como el Archipiélago para ejecutar las ayudas económicas del citado Pacto de Estado, aprobado en el 2017, era la cantidad de trámites engorrosos que había que cumplimentar y el tiempo que se invertía en comunicar a todos los departamentos la existencia de esos fondos, la recepción de proyectos y la justificación del reparto de dinero. Fumero valoró que, con el actual Gobierno del Estado, se permite que la citada distribución de recursos económicos se pueda justificar hasta el 31 de diciembre del año siguiente al que se entregan, lo que amplía en 12 meses más el margen de maniobra para poder invertir tales ayudas.

Cuatro objetivos

Fumero explicó a los asistentes a las jornadas, tanto de forma presencial como por internet, que su área se concentra en cuatro objetivos principales, como son la prevención, la protección, recuperación y reparación para las víctimas. Una de las acciones impulsadas por su departamento fue el proyecto Juno, mediante el que se ofrece formación en violencia de género a agentes de los cuerpos de seguridad. Además, citó la actuación que se impulsa en una granja de Gran Canaria para ayudar a la recuperación de víctimas y su formación en tareas agropecuarias. Y expuso también los «espacios coeducativos» para prevenir estos delitos entre adolescentes, así como la divulgación de los protocolos de actuación en los centros educativos, para que la comunidad sepa cómo actuar en cada momento ante estos episodios. Y se trabaja para ofrecer reeducación a hombres maltratadores ya condenados, con el objetivo de que cambien su perspectiva de la relación con una mujer. Fumero también citó las acciones para detectar «las líneas rojas» que permitan contribuir a detectar y frenar realidades como la prostitución o la trata de personas con fines de explotación sexual.

El Gobierno canario también apuesta por «reeducar» a maltratadores ya condenados

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Puntos de encuentro familiar

Según Carla Vallejo, en el conjunto de las víctimas de todos los delitos a nivel nacional, el 45% son mujeres y el 55%, varones. Pero advirtió de que todos los delitos no tienen las mismas características. Aclaró que, en las infracciones penales relacionadas con la violencia y las agresiones sexuales, el 80 y el 95 por ciento son mujeres. Como ejemplo de los avances que se registran para atender los problemas derivados de la violencia machista, la viceconsejera citó la red de Puntos de Encuentro Familiar. Recordó que, hasta hace relativamente poco tiempo, en su primer destino como jueza en Fuerteventura, el punto de entrega de los menores entre padres y madres podía ser la puerta del Juzgado y el encargado del trámite era el vigilante de seguridad, o bien el puesto de la Guardia Civil y se ocupaba el agente de puertas. No obstante, aclaró que dichos puntos de encuentro no deben convertirse en meros lugares de entrega de los niños, sino en lugares especializados en intervención familiar o violencia de género, con psicólogos o trabajadores sociales, por ejemplo, que sepan detectar elementos de conflicto y proponer acciones para corregirlos. Señaló que, ahora, existen estas sedes en todas las islas del Archipiélago, con tres de ellos en Tenerife y otros tantos en Gran Canaria.

El fiscal delegado de Menores en Santa Cruz de Tenerife, Manuel Campos, al igual que Vallejo y Fumero, invitó a valorar los avances con perspectiva histórica. «Siempre queremos soluciones inmediatas», afirmó, pero estima oportuno considerar «lo mal que estábamos» hace algunas décadas. Recordó que su departamento, centrado tanto en la función de protección del menor como en la labor de reforma de aquellos adolescentes que han cometido delitos, es un «laboratorio o escaparate básico» para conocer la realidad, ya que está abierto los 365 días del año.

Campos resaltó que, tras las indicaciones de la Fiscalía, en los 31 municipios de Tenerife se dictan todos los años declaraciones de niños en situación de riesgo. Y advierte de que hay muchos municipios de algunas comunidades de la Península donde eso no ocurre, sino que el menor pasa de situación de prerriesgo a la de desamparo, de forma directa. Admitió que, en el último año, la considerable llegada de menores extranjeros no acompañados («menas») ha significado «una dificultad añadida» en su área.

Muchas agresiones de los menores son en familias de tipo monoparental a sus madres y abuelas

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Desde 2015 hasta la actualidad, la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife ha propuesto a los juzgados competentes 150 medidas cautelares y el 40% de ellas son por violencia doméstica (agresiones de menores a sus madres o abuelas) y de género. De ese 40%, el 88% de los casos son violencia doméstica y el 12%, a las parejas o exparejas. En palabras de Campos, «hemos pasado del delincuente en la calle, al delincuente en la casa». Para el citado fiscal, «el perfil es el de un chico que abusa de su madre o abuela en familias monoparentales». Y el problema grave se da si no se les denuncia. Por lo general, según Campos, en sus agresiones siguen el modelo que vieron de pequeños en sus padres, que ya no está en casa y él lo sustituye en dicho papel de maltrato.

En su opinión, las relaciones sentimentales entre adolescentes son más esporádicas y el sistema de control a las chicas ha cambiado. Sobre la violencia doméstica, asegura que la mayoría de casos surge cuando los padres o abuelos tratan de controlarle el móvil. «Es su vida, si no hay móvil, no hay vida», opina el carismático fiscal. En la capital tinerfeña, dijo que la Policía ha tenido que entrar en habitaciones donde menores se encerraron con llave, para estar con su móvil o tableta y solo contactaban con el exterior para comer. «No se bañaban, ni duchaban, muy obesos de no tener actividad y sin querer ir al instituto». Según Campos, ante las agresiones en el hogar, «la medida estrella» ha sido crear grupos de convivencia con educadores especializados. En Tenerife existen cinco colectivos de este tipo con ocho menores en cada uno. Explica que se trata de otra de las acciones que en muchos lugares de la Península no se atreven a aplicar. Pero, a su juicio, funcionan: «ahí están los resultados, no es la panacea y hay que mejorar».

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