El decano de los procuradores duda de que se llegue al «papel cero» en ocho años

El decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner, y su homólogo del Colegio de Procuradores de la provincia, Miguel Rodríguez López, coinciden en valorar de forma positiva los objetivos y el planteamiento del Plan Justicia 2030, que la pasada semana fue presentado en la capital tinerfeña por la ministra de Justicia, Pilar Llop. Rodríguez López considera que el «proyecto está muy bien, pero no veo que se pueda hacer factible en apenas ocho años». Además, este representante de los procuradores muestra sus dudas respecto a que se llegue en breve al objetivo de «papel cero» (que todos los trámites se gestionen en soporte digital, en ordenadores).

El decano de los procuradores en la provincia afirma que no ve sencillo eliminar de forma absoluta el uso del papel, «y eso que en Canarias estamos más avanzados que en el resto de otras comunidades de la Península». Rodríguez opina que a la gente joven le resultará más fácil adaptarse a trabajar solo con expedientes en la pantalla. Pero advierte de que, por ahora, existen muchos jueces, magistrados o letrados de la Administración de Justicia, que tienen más de 50 años, «que lo quieren todo en papel», en la medida en que se sienten más cómodos para trabajar en ese soporte y «cambiar resulta complicado». «Y ya lo hemos comprobado; cada vez existe menos papel, pero no creo que veamos pronto el objetivo de papel cero», comenta.

José Manuel Niederleytner manifiesta que se trata de «un plan ambicioso para la digitalización de la Administración de Justicia». A su juicio, «es muy importante todo lo que tenga que ver con el expediente digital y llegar al papel cero en las oficinas judiciales». Pero señala que «toda la eficacia de este Plan dependerá de la financiación presupuestaria» con la que cuente. Llop aseguró en Presidencia del Gobierno de Canarias que esta actuación dispondrá de 410 millones de euros para toda España, que se repartirán entre las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias y aquellas donde la estructura judicial la soporta el Ministerio.

Niederleytner admite que no sabe si dicha asignación de recursos económicos será suficiente y matiza que los 60 millones de euros adicionales para reformar y adecuar juzgados se aplicarán solo en aquellas regiones en las que el Gobierno del Estado conserva las competencias, así como en los órganos centrales, como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Afirma el decano de los letrados que «una iniciativa que valoramos positivamente» consiste en la transformación de los juzgados de paz en oficinas judiciales municipales, «para acercar la Justicia al ciudadano» y, así, facilitar todo tipo de trámites relacionados con la misma. Para Niederleytner, «la tendencia y el planteamiento es correcto para que sea una Justicia moderna y eficaz».

Respecto a las acciones que, de forma paralela al Ministerio ha emprendido la Consejería de Justicia para modernizar los órganos judiciales en el Archipiélago, el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife señala que «sabemos que se trabaja en la misma línea, pero no conocemos los detalles». Aclara Niederleytner que «se nos ha informado de cómo va la tramitación y se nos ha convocado a reuniones para que aportemos sugerencias y posibles mejoras».

 Para el Colegio de Procuradores también resulta muy positivo que los juzgados de paz no se usen solo como registro civil, sino que tengan más funciones y se le acerque la administración judicial al ciudadano en su municipio. No obstante, considera que ese cambio requerirá que dichos órganos dispongan de más personal, como letrados de la Administración de Justicia, auxilios o notificadores. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife trabajan 208 procuraores, de los que doce se hallan en La Palma y tres en La Gomera.

Suscríbete para seguir leyendo