«La financiación de la Comunidad Autónoma está siendo totalmente insuficiente para que las universidades públicas canarias puedan funcionar adecuadamente». Así lo declaró el gerente de la Universidad de La Laguna (ULL), Juan Manuel Plasencia, esta semana durante la presentación ante el Claustro el proyecto presupuestario para 2022. El gerente explicó que la partida de la Consejería de Educación no cubre ni el 0,9% acumulado de los salarios, que tiene que aportarlo la universidad desde otros capítulos. A pesar de que la Consejería de Educación ha aumentado su presupuesto en 159 millones, «se trata de un incremento que en las dos universidades públicas canarias revierte conjuntamente en tan solo cuatro millones», por lo que lamentó que el peso porcentual de las universidades en el presupuesto de la Consejería va disminuyendo paulatinamente. «Estamos tratando de hacérselo ver a la Dirección General de Universidades, para que los centros de educación superior tengamos un crecimiento proporcional al del propio departamento regional». «2023 será un año duro y complicado si el Gobierno canario no entiende que debe aumentar la partida dedicada a las universidades», dijo Plasencia.
La institución reclama un mínimo de dos millones de euros para equilibrar las cuentas porque los gastos de funcionamiento de la ULL han aumentado, así como el del personal, que supone un montante de casi un 1,1 millones de euros, de los que el Gobierno de Canarias solo aporta un 0,77%. A todo ello se suma, explica el gerente de la Universidad, «el incremento del coste de la energía eléctrica, que se traduce en 300.000 euros de más en la factura». Además, habrá que hacer frente al sobrecoste de la limpieza debido a la pandemia, un aspecto en el que no han logrado hacerse con financiación adicional para este año.
El gerente de la Universidad reconoce que sí ha habido incremento presupuestario por parte de la Consejería de Educación para la mejora de las infraestructuras pero aún así ha sido más importante la caída de casi dos puntos porcentuales en la financiación global de la Consejería de Educación, que ha visto cómo ha aumentado su presupuesto hasta los casi 160 millones de euros. «Es evidente que existen muchas necesidades en otros niveles educativos pero las universidades públicas estamos infradotadas», sentenció el gerente.
En este sentido, aprovechó para solicitar un aumento del presupuesto a las universidades públicas por parte del Gobierno autonómico, hasta situarlo en el 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 0,5% actual. Ese aumento supondría 47 millones de euros para las dos universidades públicas del Archipiélago. En el caso de la ULL, explica el gerente, «esos cinco millones de euros de más nos permitirían avanzar en cuatro ámbitos claves para nosotros: la mejora de la docencia, de la investigación, las infraestructuras y la gestión». No obstante, reconoce que ese sería un reto para afrontar a largo plazo. Por ello, solicita también la creación de un plan plurianual de financiación que permita a las instituciones públicas conocer la financiación autonómica con la que contarán cada año para afrontar la redacción de sus propios presupuestos.
Mejor planificación
El documento de ingresos y gastos para 2022 de la ULL está valorado en 167.700.000 euros, lo que supone un 3,8% más que en el ejercicio anterior. Se trata de un documento cada vez mejor planificado, indicó el gerente, y que se basa en el plan de gobierno de la institución docente. Este año, el presupuesto viene explicado por un dato relevante: la suspensión de las reglas fiscales por parte del Gobierno estatal, lo que permite que la universidad no tenga que dedicar los remanentes de tesorería a la reducción de deuda, como era la norma, con lo cual pasan al capítulo de ingresos a través de un documento expansivo.
Precisamente la suspensión de estas reglas fiscales permitirá llevar a cabo proyectos finalistas, aunque no más allá del año 2022, precisó el gerente de la ULL. «Vamos a utilizar esos remanentes de tesorería en problemas que tiene esta universidad y para los cuales no recibimos dinero del Gobierno regional: es decir, solucionaremos algunos de nuestros problemas con nuestros ahorros». Sí adelantó que el próximo curso no va a darse la subida de más del 3%, por lo tanto, el presupuesto será notablemente menor.
Participativos
Se trata, además, de los primeros presupuestos participativos para que parte de su ejecución sea decidida por toda la comunidad universitaria, a través de la votación de más de un centenar de proyectos presentados. La vuelta a la presencialidad ha condicionado el contexto en el que se elabora el presupuesto, añadió Juan Manuel Plasencia, lo que conlleva un coste adicional en algunas partidas. Así, se destinarán 524.000 euros al refuerzo del contrato de limpieza, 175.000 al programa de cribado, 117.000 al soporte tecnológico, 88.000 al refuerzo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y 90.000 euros al mantenimiento de infraestructuras del campus virtual. Asimismo, la presencialidad ha traído consigo el cobro del canon a las empresas de cafetería y máquinas expendedoras, un canon que fue cancelado el pasado curso por la llegada de la pandemia con el cierre de muchos servicios. La explotación del patrimonio mediante alquileres de espacios será otra fuente de ingresos que acarrea el sistema presencial.
La digitalización del Rectorado, la adquisición de mobiliario docente, la renovación de flota de vehículos, la reforma de laboratorios de investigación, el equipamiento de infraestructuras científicas, el proyecto piloto de evaluación del desempeño del PAS, las publicaciones en abierto y los incentivos para investigación de los institutos serán algunos de los destinos del incremento presupuestario procedente de los remanentes líquidos. Con esta partida también se renovará equipamiento informático, se mejorará la acústica del Paraninfo y será posible la segunda edición de Campus América, entro otros aspectos.
