En diciembre de 2020, Roberto M., madrileño de 23 años, se licenció con un brillante expediente en Exercise Sciences (Ciencias del Deporte), especialidad en Educación, en la William Woods University (Missouri, EEUU), donde cursó la carrera con una beca completa. Al regresar a España quiso homologar su título para ejercer la docencia y acceder al mundo laboral. Lo que en ese momento no sabía Roberto era la desesperante burocracia que implica la convalidación. El embrollo es de tal magnitud que incluso hay gestorías especializadas cuyos profesionales reconocen la inmensa dificultad del proceso, un verdadero calvario que puede durar hasta dos o tres años. El resultado, talento retenido: titulados y tituladas que no pueden ejercer en España.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, compareció ante la prensa el pasado mes de marzo para anunciar que su departamento atajaría el problema de la mano de un nuevo real decreto, que agilizaría y digitalizaría el proceso. Según las estimaciones de su departamento, más de 15.000 títulos universitarios están ahora mismo atascados en la burocracia. La nueva normativa permitirá tener convalidada la carrera en tan solo seis meses. Siete meses después de ser anunciado, el real decreto ha sido publicado hoy por el ministerio. No significa que entre en vigor. Es un primer paso. El texto se abre ahora al proceso de audiencia pública. Una vez que las instituciones realicen sus aportaciones, el real decreto sí que se ratificará y será una realidad. A partir de entonces, una nueva comisión de análisis técnico de homologaciones y declaración de equivalencias acelerará todo el proceso, que será digital.

Profesiones reguladas

Si Roberto M. hubiera estudiado Económicas o Periodismo en EEUU, no tendría ningún problema en ejercer en España. La convalidación de títulos solo es necesaria en el caso de las llamadas profesiones reguladas. Entre ellas, la docencia y las sanitarias. Si Roberto hubiera cursado su carrera en un país europeo, tampoco tendría un problema porque la homologación sería mucho más fácil. El rompecabezas viene de las carreras que se estudian en los países de fuera de la UE. Y afecta tanto a los españoles que se licencian allí como a los extranjeros que quieren ejercer en España. La actual normativa, que data de 2014, asegura que el plazo para conseguir la equivalencia es de nueve meses. Pero la realidad demuestra que la espera puede durar hasta tres años.

Fuentes de HT Abogados, gestoría especializada con sede en Madrid, afirman que los territorios en los que hay más titulados que sufren el atasco burocrático español son Venezuela, Cuba, México y Argentina. “Hay médicos de esos países que están con los brazos cruzados, sin poder ejercer en España. Es un talento retenido”, explican esas mismas fuentes, que denuncian la “nefasta” gestión pública de la tramitación. En su opinión, algo que no ha contribuido precisamente a agilizar el proceso es el hecho de que la subdirección general de títulos haya cambiado de ministerio en varias ocasiones, de Educación a Ciencia y Universidades y ahora, solo en Universidades. “Estamos en octubre de 2021 y ahora la Administración está empezando a ver en primera lectura los expedientes abiertos en enero de 2020. El problema es que nadie sabe lo que hay que hacer. Nadie en la Administración te dice los pasos a seguir”, comentan las fuentes de la gestoría.

“Me he formado en una universidad excelente. Lo he hecho becado y con un expediente alto. He publicado artículos científicos. Y ahora vengo a mi país y no se me permite trabajar"

Roberto M., titulado universitario en EEUU

Falta información

No hay una ventanilla a la que acudir, un teléfono al que llamar, una persona a la que recurrir, un despacho al que entrar, una web en la que leer información… Ahora mismo, saber cómo debes homologar el titulo es un desalentador desierto, algo que hace que muchos universitarios se rasquen el bolsillo y acudan a gestorías especializadas.

Después de muchos quebraderos de cabeza e intentos frustrados de conseguir información, Roberto lo pensó. Habló con su familia para ver si le podían echar una mano con los más o menos 75 euros que cuesta una primera consulta y el montante final, que ronda los 600. Cuando estaba a punto de contratar el servicio de una gestoría, Castells anunció la aprobación del real decreto. Así que Roberto decidió esperar.

Además de cerrarle las puertas al mundo laboral, no tener el título homologado hizo que varias universidades de Madrid cerraran también sus puertas a Roberto para estudiar el máster necesario para ejercer la docencia. Las facultades le exigían tener esa convalidación antes de poder matricularse. Finalmente, Roberto acudió a la Autónoma de Madrid, que sí le admitió. “Estoy contento porque, al final, he conseguido entrar en el máster y no estar de brazos cruzados. Pero me pregunto qué pasará después. ¿Podré aspirar a entrar en un colegio o continuaré esperando la homologación? Es chocante que el Gobierno hable tanto de talento y de trabajo en común con facultades de todo el mundo y gente como yo se vea abocado al paro por un problema burocrático”, comenta Roberto, cuya devoción por la educación es palmaria. “Me he formado en una universidad excelente. Lo he hecho becado y con un expediente alto. He publicado artículos científicos. Y ahora vengo a mi país y no se me permite trabajar. Estoy muy preparado pero en 'stand by'. No es justo”, se queja el madrileño.

Roberto, que sigue viviendo en casa de sus padres, compagina sus estudios con un trabajillo a tiempo parcial como monitor de extraescolares. “Me fui a EEUU, precisamente, porque quería recibir la mejor formación. Estuve tiempo alejado de mi familia y mis amigos. Y pensé que todo ese esfuerzo merecía la pena. Ahora pienso que tendría más oportunidades laborales en otros países”, concluye con pena y rabia.