Canarias tiene el 12% de asesinatos de violencia vicaria del país en 8 años
El diputado del Común pide reflexionar sobre si hace falta mejorar los protocolos para proteger a toda la unidad familiar

Rafael Yanes, la vicepresidenta primera del Parlamento canario, Esther González, y Beatriz Barrera. / Pedro Fumero
El diputado del Común, Rafael Yanes, inauguró ayer la Jornada sobre Violencia Vicaria, que definió como «la más cruel de las violencias» y consideró oportuno reflexionar sobre si es necesario cambiar los protocolos para que la protección sobre las víctimas, sus hijos y el resto de la unidad familiar sea más efectiva. Yanes aclaró que el acto se celebra «en un año especial», por lo ocurrido en abril con las hermanas Olivia y Anna Gimeno Zimmerman. Para el máximo responsable de la Diputación del Común, este fenómeno no es nuevo, como demuestra que más de 40 menores han sido asesinados por sus padres o las exparejas de sus madres en los últimos ocho años. Y el 12% vivían en Canarias.
Para Yanes, también resulta preocupante que en una reciente encuesta del Cabildo de Tenerife casi la mitad de los adolescentes niega la existencia de la violencia de género, «pese a las 1.118 mujeres asesinadas desde el 2003». El representante de la entidad organizadora estima oportuno realizar «una reflexión conjunta sobre cómo lo está haciendo la administración pública, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los dispositivos de emergencias, los recursos alojativos, los puntos de encuentro familiar; y analizar en profundidad los protocolos por si, quizá, es necesario en alguno de ellos ampliar la visión para que la protección» se haga a «toda la unidad familiar».
Y la Diputación del Común va a iniciar una línea específica de atención en materia de violencia vicaria, anunció Yanes. La adjunta especial de Igualdad y contra la Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, aclaró que con la violencia vicaria se instrumentaliza a los hijos para «seguir haciendo daño a la madre, a veces con resultado de muerte, donde más le duele, que son sus hijos e hijas». Según Barrera, de los 44 menores que han muerto a manos de sus padres desde el 2013 hasta ahora, el 12% han sido asesinados en Canarias. «Es una cifra suficientemente elevada» ante la que, «además del terrible suceso de Anna y Olivia, hoy tenemos que decir en Tenerife y Canarias ¡Basta Ya!».
Recordó que la ley de Protección de Adolescentes y la Infancia protege a los menores, hijos de víctimas de violencia de género que han iniciado un proceso judicial y han obtenido una orden de alejamiento de su maltratador e, incluso, una condena; ya que «se puede suspender el régimen de visitas». Pero una pregunta clave realizada por Barrera fue: «¿Qué ocurre con el 80 por ciento de las mujeres, como Beatriz Zimmermann, que salen de su entorno, de su infierno, simplemente separándose e iniciando una nueva vida; y sus hijos siguen estando en peligro?». Animó a las afectadas a trasladar todos aquellos signos que vean, las amenazas que reciben durante conversaciones telefónicas, por ejemplo a los juzgados de Familia que llevan el régimen de visitas para que procedan a la suspensión o modificación del mismo. También defendió que las víctimas sepan utilizar todas las herramientas que el sistema pone a su alcance para que no se sientan solas. Sobre Zimmermann, Barrera comentó: «le tengo un respeto y una admiración infinita; respeto por su capacidad de resiliencia (recuperación ante la adversidad), bondad, por ausencia total de rencor y, sobre todo, por hacer de su eterno e infinito dolor, una causa para ayudar a los demás».

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